Por: Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
En este preocupante escenario, se desarrolló el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en Basseterre, Saint Kitts y Nevis, Entre el 7 y el 10 de abril.
El evento reunió a representantes estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales. El objetivo fue avanzar en la implementación del Plan de Acción para Personas Defensoras. También impulsar la construcción de una guía para la transversalización de género en el marco del Acuerdo de Escazú.
«Es necesario proporcionar apoyo psicológico y acompañamiento legal a las familias y sobrevivientes de personas defensoras asesinadas. Muchas veces las mujeres quedan viudas y con hijos e hijas menores de edad, sin ninguna protección ante posibles represalias», indicó en su intervención en el foro, Dina Juc, autoridad indígena de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosues (AMPB) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI).
Jamner Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), denunció la falta de respuestas por parte de los Estados.
«A los pueblos nos toca organizarnos porque hay una ausencia del Estado en la aplicación de normativas de protección. Un líder indígena no tiene la misma protección que un funcionario público o un artista. Cuando atacan a un indígena, es como si fuera uno más», expresó.
Entre los más peligrosos
El informe de Global Witness 2023-2024 destaca especialmente la situación en Colombia, país que encabeza la lista con 79 asesinatos. Esta es la cifra más alta registrada en un solo país desde que se lleva a cabo este monitoreo.
Le siguen Brasil (25), México y Honduras (18 cada uno), y Filipinas (17). De los 18 países donde se documentaron estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina.
En Perú se han reportado 35 defensores asesinados en los últimos diez años, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
En Chile, aunque los asesinatos son menos frecuentes (3 desde 2012), el Instituto Nacional de Derechos Humanos advierte sobre 238 conflictos socioambientales activos, muchos relacionados con minería y energía.
Óscar Daza, representante de la organización indígena OPIAC de Colombia, propuso avanzar hacia una representación directa en los espacios de decisión del Acuerdo de Escazú.
«Los pueblos indígenas proponemos que, en las próximas elecciones de los representantes electos del público, se garantice un cupo para un representante indígena. Esto permitiría adoptar medidas afirmativas para combatir desigualdades históricas y sistémicas, asegurar prácticas culturalmente adecuadas y dar voz a quienes han sido criminalizados, hostigados y perseguidos por su labor en defensa de los derechos humanos y ambientales», señaló.
En representación de la sociedad civil peruana y como miembro de la Red Regional Escazú Ahora, participó la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). La entidad reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía.
El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales
Firmado en 2018 y vigente desde 2021, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales.
Su artículo nueve exige garantizar entornos seguros, investigar agresiones y adoptar medidas con enfoque interseccional, priorizando a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
El texto establece que los países deben «reconocer, proteger y promover todos los derechos» de los defensores, incluyendo su integridad física y libertad de expresión.
Además, demanda prevenir y sancionar ataques, así como promover su participación en decisiones ambientales. Pese a su potencial, solo 17 países lo han ratificado.
Por otro lado; Brasil, Guatemala, Costa Rica, Perú, entre otros países con alta conflictividad, aún no se suman en la ratificación, limitando su alcance.
«Mientras los proyectos extractivos avanzan, la implementación plena de Escazú y la voluntad política siguen siendo claves para transformar la realidad de quienes defienden la vida en primera línea. Su protección no es solo un derecho: es una deuda de justicia con la Tierra», concluyó Gianella Guillén, especialista de DAR.
Los siguientes pasos
La ALADTI reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la participación de los pueblos indígenas en espacios clave. Uno de ellos, la elaboración del diagnóstico regional sobre la situación de personas defensoras.
En el marco de la transversalización de género, también participará activamente en la consulta pública sobre el índice anotado de la guía de género.
Un hito relevante en este proceso será la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en agosto en Ciudad de México.
La Cancillería Mexicana ha expresado su compromiso de impulsar una política de Estado en favor de las mujeres indígenas.
En este contexto, la conferencia representa una oportunidad crucial para avanzar en la incorporación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.
