Los síntomas eran comunes: vómitos, diarreas con riesgo de deshidratación y sarpullidos; y el patrón también repetido: todos los afectados eran chicos, alumnos del Polo Educativo de Mar del Sur, de una escuela primaria, de otra secundaria y de un jardín de infantes que se abastecían de agua tomada de napas contaminadas. Lo más grave es lo que descubrió la Justicia Federal: que las máximas autoridades educativas del distrito lo sabían y lo ocultaron, que falsearon documentos y dejaron que los chicos siguieran bebiendo, enfermándose.
Fueron los padres de esos alumnos quienes lo descubrieron. En realidad, se trató de un doble descubrimiento. El primero, cuando hicieron analizar el agua que salía al abrir las canillas en esas escuelas y recibieron un resultado los dejó pasmados: estaba contaminada con bacterias altamente perniciosas, escherichia coli y pseudomonas.
El segundo hallazgo fue que las autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado (municipio al que pertenece la localidad balnearia) cuando ellos contaron el problema que tenían sus hijos y los directivos les mostraron informes que les aseguraba que no era así, que el agua era potable. Pero eran falsos.
Por eso, el fiscal federal Carlos Martínez imputó por defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y suministro de aguas para consumo humano disimulando su carácter nocivo a la presidenta del Consejo Escolar de General Alvarado, Carolina Palacios; la vicepresidenta, Adriana Parodi; el tesorero, Fernán Gorostiza; y a Ezequiel Bravo, un privado contratado para la limpieza de los tanques.
El Polo Educativo de Mar del Sur se ubica en calles 27 y 106, y cuenta con un colegio primario, un secundario y un jardín de infantes.A los funcionarios del Consejo Escolar, además, el fiscal Martínez les imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez federal Santiago Inchausti avaló los planteos del fiscal, quien pidió que los imputados no puedan abandonar el país ni acercarse a menos de 500 metros al Polo Educativo de Mar del Sur por un plazo de 180 días corridos y el embargo de los bienes muebles e inmuebles que tengan a su nombre.
Los establecimientos afectados se encuentran en la misma manzana, en las calles 106 y 27 de Mar del Sur. Se trata de la Escuela de Educación Primaria N°2, la Escuela de Educación Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910.
La investigación comenzó hace cuatro meses, a partir de la denuncia del padre de un alumno de la escuela primaria, pero el problema viene del año pasado. Ya en 2024, las familias habían advertido en sus hijos cuadros de gastroenteritis y, a través de la cooperadora, pidieron a un laboratorio privado, Aqualab, un análisis bacteriológico y fisicoquímico para conocer la calidad del agua en los tres edificios.
Fue antes del comienzo de las clases de este año. El resultado se conoció el 5 de marzo y era contundente: indicaba que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli, lo que indica posible contaminación fecal, y pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.
Jardín de Infantes 910 «Martín Fierro» de Mar del Sur, donde no hay red de agua corriente ni cloacal.Según pudo reconstruir la fiscalía, los padres llevaron ese informe a las autoridades educativas, que decidieron suspender las clases un día. Además, citaron a las familias a una reunión el viernes 7 de marzo. En ese encuentro, las autoridades del Consejo Escolar exhibieron dos análisis, ambos con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) que certificaban la potabilidad del agua. Correspondían a 2024 y 2025, y estaban firmados por una perito química.
El padre de un alumno de primaria no se quedó conforme. El 22 de abril viajó a Mar del Plata y fue a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unmdp para hablar con la profesional que, supuestamente, había firmado los informes que mostraron en la reunión Palacios y Parodi, quienes, desde el Consejo Escolar a su cargo, habilitaban el consumo del agua del pozo de las escuelas.
Pero la perito le explicó que ninguno de los dos informes los había firmado ella. De hecho, contó que hacía tiempo que desde General Alvarado no pedían ese tipo de estudios y que en esos días, las fechas que tenían tales informes, ella estaba de licencia por maternidad.
El hombre presentó una denuncia en el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, la que dirige el fiscal Martínez. Tres días después se solicitaron distintas medidas de prueba que incluyeron un registro domiciliario, el secuestro de teléfonos y computadoras de quien, hasta ese momento, era el único imputado en la causa: Bravo, contratista que se dedicaba a la limpieza de los tanques y toma de muestras de agua en distintos establecimientos educativos de Miramar y la zona.
La fiscalía se hizo de transcripciones de mensajes y audios entre los implicados y avanzó con la investigación. La hipótesis «es que la situación del agua era conocida por las autoridades, y aún así, utilizaron el documento del contratista a pesar de saberlo apócrifo», informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Este miércoles se llevaron adelante nuevos allanamientos en los que se secuestró «abundante material documental y los teléfonos celulares de los investigados», que serán sometidos a una extracción forense por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del MPF, para analizar su información y continuar la investigación.
Al mismo tiempo, miembros de la Unidad Fiscal Mar del Plata, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, recibieron en Mar del Sur declaraciones testimoniales a personal de las escuelas del Polo Educativo de dicha localidad balnearia ubicada a 16 kilómetros fe Miramar y que no cuenta con red cloacal ni de agua corriente.
Cuando estalló el problema, en marzo, se perforó un nuevo pozo de abastecimiento, también se trabajó en el tanque, por lo que las autoridades educativas aseguran ahora que ya no hay riesgo de contaminación. Tan confiadas están que la última semana suspendieron el programa «Agua segura», que proveía de agua embotellada tanto para consumo como para higiene en las dos escuelas y el jardín de infantes. Pero los padres no lo creen así: «No hay nada certificado», aseguran. Por eso, esta semana, sus hijos no asistieron a clases.
AA
