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La abogada Argentina sigue con tobillera electrónica mientras aguarda el fallo que podría definir su regreso al país.
Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil, continúa a la espera de una resolución judicial que defina su situación procesal y le permita regresar al país. Mientras tanto, permanece bajo vigilancia con tobillera electrónica.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el monto de la caución aún no fue fijado, ya que también depende del magistrado determinar si corresponde un resarcimiento económico por el presunto delito.
La letrada lleva más de dos meses en Brasil tras un episodio ocurrido en un restaurante, donde una discusión con empleados derivó en gestos obscenos por parte de los meseros y una reacción de Páez que terminó en una causa por injuria racial.
Aún se desconoce cuánto tiempo más permanecerá retenida, pese a que la defensa ya presentó las alegaciones correspondientes y aguarda avances sin nuevas dilaciones.
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Según trascendió, Páez denunció haber recibido amenazas y situaciones de hostigamiento, aunque en los últimos días se encuentra más tranquila, acompañada por su padre. Sin embargo, continúa obligada a utilizar la tobillera electrónica.
El pasado 24 de marzo, la acusada participó de la primera audiencia de instrucción y juzgamiento, donde se le imputó una pena de dos años. Su defensora, Carla Junqueira, explicó que el proceso podría continuar en Argentina y destacó que Páez pidió disculpas a los denunciantes.
Agostina Páez, en el video que subió ayer a su cuenta de Instagram.
La abogada argentina fue imputada por injuria racial tras un conflicto en un restaurante y lleva más de dos meses retenida.
En esa instancia se produjo el primer encuentro entre la acusada y quienes la señalan por gestos racistas. “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, indicó la letrada.
Además, precisó que la fiscalía redujo la acusación de tres delitos a uno, con una pena mínima de dos años, que podría ser reemplazada por servicios comunitarios y una reparación económica a las víctimas. “Los servicios serán en Argentina. Se trata de un delito continuado en reacción a tres personas”, concluyó.
