La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (AMAFUTAN) organizó un conversatorio denominado «Nuevos alcances y aspectos relevantes de la nueva ley penal juvenil», realizado en el Espacio Cultural Néstor J. Farré de Benito Juárez.
Leonel Calles, defensor oficial del Fuero Penal Juvenil e integrante de la Asociación, fue uno de los disertantes junto con David Carballo (fiscal subrogante del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil), María Teresa Ricci (secretaria de Desarrollo Social), Walter Pacheco (juez de Paz) y Julio Marini (intendente de la localidad anfitriona).
La charla fue organizada en forma conjunta con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul, contó con el auspicio del Juzgado de Paz y la Municipalidad de Benito Juárez y se enmarca en el espacio de cooperación entre el Poder Judicial y los gobiernos locales que se inició en julio, durante el encuentro interinstitucional con autoridades judiciales y municipales de la región, con el propósito de generar un ámbito permanente de diálogo entre la administración de justicia, los municipios y las instituciones de la comunidad.
LA NUEVA LEY EN DEBATE
El conversatorio comenzó con una reseña de los antecedentes que llevaron a la sanción de la nueva ley. Luego se repasaron los fallos que declararon su inconstitucionalidad y su vigencia actual y finalmente se presentaron los puntos claves y más controversiales, en especial la punibilidad de los menores de 16 años (entre los 14 y los 16), los cambios que introduce y las distintas posturas que genera.
Durante el debate se plantearon numerosas inquietudes sobre la intervención en el ámbito escolar, donde se registran hechos delictivos como bullying, lesiones leves o daños, abriendo varios interrogantes sobre las responsabilidades de los establecimientos educativos y las obligaciones de los docentes frente a estas situaciones.
Entre la numerosa concurrencia estuvieron presentes Pablo Quaranta (presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental), representantes de la Ayudantía Fiscal y del Juzgado de Paz de Benito Juárez, autoridades policiales, municipales y personal del ámbito educativo.
