Observamos esta vez un comportamiento distinto, subrayó el coordinador del Observatorio de la Violencia, en la Asociación Diálogos, Walter López, quien mencionó mil 597 asesinatos hasta el mes pasado, 288 más que en el mismo periodo previo.
Un modelo de esa entidad, precisó que la cifra real es mayor al límite previsto en al menos ocho departamentos (esta capital, Petén, Chiquimula, Jalapa, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San Marcos y Alta Verapaz), amplió el diario Prensa Libre.
Existe preocupación de que los homicidios están revirtiendo su tendencia a la baja y podrían representar un problema, declaró el investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Walter Menchú.
A su juicio, las restricciones de movilidad por la Covid-19 impactaron de forma histórica la reducción de muertes violentas en los últimos 20 años en Guatemala, con una tasa de 15,3 por cada 100 mil habitantes, pero ahora se ve un rebote.
Hay problemas que no se solucionaron al levantar las restricciones de movilidad impuestas en la pandemia y el crimen organizado ganó espacios, razón que provoca más muertes violentas en el país, explicó Menchú.
Para Allan Ajiatas, exfiscal del Ministerio Público y analista del tema, el aumento de muertes podría estar relacionado con los operativos contra estructuras criminales y su consecuente reacomodo.
El alza de homicidios se debe a múltiples factores, pero el mayor problema radica en el “privilegio otorgado a los negocios privados de armas de fuego”, consideró el analista en seguridad y justicia, Sandino Asturias.
Recordó que en este territorio centroamericano 500 mil personas tienen estos artefactos de este tipo legalmente y otra cantidad similar sin registros.
Las políticas del Estado deben orientarse a desarmar a la población, estimó, mientras coincidió con Ajiatas en que otro factor es la impunidad que sigue siendo alta cuando se trata de investigar y condenar este tipo de crímenes.
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