Ante la alerta sanitaria nacional por el rebrote de sarampión y las muertes de al menos siete niños por tos convulsa en el país, el gobierno de Mendoza decidió denunciar a los adultos que no cumplan con el calendario oficial de vacunación de sus hijos.
«Ya se realizaron las 10 primeras denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con la vacunación de sus hijos», informó el ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero.
Esta medida convierte a Mendoza en primera provincia del país en recurrir a la vía legal para exigir el cumplimiento del esquema nacional de inmunización. En este caso, las demandas caen en la Justicia Civil.
Los personas denunciadas son convocadas a una audiencia obligatoria en la que el personal sanitario advierte a los padres sobre los graves riesgos para la salud pública que implica la persistencia en esta irregularidad.
Además, la legislación vigente permite aplicar multas y sanciones. Los montos llegan a los 336 mil pesos y hasta cinco días de arresto, para los padres y madres que no cumplan con las vacunas obligatorias de sus hijos.
La medida pretende generar conciencia de que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando un alto porcentaje de la población está protegida frente a una enfermedad contagiosa.
El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, informó que ya se realizaron 10 denuncias.“El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, destacó la responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar.
La funcionaria explicó que el mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los 15 meses, debido a la disminución en controles de niños sanos, que se realizan de manera más espaciada.
Aguilar aclaró que en Mendoza, la vacunación escolar se mantiene por encima del 80%: «Es un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que gracias a las vacunas se encuentran eliminadas o bajo control.»
Amenazas de antivacunas
Desde agosto de este año, el Ministerio de Salud de Mendoza tiene vigente una reglamentación para denunciar en la Justicia a los padres, tutores o cuidadores que no cumplan con el calendario oficial de vacunación.
La ley nacional establece que las vacunas del calendario son obligatorias y gratuitas, por una cuestión de salud general. Por tanto, la resolución de Mendoza sostiene que «el principio de la salud pública prevalece sobre el interés particular» y busca garantizar la protección de los derechos de los menores a una vida sana.
«Las vacunas del calendario deben aplicarse más allá de la voluntad de los padres y es responsabilidad del Estado que se cumplan«, destaca la normativa.
Al respecto, Aguilar indicó: “Desde que se publicó la resolución hemos recibido amenazas por mail y redes sociales, de todo tipo, por parte de grupos intolerantes antivacunas.»
La especialista en inmunizaciones ratificó su convicción de que no se trata de una decisión individual, sino que el plan de vacunas lo asume el Estado. «Está claro que las vacunas salvan vidas y por más que nos amenacen o que generen este tipo de acciones en redes sociales, nuestra misión es proteger a la población», dijo.
Aguilar pidió a la población que no se deje engañar por falsos mensajes, «por pseudo relatos científicos o informaciones, que lo único que hacen es dañar a la salud en general, aunque sea un profesional de la salud el que recomiende no vacunar a un chico».
En el caso de la vacuna del sarampión, los ejemplos a los que acude Aguilar, son contundentes: «Uno de cada mil chicos se puede morir, uno de cada 2.000 puede tener una encefalitis y cuatro a seis de cada 100 mil pueden tener una encefalitis aguada, muy letal».
Las sanciones
La nueva norma dice que los padres que no vacunen a los niños, niñas, adolescentes o personas incapaces bajo su cuidado podrían ser denunciados y sancionados con multas que van desde los 84 a los 336 mil pesos.
Los expertos sostienen que las vacunas salvan vidas, como en el caso del sarampión.También podrán ser condenados a realizar trabajos comunitarios en hospitales o hasta cinco días de arresto, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de la provincia.
Aguilar aclaró que el protocolo otorga a los padres un plazo de 30 días para cumplir con las vacunas requeridas, en caso de que hayan evitado vacunarlo en la escuela o cuando corresponde: “Muchas familias prefieren esperar para acudir a un centro médico de confianza o al sector privado, pero este plazo busca organizar y garantizar el acceso.»
Si al concluir este período no se registra la vacunación en el sistema informático provincial, el Ministerio de Salud puede iniciar el proceso de verificación y, al confirmarse el incumplimiento, se presenta una denuncia formal.
El caso es derivado a la Justicia para contactar a los adultos responsables, determinar los pasos a seguir y aplicar las sanciones correspondientes.
Adolescentes
Otra gran preocupación en el país es el descenso de la vacunación en adolescentes. Lo ideal es que la cobertura supere el 90% de la población objetivo, mientras que en las vacunas de esa edad rondan el 75%.
En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), incorporada al calendario a los 11 años para varones y mujeres para prevenir enfermedades de transmisión sexual, la cobertura a nivel país en mujeres con la primera dosis es de 66,98% y con la segunda dosis (que no está incluida en el calendario nacional de manera gratuita) es de 34,62%.
En el caso de los varones, la primera dosis de HPV cubre al 60,92% de la población adolescente argentina, mientras que en la segunda dosis, el déficit es mucho mayor con apenas 27,82%.
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