AI alerta de un retroceso de derechos humanos en América Latina

Amnistía Internacional (AI) ha alertado en su informe anual 2025 sobre un alarmante deterioro de la situación de los derechos humanos en América Latina durante 2024. Según el organismo, diversos países de la región —entre ellos Haití, Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, El Salvador y Cuba— enfrentaron graves contextos marcados por la represión, la violencia estructural, el colapso institucional y la vulneración masiva de derechos, en particular hacia poblaciones históricamente marginadas.

Amnistía Internacional (AI) ha concluido que América Latina está atravesando una regresión peligrosa en derechos humanos.

“La represión del disenso, la criminalización de la protesta, la impunidad por crímenes graves y la desprotección de las poblaciones más vulnerables son síntomas de una tendencia autoritaria preocupante”, ha alertado el informe.

La organización ha instado a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar justicia, proteger a los defensores de derechos humanos y frenar las violaciones estructurales que afectan a millones.

Haití: violencia extrema y colapso humanitario

Haití vivió uno de los peores episodios de crisis en su historia reciente. El país quedó en manos de grupos armados que actúan con total impunidad, mientras el Estado prácticamente dejó de funcionar.

Amnistía documentó una situación de violencia endémica, desplazamientos forzados, secuestros masivos y una grave crisis alimentaria. Se declaró una hambruna en varias zonas del país y más del 50 % de la población enfrentó inseguridad alimentaria severa. La respuesta internacional fue calificada como “lamentablemente insuficiente”.

Nicaragua: represión y control absoluto del poder

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua mantuvo una estrategia de represión sistemática contra toda forma de disidencia, ha sostenido AI. Durante 2024 se aprobaron nuevas normativas que permiten la disolución arbitraria de partidos políticos, ONG y medios independientes, acusándolos de “extremismo” o “terrorismo”.

Activistas, periodistas y líderes opositores fueron arrestados sin debido proceso, ha denunciado Amnistía Internacional en su informe, que recoge la existencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, así como el exilio forzado de centenares de nicaragüenses por temor a represalias.

Venezuela: crisis prolongada y represión estatal

En Venezuela continuó la represión contra voces disidentes, ha afirmado la ONG. El Gobierno de Nicolás Maduro, ha asegurado, empleó detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para acallar a la oposición política y social.

Según AI, en 2024 se mantuvieron las restricciones a la libertad de prensa y el sistema judicial siguió operando sin independencia. Amnistía también ha reportado la criminalización de ONG y defensores de derechos humanos y ha denunciado la impunidad generalizada por crímenes de lesa humanidad cometidos en años anteriores. La crisis humanitaria se agudizó, provocando la salida de millones de personas del país, agregó.

México: violencia impune y crisis de feminicidios

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas, ha indicado AI.

En 2024, se documentaron ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, desapariciones forzadas y colusión de autoridades con el crimen organizado. La violencia de género continuó en aumento: cada día, diez mujeres fueron asesinadas, la mayoría sin que los casos se investigaran adecuadamente.

Además, según Amnistía, organizaciones feministas denunciaron el abandono institucional ante los feminicidios y la revictimización de familiares.

Colombia: asesinatos de líderes sociales y violencia armada

En Colombia, la reactivación de grupos armados ilegales y la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz generaron un clima de violencia persistente, ha indicado el informe.

Amnistía Internacional ha reportado más de 200 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en 2024, especialmente en zonas rurales.

El reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento interno también crecieron. A pesar de las promesas gubernamentales, el Estado no garantizó medidas efectivas de protección ni justicia, ha considerado AI.

El Salvador: régimen de excepción y violaciones masivas

Desde que se impuso el régimen de excepción en 2022, El Salvador ha vivido una regresión acelerada de sus derechos civiles, ha subrayado el informe de AI.

En 2024, las autoridades detuvieron a más de 75.000 personas bajo acusaciones de pertenencia a pandillas, muchas veces sin evidencia ni un proceso judicial adecuado.

AI ha documentado la existencia de torturas, muertes bajo custodia, condiciones carcelarias infrahumanas y detenciones de personas inocentes, incluyendo menores de edad.

Amnistía ha denunciado que el sistema judicial actúa bajo presión política, negando recursos legales básicos.

Cuba: censura, detenciones arbitrarias y criminalización del disenso

En 2024, el Gobierno cubano, según AI, mantuvo un control absoluto sobre la disidencia, utilizando detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y hostigamiento a activistas, periodistas independientes y manifestantes pacíficos.

Amnistía Internacional ha denunciado el uso de cargos penales ambiguos como “desórdenes públicos” o “sedición” para encarcelar a personas críticas, muchas de ellas vinculadas a las protestas de julio de 2021. La represión, prosigue el informe, incluyó vigilancia digital, limitaciones al acceso a internet y bloqueos sistemáticos a medios independientes. La criminalización del disenso se sostuvo como una política oficial del Estado, ha agregado AI.

Estados Unidos: represión interna y retrocesos de derechos reproductivos

Aunque no es parte de América Latina, el informe ha incluido advertencias graves sobre Estados Unidos, país con fuerte influencia regional. En 2024, activistas pro derechos humanos, especialmente quienes defendían los derechos del pueblo palestino, migrantes y el derecho al aborto, fueron objeto de vigilancia, hostigamiento y detención arbitraria.

Además, plataformas digitales como Meta y TikTok eliminaron información sobre servicios de aborto, restringiendo el acceso a derechos reproductivos. Amnistía también ha señalado el aumento del uso de tecnologías de vigilancia y represión digital.