Osmín Tobar tenía 12 años cuando supo la verdad sobre su adopción. Vivía en Estados Unidos con la familia que lo había adoptado, lejos de su natal Guatemala y del idioma que lo acunó en sus primeros siete años de vida. “Encontrarme con esa parte de mi historia cuando apenas estaba comenzando a comprender al mundo fue una experiencia profundamente impactante. Era tan joven, con sueños y preocupaciones propias de la infancia y de repente me vi enfrentado a una verdad que cambió completamente mi percepción de quién era y de dónde venía”, cuenta Tobar, de 35 años, desde Guatemala, a donde volvió luego de reencontrarse con su familia biológica.
El proceso de adopción ilegal de Osmín y su hermano comenzó en 1997. Osmín, entonces de siete años, y su hermano J.R., de dos años, fueron separados de su madre, institucionalizados y entregados en adopción internacional a dos familias estadounidenses. A los 12 años descubrió que en Guatemala su madre y su padre nunca dejaron de buscarlo igual que a su hermano.
También descubrió que su caso era parte de una trama de adopciones ilegales que comenzó con el conflicto armado interno y que se había convertido en un negocio altamente lucrativo para las agencias de adopciones bajo un Estado que no garantizaba los derechos humanos de lxs niñxs adoptadxs.
“Saber que el Estado había estado involucrado en las adopciones ilegales que me separaron de mi familia llenó mi corazón de preguntas y emociones abrumadoras. Había un vacío, una ausencia que siempre sentí pero no podía explicar. Y cuando finalmente las piezas comenzaron a encajar, sentí una mezcla de dolor, enojo y confusión”, expresa Osmín.
“También fue el inicio de un viaje de sanación y reconexión. Entendí que tenía una misión: buscar respuestas, reconectar con mis raíces y compartir mi historia para que otros niños y familias no tuvieran que pasar por lo mismo”, agrega. Su hermano, J.R., decidió no participar de la investigación sobre su adopción y no tiene relación con su familia biológica.
Los padres de Osmín Tobar nunca fueron notificados del proceso legal al que fueron sujetos sus dos hijos menores de edad y tuvieron que presentar demandas internacionales para recuperarlos.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que las adopciones “se dieron en un contexto en el cual la debilidad institucional y la flexibilidad normativa facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas al negocio de las adopciones irregulares”.
En julio de 2024, el Estado de Guatemala finalmente reconoció su responsabilidad y pidió disculpas públicas a Osmín y a su familia, y también a los más de 35.000 niñxs adoptados de forma ilegal por la «negligencia y posible complicidad» de las autoridades.
“Fue un momento profundamente emocional. Sentí que era un reconocimiento necesario a una verdad que había estado silenciada durante tanto tiempo. Fue un acto que validó nuestro dolor, nuestra lucha y los años de esfuerzo por buscar justicia. Sin embargo, también fue un momento agridulce. Aunque la disculpa fue importante, no borra el sufrimiento ni las heridas que quedaron en mi familia y en mí. Fue un recordatorio de todo lo que habíamos perdido pero también una oportunidad para sanar y avanzar”, recuerda.
Un colectivo que nace para buscar memoria, verdad y justicia
La historia de Tobar tuvo lugar recién terminado el conflicto armado bajo el que estuvo sumido Guatemala entre 1960 y 1996. El Colectivo Estamos Aquí, donde milita Osmín, denuncia que durante esos más de 30 años de guerra civil “las comunidades indígenas y principalmente mayas de Guatemala sufrieron graves abusos y violaciones a los derechos humanos”.
Cualquiera que se opusiera al régimen militar era considerado enemigo del Estado y bajo esa mirada justificaron la muerte y desaparición de más de 200 mil personas. El Colectivo Estamos Aquí denuncia que durante los ataques de las fuerzas estatales y los desplazamientos forzados cerca de 5.000 niñxs fueron secuestrados o perdidos. “Estos niños fueron dados en adopción a nivel internacional sobre una base supuestamente humanitaria”, denuncia la organización. “Las autoridades en el poder vieron en la adopción un negocio lucrativo, pero también una estrategia para acabar con futuros guerrilleros”, concluye.
En 1977, en pleno conflicto armado, el país centroamericano aprobó una ley que permitía la gestión de adopciones sin autorización judicial a través de notarios y abogados.
La sentencia de 2018 de la Corte IDH estimó que entre 1977 y 2008 más de 30 mil niños y niñas guatemaltecas fueron dados en adopción fuera del país. En un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas encontró que en Guatemala las adopciones internacionales se habían convertido en un lucrativo negocio. Recién en 2007 con la nueva ley de adopciones quedó establecida la adopción internacional como último recurso.
El Colectivo Estamos Aquí nació en 2021, en Canadá, fundado por personas que como Tobar fueron víctimas de las adopciones ilegales. Acompañan tanto a las familias que buscan a sus hijos como a los jóvenes que inician su camino de restitución de identidad. Muchos fueron entregados a familias en Canadá, Estados Unidos, Francia y Bélgica.
Desde su fundación lograron la reunificación de más de diez familias. El 2025 lo arrancaron con la Bicicaravana Memoria Sin Fronteras que recorrió unos 2.000 kilómetros de México a Guatemala para visibilizar la búsqueda de las familias que luchan por reunificarse y mantener viva la memoria histórica.
“Decidí que era importante juntarme con otras personas que habían pasado por lo mismo que yo cuando comprendí que mi historia no era un caso aislado sino parte de un problema más grande. Fue al escuchar sobre otros jóvenes que también habían vivido separaciones injustas de sus familias y saber que compartíamos un dolor y una lucha similar que me di cuenta que la conexión con ellos podía ser una fuente de fortaleza, aprendizaje y esperanza”, reflexiona Tobar sobre su la importancia de construir espacios para hablar sin miedo y buscar memoria y justicia.
