Barcelona, España. El director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Raúl Echeberría, advirtió que América Latina atraviesa un momento de incertidumbre frente al avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial, pero subrayó que la transformación digital ha tenido un impacto ampliamente positivo en la economía regional.
Destacó el crecimiento del comercio electrónico y la llamada “gig economy”, que hoy permiten a millones de pymes y trabajadores independientes integrarse a la economía formal, acceder a medios de pago digitales y ampliar su alcance a mercados masivos. “Son empleos de calidad, con barreras de entrada más bajas, que ayudan a compensar transiciones laborales en otros sectores”, sostuvo.
Para Echeberría, el problema no radica en discutir regulación, sino en el enfoque predominante. Considera que en la región se ha tendido a “demonizar” la transformación tecnológica, concentrando el debate en los riesgos en lugar de en cómo maximizar sus beneficios. Si bien reconoce que es necesario mitigar impactos negativos, remarcó que la política pública debería partir de una premisa clara: abrazar el desarrollo tecnológico para potenciar crecimiento, empleo y oportunidades educativas. “No se trata de frenar la transformación, sino de liderarla”, afirmó.
Avances en la regulación de Inteligencia Artificial
En el caso de la Inteligencia Artificial, señaló que existen más de 500 proyectos de ley en discusión en América Latina, muchos de los cuales no prosperan porque repiten errores y debates ya transitados en otros países. A su juicio, falta aprendizaje regulatorio comparado y, sobre todo, una agenda más audaz en materia de inversión. Mientras otras regiones anuncian millonarios paquetes público-privados para desarrollar capacidades en IA, América Latina no logra posicionarse con iniciativas de escala. “No alcanza con avanzar en la dirección correcta; hay que hacerlo a la velocidad correcta”, enfatizó.
El directivo también cuestionó la tendencia a centrar la conversación en disputas como las network fees, que –según dijo– consumen energía política sin generar consensos productivos. En cambio, propuso enfocarse en cómo articular sinergias entre todos los actores del ecosistema digital, desde grandes empresas hasta proveedores de conectividad de última milla y redes comunitarias. A su entender, el desarrollo digital no es un juego de suma cero: requiere más infraestructura, más servicios y más capacidades para sostener una transformación que impacta transversalmente en sectores como turismo, agro, minería, educación y salud.
Riesgo de fiscalización de las plataformas
Respecto de la creciente fiscalización de plataformas digitales en contextos de estrechez fiscal, Echeberría aclaró que no está en contra de que las actividades digitales cumplan obligaciones tributarias. Sin embargo, advirtió que regulaciones excesivas o cargas desproporcionadas suelen terminar afectando a los actores más pequeños de la cadena de valor. “Las grandes empresas logran adaptarse; el problema es el impacto en las pymes, emprendedores y usuarios”, explicó. Un exceso de requisitos puede traducirse en barreras de entrada, menor innovación y, en última instancia, mayores costos para los consumidores.
La prohibición de las redes sociales a menores de edad no resuelve el problema de fondo
Finalmente, sobre las iniciativas para prohibir o restringir el acceso de menores a redes sociales, como las impulsadas recientemente en Australia, el director de ALAI consideró que se trata de medidas voluntaristas que no resuelven el problema de fondo y pueden generar otros nuevos, como riesgos en la verificación de edad y el manejo de datos sensibles. En su visión, la única vía efectiva para mitigar riesgos es un abordaje colaborativo entre sector público, empresas, autoridades educativas y familias, con criterios proporcionales a la edad y al grado de madurez. “No podemos mantener a los jóvenes al margen del mundo digital; debemos acompañarlos para que desarrollen capacidades y puedan desenvolverse en él de manera segura”, concluyó.
