El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó un proyecto de ley para combatir la inseguridad generada por los delitos contra la propiedad.
Estos delitos, también llamados «comunes», suelen ser llevados a cabo por delincuentes individuales o pequeñas bandas y tienen un alto impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.
“Queremos atacar a los delincuentes por donde más les duele, el bolsillo”, afirmó Abad.
El proyecto propone suspender, por un año, el pago de aranceles e impuestos para la importación de ciertos productos, incluyendo:
Neumáticos
Bicicletas
Teléfonos celulares y teléfonos inteligentes
Según explicó el senador, la iniciativa se basa en teorías de criminología económica, que estudian cómo funcionan los mercados del delito. “Estos mercados ilegales permiten la compra y venta de bienes robados, que provienen de robos, hurtos o saqueos”, señaló.
El objetivo de la ley es afectar esta estructura económica, donde operan delincuentes, financistas, transportadores y compradores de bienes robados. “Queremos intervenir en este sistema para reducir las ganancias que obtienen de forma ilegal”, agregó Abad y resaltó: “Si este proyecto logra de manera exitosa reducir los robos tendrá el beneficio de que los policías y recursos que hoy están destinados a perseguir este tipo de delitos puedan estar abocados a solucionar temas más prioritarios de la seguridad de los argentinos”.
Además, el proyecto otorga un amplio margen a la autoridad de aplicación para modificar la lista de bienes sujetos a la eliminación de impuestos, basándose en información actualizada del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el mercado del delito.
Abad destacó la importancia de adaptarse a los nuevos métodos de comercialización de bienes robados: “Sabemos bien que el avance de la comunicación y la conectividad les abre un mundo de posibilidades a las organizaciones criminales. Hoy, la oferta de productos robados no sólo está en la calle, sino en la web, en redes sociales y en sitios legales e ilegales. Las fuerzas de seguridad ya no pueden actuar físicamente sobre estos mercados como en el pasado”.
Finalmente, el senador explicó la lógica detrás del proyecto: “Para atacar el mercado del delito, es imprescindible actuar sobre su factor económico. Por eso proponemos la eliminación de costos fiscales e impositivos, para que los productos legales tengan un precio más bajo y pierdan interés delictivo”.
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