Responder a la pregunta de cómo enfrentar al crimen organizado es, sin duda, un desafío mayor. Este flagelo azota al mundo entero, pero en América Latina se manifiesta con una virulencia e impunidad particulares.
Existen, sin embargo, algunos instrumentos internacionales relevantes que se usan poco. Entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo. Vigente desde 2003, este tratado constituye el principal marco legal global para combatir una amplia gama de delitos graves cometidos por organizaciones criminales.
Pero más allá del marco jurídico, la realidad es que el crimen organizado transnacional se ha desbordado en la región. Frente a ello, proliferan respuestas simplistas (“construir más cárceles”) o se proponen “modelos” como el de Bukele, que más allá del espectáculo, resultan ineficaces en otras realidades, erosionan derechos democráticos fundamentales de personas inocentes y eluden el núcleo estructural del problema.
Se requieren respuestas sustantivas, orientadas a la médula del fenómeno criminal. Aunque no es fácil, algunas ideas merecen consideración. Varias de ellas han sido destacadas con agudeza en la más reciente edición de The Economist.
El auge del crimen
Con crudeza, The Economist afirma que “los gánsteres están en su apogeo”. Y lo ilustra con una síntesis perturbadora: “desde los manglares de Colombia y Brasil lanzan narco-submarinos de 20 metros de eslora cargados de cocaína y los pilotan hasta España y Estados Unidos. Esconden cientos de toneladas de droga en los cargamentos de 600 millones de plátanos que salen cada semana de los puertos de Ecuador. En toda América Latina cuentan con jueces y políticos dóciles, comprados o aterrorizados. La producción de cocaína se dispara y la minería ilegal de oro está en auge”.
Podría parecer una exageración, pero lamentablemente no lo es.
Más alarmante que los hechos criminales mismos es el pobrísimo desempeño de los Estados frente a este fenómeno. La revista sepulta esperanzas sintetizando así el panorama: “Hasta ahora, los esfuerzos por frenar a las bandas han sido desalentadores. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aplastado a las bandas, pero ha abandonado el Estado de derecho. En México, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se evitó confrontarlas, dejándolas operar libremente en el tráfico de fentanilo y de migrantes”.
Ecuador: nuevo epicentro
The Economist identifica a Ecuador como el “nuevo frente” del crimen organizado: “En los últimos años, los gánsteres han transformado un tranquilo lugar turístico andino en la capital del crimen de América Latina”. Aunque el calificativo de capital del crimen puede ser demasiado fuerte, la preocupación es legítima: Ecuador se ha convertido en un punto clave del narcotráfico regional.
Es verdad. Y en ello Daniel Noboa, joven presidente formado en Harvard, enfrenta un reto monumental. Haría bien en promover un análisis -y respuesta- regional a un fenómeno que, claramente, requiere respuestas coordinadas y no meramente locales o aisladas.
Reformas estructurales y propuestas audaces
Fiel a su acucioso y afilado estilo, The Economist no se queda en el diagnóstico. Propone —con razón— un debate abierto sobre la legalización o descriminalización de las drogas, una alternativa impulsada con seriedad y respaldo empírico por entidades como la Comisión Global de Políticas sobre Drogas. Tengo el honor de formar parte de esa Comisión, presidida actualmente por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda.
Entre los miembros de la Comisión están líderes internacionales reconocidos y destacados como Louise Arbour, ex alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Richard Branson, británico, empresario fundador y propietario del consorcio Virgin; Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil; Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza; César Gaviria, expresidente de Colombia; Ricardo Lagos, expresidente de Chile; Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia; Ernesto Zedillo, expresidente de México, entre otros. Mario Vargas Llosa fue parte de la Comisión hasta su fallecimiento ocurrido en Lima en abril de este año.
La descriminalización no es una panacea, pero sí una alternativa que debe debatirse con seriedad, especialmente en los países directamente vinculados a los cultivos de coca y la producción de cocaína: Bolivia, Colombia y Perú. Ecuador, aunque no productor, es un eslabón logístico fundamental y un escenario cada vez más violento.
Sin justicia independiente, no hay estrategia eficaz
Más allá del debate sobre las drogas, The Economist resalta otros aspectos esenciales. Entre ellos, uno que suele pasar desapercibido: la necesidad de sistemas judiciales independientes y eficaces. Sin ello, toda cooperación internacional queda coja. ¿Cómo confiar en la solicitud de extradición de un Estado cuyo poder judicial está sometido al poder político o a redes corruptas?
Por eso, garantizar la independencia judicial —incluidas las fiscalías— no es una aspiración idealista, sino un requisito básico para combatir con eficacia al crimen organizado. Sin esa garantía, no hay manera de llevar a los delincuentes ante la justicia.
Esta tarea exige una inversión decidida, tanto conceptual como presupuestal. Como advierte The Economist, se debe “invertir mucho en contratar, formar y proteger a fiscales y jueces, para que puedan hacer frente a los poderosos imperios criminales. Un poder judicial independiente y reforzado también debería perseguir a los blanqueadores de dinero y a los políticos corruptos”.
No es todo. Pero sin esto, no se puede empezar.
