Una excoordinadora del PAMI en la provincia de Buenos Aires, Viviana Aguirre, presentó serias denuncias contra figuras clave del espacio político La Libertad Avanza. La mujer, que ocupaba un rol de responsabilidad en la Unidad de Gestión Local VII del organismo, aseguró que fue forzada a dejar su puesto bajo la promesa de acceder al cargo de directora, pero con una condición: debía entregar un millón de pesos como “retorno”.
Aguirre, quien también figuró como candidata suplente a diputada provincial, apuntó directamente contra Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Según sus declaraciones, Pareja estaría involucrado en prácticas irregulares dentro del partido, incluyendo la supuesta venta de candidaturas a cambio de 100 dólares.
En una entrevista radial, Aguirre afirmó que confió en el proyecto liderado por Javier Milei y que invirtió más de 15 millones de pesos propios, junto al médico Raúl Simoneto, para sostener actividades logísticas durante la campaña. “Gastamos en viáticos, cafés, reuniones y traslados. Fue mi primera experiencia en política y creí que venía un verdadero cambio”, expresó.
Además, relató que tuvo inconvenientes con Carolina Píparo en su rol de fiscalización electoral, ya que esta última —según Aguirre— no le permitía desempeñar tareas. «Tuve que hablar directamente con Javier, quien me habilitó a seguir por otra vía y continuar trabajando», dijo.
Respecto a su inclusión en la lista de candidatos, aclaró que fue gracias a Carlos Kikuchi, a quien reconoció por valorar su desempeño. «Yo no pagué por el cargo, la plata fue para la logística de la campaña», detalló.
La situación tomó un giro más grave cuando señaló a Juan Esteban Osaba, mano derecha de Pareja, como el encargado de exigirle la renuncia laboral y posteriormente el dinero a cambio de la supuesta designación en el PAMI. “También me pidieron firmar documentos ilegales”, denunció.
Aguirre concluyó con una dura crítica al rumbo del partido: “Kikuchi se apartó cuando notó que todo se estaba desviando. Esto no es lo que prometió el Presidente. Había que terminar con la casta, pero siguen incorporando a personas con antecedentes por narcotráfico, violencia de género y otros delitos graves”.
