En una jugada que sacude los cimientos del derecho laboral argentino, el Gobierno nacional oficializó un cambio brutal en la forma de calcular las incapacidades laborales permanentes, dejando a miles de trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Con la firma del Decreto 549/2025, se eliminan criterios fundamentales que durante décadas ampararon a quienes sufren secuelas por accidentes o enfermedades laborales.
La nueva reglamentación comenzará a regir en febrero de 2026 y será de cumplimiento obligatorio en todo el país. Con este giro, el Estado impone una Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que reemplaza a la anterior —vigente desde 1996—, borrando de un plumazo derechos conquistados tras años de lucha sindical y judicial.
Uno de los puntos más polémicos es la eliminación del dolor como elemento evaluativo. A partir de ahora, se considera un síntoma “subjetivo”, y por lo tanto no será tenido en cuenta a la hora de calcular cuánto deberá pagar una ART. La consecuencia es tan clara como alarmante: el monto de las indemnizaciones podría disminuir de forma drástica.
Además, se impone el método de «capacidad restante», una fórmula matemática que impide sumar las secuelas de manera directa. También se establece un tope del 65,99% para incapacidades parciales, lo que implica que, incluso si la suma real de daños es mayor, el trabajador no podrá ser compensado en su totalidad.
Para colmo, si una enfermedad profesional no está incluida en el nuevo listado, se aplicará un baremo anterior, el del Decreto 478/98, mucho más general y menos preciso. Esta decisión deja en el limbo a cientos de casos que no encajen dentro de los parámetros definidos por el nuevo sistema.
El Gobierno justifica esta maniobra como una forma de “unificar criterios” y “garantizar mayor objetividad”, siguiendo lineamientos de la Corte Suprema. Pero especialistas y defensores de los derechos laborales no tardaron en encender las alarmas: alertan que esta modificación representa un retroceso gravísimo y que muchos trabajadores verán reducidos sus porcentajes de incapacidad reconocida, quedando desamparados frente a lesiones que podrían arruinarles la vida.
Con esta reforma, se borra el derecho a una indemnización justa, uno de los pocos escudos que quedaban para los trabajadores en tiempos de crisis. Lo que antes era un respaldo, ahora se transforma en incertidumbre.
