Después de una larga negociación, el Govern de la Generalitat y el grupo de los Comuns han anunciado hoy el acuerdo que permitirá disponer de un centenar de inspectores de la administración catalana que se encargarán de garantizar el cumplimento de la ley de la vivienda.
A primerísima hora de la mañana, la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se reunió con n el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, y la portavoz adjunta del mismo grupo, Susanna Segovia, para certificar el acuerdo.
Ya el pasado 5 de mayo, Govern y Comuns pactaron la entrada en servicio en mayo de 60 inspectores, de los 100 previstos este año, para hacer cumplir la ley de vivienda. Este acuerdo facilitó el voto favorable de los comunes a los dos primeros suplementos de crédito de la Generalitat para este año.
Los 100 inspectores tendrán la condición de funcionarios. Su labor permitirá aplicar en toda Catalunya el régimen sancionador de la ley de vivienda y, en concreto, multar a quienes se salten la regulación del precio máximo de los alquileres.
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La implantación de esta medida está presupuestada en 5,9 millones de euros. Los primeros efectivos podrían incorporarse en los próximos meses. “El cuerpo de inspectores es imprescindible para que se acabe el fraude de ley”, ha remarcado Cid. Está previsto que a finales de este año los 100 inspectores estén ejerciendo sus funciones.
Los inspectores actuarán en toda Catalunya, aunque la mitad de ellos se desplegarán por la provincia de Barcelona. A Girona se destinarán 13, al Camp de Tarragona 12, y en las comarcas de Alt Pirineu i Aran actuarán cinco inspectores, los mismos que en Lleida, Catalunya Central, Penedès y Terres de l’Ebre.
El anuncio de hoy es un primer paso de cara a la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026, según ha reconocido David Cid, quien ha matizado que “queda mucho trabajo por hacer”.
Cid ha citado tres compromisos adquiridos por el Govern que los Comuns señalan como imprescindibles para avanzar hacia la aprobación de las cuentas de la Generalitat para el próximo año: una campaña sobre los derechos de los inquilinos, la creación de un registro de grandes tenedores y de una unidad de antidesahucios.
