El deporte argentino, históricamente una herramienta de inclusión y desarrollo, atraviesa una etapa crítica marcada por recortes presupuestarios, desmantelamiento de programas y abandono de instalaciones. El gobierno nacional llevó adelante una política de ajuste que impacta de lleno en el CeNARD y en todo el entramado del deporte federado y social.
Desde que se inició esta gestión, se desarticularon programas esenciales destinados a sectores vulnerables, como personas mayores y con discapacidad. Las becas deportivas se redujeron, los pagos sufren demoras y el área de capacitación perdió gran parte de su personal, quedando apenas dos empleados. A esto se suma un ajuste presupuestario alarmante: de 65.800 millones de pesos asignados en 2024, el monto bajó a 42.178 millones para 2025, una caída del 36%.
El CeNARD es testigo directo del colapso. El predio luce deteriorado: piscinas cerradas por filtraciones, pistas descuidadas, gimnasios sin mantenimiento y un patinódromo convertido en terreno baldío. La tradicional palestra de escalada podría desaparecer debido a una obra vial impulsada por la administración porteña. A su vez, los trabajadores padecen un entorno laboral hostil, sometidos a evaluaciones trimestrales que determinan su continuidad en puestos precarios y mal remunerados. Según representantes gremiales, hay un creciente malestar por las condiciones laborales, que incluso alcanzan al servicio de comedor.
Gustavo Catalano, periodista y entrenador con tres décadas de trayectoria, fue uno de los despedidos en este proceso de vaciamiento. Su caso es emblemático: cobraba menos de lo necesario para superar la línea de pobreza, y denunció la eliminación del programa Escuelas Deportivas Nacionales, reemplazado brevemente por otro esquema que luego también fue dado de baja.
En este contexto, la dirigencia oficialista del deporte mantiene su presencia institucional. Mario Moccia asumió la presidencia del ENARD a fines de abril, con el desafío de administrar recursos menguantes hasta 2029. A pesar de reconocer que el presupuesto es insuficiente, celebró el trabajo conjunto entre el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes. Esta última está encabezada por Daniel Scioli, funcionario con una extensa trayectoria política que, según críticas de varios sectores, se ha adaptado sin resistencia a la lógica de recorte y privatización.
Scioli, secundado por Diógenes de Urquiza, actúa como ejecutor de una política que afecta a toda la estructura estatal del deporte. En el pasado, mientras practicaba motonáutica con financiamiento público, recibía apoyo de empresas estatales. Hoy, los atletas de alto rendimiento no cuentan con ese respaldo y enfrentan condiciones mucho más adversas.
La desfinanciación alcanza incluso a los Juegos Evita, con un recorte del 65% que compromete seriamente su realización. Estos juegos representan un símbolo de integración y acceso al deporte para miles de jóvenes en todo el país.
Los datos duros son contundentes: según el observatorio Táctica, la Secretaría de Deportes ejecutó solo el 68% del presupuesto prorrogado desde la gestión anterior, y el recorte en términos reales para este año supera el 50%. En un clima de creciente hostilidad hacia lo público, el deporte también cae bajo la lógica de ajuste, con consecuencias que ya se sienten en la infraestructura, en los equipos técnicos y en los sueños de cientos de atletas.
