Erik Prince, reconocido empresario del sector militar y fundador de Blackwater, vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, en América Latina, donde está promoviendo sus empresas como una solución ante la inseguridad y el crimen organizado.
Los contratistas militares privados (PMC, por sus siglas en inglés) han estado involucrados en la lucha contra las drogas en América Latina desde hace décadas, usualmente bajo el amparo del gobierno de Estados Unidos. Pero ahora, los gobiernos de la región están acudiendo directamente a empresas privadas extranjeras, especialmente las vinculadas con Prince, en busca de apoyo frente a crisis de seguridad urgentes.
La trayectoria de Erik Prince ha estado marcada por la polémica. En 2007, contratistas de Blackwater —la mayor empresa de seguridad privada de Estados Unidos— asesinaron a 17 civiles en la plaza Nisour de Bagdad durante la guerra de Irak. En 2021, las Naciones Unidas lo investigaron por presuntamente violar el embargo de armas en Libia al suministrar armamento a un comandante de milicias, acusaciones que él niega.
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Pese a estas controversias, Prince sigue siendo una figura respetada en círculos políticos. Mantiene vínculos estrechos con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y fungió como asesor informal de política exterior durante su primer mandato. Sin embargo, al final de esa administración, fue marginado por funcionarios que se oponían a sus propuestas de expansión de grupos mercenarios a nivel global, según reportó CNN.
Ahora, parece estar recuperando influencia en el círculo cercano de Trump y, al igual que el mandatario, ha centrado su atención en América Latina. Según diversos reportes mediáticos y oficiales, sus empresas buscan implementar operaciones en Ecuador, Haití, Perú y El Salvador, ofreciendo un amplio abanico de servicios que van desde la asesoría contra bandas criminales, empleo de drones, y hasta programas de deportación.
Estas iniciativas responden a los intereses comerciales de Prince, pero también coinciden con un enfoque más agresivo de Estados Unidos hacia la región, especialmente en temas de narcotráfico y crimen organizado.
Un enfoque de mano dura en Ecuador
El proyecto de Prince que más se destaca en la región está en Ecuador, el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Gran parte del territorio se encuentra bajo estado de excepción desde principios de 2024, tras múltiples motines carcelarios y ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad.
En marzo de 2025, durante su campaña de reelección, el presidente Daniel Noboa anunció una “alianza estratégica” con Prince para combatir el crimen organizado, el narcoterrorismo y la pesca ilegal. Prince cumple un rol como asesor de seguridad y asegura estar dotando a la Policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas de “las herramientas y tácticas necesarias para combatir eficazmente a las bandas narco”.
El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador.
En reunión con @realErikDPrince, fundador de Blackwater, hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras… pic.twitter.com/9IDnzADqvg
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 11, 2025
“Las fuerzas de seguridad y el estadounidense Erik Prince ya están en el terreno combatiendo el narcoterrorismo”, publicó el Ministerio de Defensa durante su visita. El ministro de la cartera de defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que Prince y su equipo están asesorando y entrenando a las fuerzas de seguridad ecuatorianas, y sugirió que su rol podría ampliarse. Sin embargo, el verdadero alcance de su participación sigue sin estar claro.
Operaciones letales contra pandillas en Haití
Desde comienzos de 2025, Prince aterrizó con sus operaciones en Haití, donde la crisis de seguridad sigue deteriorándose. Se estima que las bandas criminales controlan el 85% de la capital Puerto Príncipe.
En marzo, el gobierno haitiano contrató a varias empresas estadounidenses, entre ellas una propiedad de Prince, para llevar a cabo operaciones letales contra bandas, según informó The New York Times. Prince ha estado reclutando veteranos militares haitiano-estadounidenses para desplegarlos en Puerto Príncipe y, según el mismo reporte, planea enviar hasta 150 mercenarios y cargamentos de armas durante el verano.
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Según el diario estadounidense, la empresa de Prince habría participado en operaciones con drones que mataron a cientos de personas, aunque los analistas consultados por InSight Crime no pudieron confirmar su participación directa. En su lugar, señalaron a otros contratistas en la sombra contratados por el gobierno haitiano, aunque los detalles siguen siendo limitados.
El Departamento de Estado de EE. UU. negó estar financiando a Prince o su empresa por trabajos en Haití, y el propio Prince luego reconoció que opera bajo la autoridad del gobierno haitiano, según el mismo reportaje de The New York Times.
Contrarrestar la minería ilegal en Perú
Prince también visitó recientemente Perú, donde el crimen organizado afianza su presencia al mismo tiempo que la inestabilidad política permite a los legisladores a debilitar la capacidad del Estado para combatirlo.
En entrevista con el diario El Comercio, Prince dijo que se reunió con representantes de empresas mineras, tanto artesanales como formales, y que tenía previsto reunirse también con miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia e incluso con representantes de la presidencia durante su visita a Lima.
En el programa Buenos Días Perú, y acompañado del aspirante presidencial Hernando de Soto, Prince promovió los servicios que sus empresas podrían ofrecer, incluyendo entrenamiento para policías, militares e “incluso para organizaciones de defensa civil afectadas por el crimen”.
La campaña de deportación masiva en El Salvador
El Salvador también figura entre los países que interesan a Prince, quien en agosto de 2024 visitó la megacárcel conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y se reunió con el presidente Nayib Bukele.
Desde entonces, ha propuesto a la Casa Blanca coordinar una operación para capturar a decenas de miles de migrantes acusados de delitos y enviarlos al CECOT, según reveló Politico.
El plan habría sido lo suficientemente serio como para ser discutido entre Trump y Bukele durante una reunión en la Casa Blanca en abril de 2025. Desde entonces, no ha habido señales públicas de avances.
Una apuesta arriesgada con limitaciones
A medida que el crimen organizado se vuelve más sofisticado y con mayores capacidades armadas, varios gobiernos latinoamericanos están recurriendo a contratistas privados para complementar fuerzas estatales que se ven superadas en recursos y poder de fuego. Sin embargo, los despliegues temporales de empresas privadas no resuelven los problemas estructurales de las instituciones estatales.
“Las firmas privadas de seguridad pueden ser útiles para ‘defender un edificio’ o incluso ‘eliminar a un líder criminal’. Pero esas misiones tácticas no generan las mejoras estratégicas que necesitan los países latinoamericanos”, explicó James Bosworth, fundador de la consultora de riesgos políticos Hxagon. “Si contratas a una firma para hacer patrullajes durante un año, ¿qué pasa el año siguiente? No mejora la situación y puede generar dependencia”.
El uso de contratistas también plantea interrogantes más amplios sobre los objetivos de los gobiernos y lo que realmente pueden ofrecer estas empresas.
“Tal vez logren eliminar a algunos líderes criminales”, dijo Adam Isacson, director del programa de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Pero no veo a Erik Prince desmantelando las redes de funcionarios corruptos dentro del sistema judicial, la Policía o las Fuerzas Armadas que permiten que prospere el crimen organizado”.
Además, los contratistas privados están frecuentemente asociados con preocupaciones sobre derechos humanos. Su presencia le permite a los gobiernos beneficiarse de tácticas agresivas sin asumir directamente los costos políticos y legales que conllevaría si actuaran sus fuerzas oficiales.
“No están sujetos a estándares de derechos humanos”, dijo Isacson. “Ofrecen una especie de cobertura. Pueden actuar con brutalidad sin que eso salpique tanto al Estado”.
Pero para gobiernos presionados a mostrar resultados de forma rápida, la conveniencia y la percepción de eficacia pueden pesar más que los riesgos a largo plazo.
América Latina tiene un mercado robusto de empresas privadas de seguridad, entonces ¿por qué los gobiernos prefieren firmas extranjeras?
Una razón clave es la confianza. En países como Colombia y Ecuador, muchas empresas locales están vinculadas al crimen organizado. En marzo de 2025, las autoridades colombianas arrestaron a integrantes de tres firmas acusadas de suministrar armas y credenciales a grupos criminales.
En Ecuador, las empresas privadas han llenado vacíos dejados por el Estado, con resultados dispares. Reformas legales en 2024 promovieron su coordinación con la Policía, pero algunos grupos criminales las han aprovechado. En un caso, un traficante usó los vehículos blindados de su empresa para transportar cocaína.
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Las firmas extranjeras, por lo general mejor preparadas para operaciones militares a gran escala, ofrecen ciertas ventajas.
“No están atadas a los Lobos, los Choneros u otros grupos —a diferencia de las Fuerzas Armadas, la Policía o el sistema de justicia en Ecuador”, dijo Isacson. “Tienen menos probabilidades de estar infiltradas por el crimen organizado o la corrupción. Aunque eventualmente podrían ser cooptadas, por ahora son nuevas”.
También está el factor técnico. Estas empresas ofrecen capacidades que las fuerzas locales muchas veces no tienen. Durante el Plan Colombia, por ejemplo, contratistas estadounidenses como DynCorp operaron aviones de fumigación de cultivos de coca, mientras que California Microwave Systems realizó vigilancia aérea.
Las motivaciones políticas también juegan un papel. En Ecuador, la alianza con Prince podría ser una estrategia de Noboa para fortalecer sus vínculos con Estados Unidos.
“Traer a la empresa de Prince es una señal para la administración Trump de que va en serio”, opinó Bosworth.
Aun así, para muchas de estas empresas, el conflicto no es un problema por resolver, sino una oportunidad de negocio.
“Los mercenarios no quieren quedarse sin trabajo”, advirtió Sean McFate, profesor de relaciones internacionales y experto en grupos mercenarios.
Algunos contratistas incluso podrían involucrarse en actividades delictivas, añadió.
“No le deben lealtad al Estado, sino al dinero”, dijo. “Pueden extorsionarte antes de una gran operación. Es básicamente crimen organizado: como contratar a un cartel para que administre tu seguridad”.
