América Latina en la era Trump: imperialismo, crisis y resistencia de clases

En este texto analizamos los rasgos de la ofensiva imperialista en curso, las transformaciones recientes del capitalismo latinoamericano, las dinámicas de la lucha de clases y las tareas estratégicas que de ellas se derivan, como un aporte para la elaboración de un Documento sobre América Latina en la XIV Conferencia Internacional de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional.

Introducción

Este análisis fue elaborado antes de la presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump en Estados Unidos, el 5 de diciembre, donde se reitera el giro continental de la política imperialista estadounidense, en particular hacia Latinoamérica. La estrategia enfatiza: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región”. Con esta proyección, se confirman los aspectos centrales planteados en el presente artículo, evidenciando el momento histórico que vive América Latina con el retorno explícito de EE. UU. a una política ofensiva de dominación hemisférica, de disputa geopolítica frente a otras potencias y de creciente presión en la región como espacio estratégico de recolonización imperialista.

Estamos ante una de las mayores agresiones imperialistas en América Latina con el creciente asedio de Estados Unidos a Venezuela, respaldado por el mayor despliegue militar en la región del Caribe desde la Guerra Fría. De materializarse una escalada militar de agresión directa contra Venezuela, ello aceleraría la ofensiva con la que Estados Unidos busca imponer su dominio hemisférico y retomar su control indiscutido sobre América Latina. Nos encontramos ante un escenario potencial que podría implicar un cambio profundo en la región, en caso de que la escalada militar avance, independientemente de las formas que pudiera adoptar.

No obstante, aún si se llegara a una negociación que pudiese obligar a la salida de Maduro sin una intervención militar mayor, se trataría de un hecho de enorme trascendencia, al ser producto de una injerencia imperialista, que condiciona totalmente el futuro de Venezuela. En cualquier caso, todos los escenarios posibles son graves, tanto la desestabilidad regional de una escalada militar (incluso limitada), como una salida impuesta desde Washington y la consecuente profundización del tutelaje imperialista en la región o aún los acuerdos “pacíficos” condicionados bajo los designios del imperialismo, significarían la subordinación de Venezuela a un orden hemisférico reforzado, con impacto para el conjunto de América Latina.

El escenario de declinación relativa de la hegemonía estadounidense, agudizado por la competencia con China y la fragmentación del orden internacional, convierte a Latinoamérica en región de relevancia estratégica para Estados Unidos: para impedir el avance de inversiones y corredores comerciales de China en la región, incluyendo aquí el mayor control del Canal de Panamá, y para controlar el flujo migratorio y el traspaso migrante vía México. Esto es lo que explica en parte, su política ofensiva en el hemisferio y en particular en América Latina. Como plantean Juan Chingo y Claudia Cinatti en el texto Documento Internacional para la Conferencia de la FT-CI:

América Latina volvió a ser una prioridad de la política exterior norteamericana, y uno de los frentes de batalla en la disputa comercial y geopolítica con China que ha avanzado no solo en las relaciones comerciales sino en inversiones estratégicas en la región, como el puerto en el sur de Perú unido a Brasil que de hecho establece un corredor terrestre bioceánico, o la estación espacial en Argentina para la observación del espacio lejano. Para Estados Unidos la región tiene una importancia fundamental para el control del flujo migratorio, sobre todo en la frontera sur con México, uno de los ejes de la política de Trump.

Hacia 2025, el continente entra en un nuevo momento histórico marcado por el giro abierto de la política exterior estadounidense. Bajo el segundo mandato de Donald Trump, Washington impulsa una estrategia de reordenamiento geopolítico hemisférico, que busca reinstalar su dominio sobre el hemisferio occidental y reforzar el control histórico sobre América Latina. Se trata de una ruptura respecto de décadas anteriores, donde la región se reubica como prioridad de las operaciones económicas, militares y geopolíticas de Estados Unidos.

En este marco, América Latina y el Caribe atraviesa una creciente polarización política, por la renovada ofensiva imperialista, con Venezuela como epicentro. El trumpismo genera un punto de inflexión abierto por los mecanismos de presión imperialista: sanciones económicas, amenazas arancelarias, despliegues navales en el Caribe y maniobras coercitivas, contra los gobiernos que no se subordinen plenamente a Washington. Al mismo tiempo, reforzó el disciplinamiento sobre los países alineados, como Argentina, Ecuador o El Salvador, no sin fricciones con potencias regionales de peso como Brasil.

Estas tensiones geopolíticas interactúan con las dinámicas internas de la región. Si bien, la lucha de clases en América Latina parece rezagada frente a procesos como los de Europa o algunos movimientos sociales en Estados Unidos, la región ha revivido una serie de irrupciones sociales, desde el estallido chileno de 2019 hasta la rebelión peruana de 2025. Sin embargo, estas rebeliones no lograron abrir una salida estratégica, fueron desviadas o contenidas por los “progresismos” tardíos y las direcciones reformistas, como en México, Colombia y Chile, donde fue canalizado el descontento en los marcos del régimen. La tendencia sostenida al enfrentamiento social sin una dirección revolucionaria capaz de transformarla en una alternativa de poder para la clase trabajadora. Ante esta contradicción y sin esta perspectiva será posible que las próximas rebeliones se enfrenten al riesgo de salidas reaccionarias, de allí la clave de una estrategia política revolucionaria.

El giro trumpista en América Latina no se limita a medidas tácticas, busca un reordenamiento estratégico para hacer retroceder las posiciones comerciales de China y evitar que consolide nuevas, así como toda inversión que erosione la primacía del capital estadounidense. Por ello, la administración Trump, cruzada por múltiples crisis, privilegia la coerción por encima del consenso, cuando la hegemonía declina, la fuerza aparece como el medio para recomponerla.

Se trata de un proyecto de “reconquista hemisférica” busca reconstruir su control económico con la penetración cultural e ideológica, apoyado en las derechas locales, las redes sociales y fundamentalismos conservadores. Para ello, se han reactivado los viejos reflejos de la Doctrina Monroe, ahora en una suerte de “Doctrina Donroe”: un programa geopolítico-militar que concibe al hemisferio occidental como extensión del territorio nacional estadounidense con mayor intervención directa bajo las banderas de la “seguridad hemisférica” y la “guerra al narcoterrorismo”.

En este contexto, la región atraviesa crisis social y económica, polarización política y regímenes débiles para responder al imperialismo, Latinoamérica se convierte en un terreno central donde Washington intenta restaurar su mando hemisférico y recomponer la primacía del capital estadounidense en su histórico “patio trasero”.

La crisis de acumulación global, expresada en la financiarización y la sobreexplotación de los países de la periferia, como advierte David Harvey [1], se traduce en América Latina en una combinación de estancamiento económico, crisis social y polarización política. La región se reconvierte en terreno de disputa entre las potencias (en particular Estados Unidos y China) y en laboratorio de nuevas formas de autoritarismos y bonapartismos de diversos signos, como se observa en Bukele, Milei, pasando por Noboa, hasta Maduro.

1. La nueva ofensiva imperialista

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia América Latina: su gobierno reactivó de manera abierta y sistemática los mecanismos de presión, sanciones, amenazas comerciales, despliegues militares y operaciones encubiertas, con el objetivo de restaurar una relación de subordinación político-militar que limite cualquier autonomía estratégica regional. Así, una región atravesada por crisis social y económica, polarización política y regímenes debilitados se convierte en un escenario central donde Washington intenta reinstalar su mando hemisférico.

De la “guerra contra el terrorismo” a la “guerra al narcoterrorismo”. Del discurso de la “guerra contra el terrorismo” se pasó a la “guerra al narcoterrorismo”. Los documentos de seguridad nacional elaborados durante la transición de 2024 redefinen a América Latina como zona de amenaza prioritaria y legitiman la expansión militar bajo el pretexto del combate al narcotráfico y al “terrorismo regional”. Todo el despliegue militar en el Caribe y la instalación del portaaviones USS Gerald R. Ford en dicha zona, la ampliación de bases en Panamá y la reactivación de la IV Flota constituyen la infraestructura de esta estrategia. Este desplazamiento discursivo opera como una nueva doctrina de seguridad hemisférica que reactualiza la contrainsurgencia en forma preventiva, habilitando a la CIA a realizar “acciones encubiertas” en territorios tratados como hostiles, como Venezuela, Cuba o Nicaragua, y retomando la lógica de la diplomacia de las cañoneras, hoy ejecutada mediante drones estadounidenses.

El chantaje económico como herramienta de dominación. La ofensiva imperialista no opera solo en el plano militar: Trump utiliza los aranceles y las sanciones como mecanismo de subordinación. México es el caso paradigmático: amenazas de imponer aranceles del 50 %, gravar las remesas —equivalentes al 4 % del PIB— y condicionar los acuerdos migratorios a concesiones comerciales. Bajo presión, el gobierno de Sheinbaum refuerza la militarización de la frontera sur y limita el ingreso de productos chinos, revelando el límite estructural de los “progresismos” que administran la dependencia en lugar de enfrentarla.

De forma similar, Washington aplica sanciones a las exportaciones colombianas para forzar al gobierno de Petro a alinearse con su agenda regional. En contraste, Argentina bajo Milei recibe un rescate financiero sin precedentes de 40.000 millones de dólares, gestionado por Scott Bessent, como premio a su fidelidad ideológica. Tal como afirmamos en el Documento Internacional, el mensaje es transparente: los aliados son recompensados, los desobedientes castigados. Esta dinámica configura una guerra de posición imperial en el terreno económico, donde el capital financiero funciona como dispositivo de disciplinamiento interestatal.

Recolonización de recursos y nueva Doctrina Monroe. Detrás de la retórica nacionalista del trumpismo se esconde una estrategia de recolonización económica. El interés de Washington, como afirman Juan Chingo y Claudia Cinatti, es transformar a Argentina en un protectorado semioficial, asegurando el acceso a recursos estratégicos (litio, gas, alimentos) y evitando el avance de China en sectores de infraestructura y comunicaciones. Lo mismo ocurre en Perú y Brasil, donde empresas estadounidenses presionan por el control de los corredores bioceánicos y la Amazonia. Si en el siglo XIX la Doctrina Monroe afirmaba la exclusión de las potencias europeas, hoy busca mantener a China y Rusia fuera del hemisferio y restaurar el control político-económico directo sobre la región. Sin embargo, se trata de una Doctrina Monroe en tiempos de decadencia, donde el dominio no se ejerce desde la confianza estratégica, sino desde la compulsión defensiva.
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Crisis de hegemonía y rivalidad sino-estadounidense. La nueva ofensiva imperialista no puede comprenderse sin situarse en la crisis más amplia del orden mundial. Desde la perspectiva de Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, la disputa entre potencias es expresión de la competencia por la extracción de plusvalor a escala global. En la actualidad, China se ha convertido en el primer socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos y en un inversor central en sectores estratégicos: minería del litio (Bolivia, Argentina, Chile), infraestructura (corredor bioceánico Perú-Brasil) y telecomunicaciones (Huawei en México y Brasil). Estados Unidos percibe esta presencia como una amenaza existencial a su dominio hemisférico. Pero es fundamental tomar en cuenta que la rivalidad sino-estadounidense genera una situación de doble dependencia para las economías latinoamericanas: subordinadas al dólar y al mercado estadounidense, pero cada vez más ligadas a la demanda y financiamiento chinos. Estamos ante un capitalismo periférico disputado. Ninguna de las potencias plantea una salida progresiva, ambas reproducen la transferencia de valor y consolidan la inserción dependiente, mostrando que la competencia de disputa de potencias, no son más que subordinación.

El dispositivo ideológico-militar del imperialismo. El trumpismo combina unilateralismo militar con un discurso ideológico que legitima la violencia estatal y el racismo estructural. En el plano interno estadounidense, el lema “America First” se asocia a la criminalización de migrantes latinoamericanos y afrodescendientes; en el plano externo, se traduce en la deshumanización de los pueblos. Este dispositivo articula una pedagogía reaccionaria de masas, donde el “narcoterrorismo” cumple aquí una función ideológica doble: por un lado, naturaliza la intervención militar; por otro, justifica la represión interna en los países latinoamericanos bajo gobiernos aliados, esto último se refleja claramente en la reciente masacre en Río de Janeiro, donde el gobernador bolsonarista Claudio Castro hizo una acción espectacular de la policía que terminó en una masacre de civiles, la mayoría de ellos negros y pobres, anticipando formas de bonapartización reaccionaria en clave continental.

Un imperialismo en crisis. A diferencia de las fases anteriores del imperialismo estadounidense, el expansionismo de posguerra o la “guerra fría”, la ofensiva trumpista se desarrolla en un contexto de crisis orgánica de dirección estadounidense. La combinación de fractura social interna, polarización política y deslegitimación internacional limita su capacidad de proyección. Sin embargo, precisamente por eso, la política de Trump tiende a volverse más errática y violenta: cuando el poder declina, la coerción se convierte en su sustituto. Como señalaba Trotsky en 1934 en ¿A dónde va Francia?, “la decadencia de una clase dominante no se expresa sólo en su debilidad, sino también en la brutalidad de sus métodos”. Esta contradicción abre un escenario donde la posibilidad de resistencia y contraofensiva de las masas se vuelve más real, ya que el intento de recomponer la hegemonía desde arriba puede acelerar la crisis de los regímenes locales. Nuestra tarea estratégica es transformar esta descomposición en una guerra desde una perspectiva independiente de la clase trabajadora, superando las salidas nacional-populares y los frentes de colaboración de clases.

2. América Latina bajo presión: neoliberalismo armado, extractivismo y economías dependientes

Las economías dependientes latinoamericanas están en un nuevo ciclo de crisis estructural, agravado por las secuelas de la pandemia, el estancamiento de la inversión y la presión del capital financiero internacional. Si bien en este texto no nos concentramos en la dinámica de la economía latinoamericana en su conjunto, es importante remarcar que, de acuerdo al último informe económico de la CEPAL, “América Latina y el Caribe atraviesa en 2025 una nueva fase de desaceleración económica. Después de un repunte en los primeros trimestres de 2024, el crecimiento del PIB regional perdió dinamismo hacia fines de ese año, y se espera que se modere del 2,3% registrado en 2024 al 2,2% en 2025. Esta tendencia confirma un decenio de bajo crecimiento, en que la expansión promedio del PIB ha sido de solo un 1,2% en el período 2016-2025, incluso inferior a la registrada en los años ochenta.” Incluso se considera que estas tasas de crecimiento anual no alcanzan para revertir los efectos de la década de ajuste fiscal y desindustrialización.

También es importante remarcar los niveles de desigualdad social que se profundizan, de acuerdo a este mismo organismo, más del 32% de la población latinoamericana vive bajo la línea de pobreza, mientras el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza. El capital financiero y los conglomerados extractivos, mineros, agroexportadores, energéticos, siguen dictando la orientación de las economías nacionales.

La crisis de deuda vuelve a emerger como mecanismo central de subordinación. Argentina, Ecuador y Honduras destinan entre el 25 % y el 40 % de sus presupuestos al pago de intereses, en tanto el FMI y el Banco Mundial condicionan cada refinanciación a nuevas reformas estructurales. La región repite así el escenario clásico: un Estado endeudado, un capital extranjero dominante y una burguesía local intermediaria, incapaz de proyectar un desarrollo autónomo. El ciclo de Trump no inaugura un nuevo modelo, sino que reactiva los mecanismos históricos de subordinación: deuda, privatización y chantaje comercial”. La deuda funciona como un dispositivo de “dirección externa” que integra a los Estados latinoamericanos sin necesidad de ocupación directa. Esta es la esencia de la nueva etapa: una recolonización económica en nombre de la “reactivación” y la “estabilidad macroeconómica”, en el marco de la ofensiva del control hemisférico por el imperialismo con una gran coacción con la fuerza por parte de Estados Unidos sobre nuestro continente.

Privatización, flexibilización y disciplinamiento. El neoliberalismo no desapareció con los “progresismos” del ciclo anterior, mutó. Tras los límites de la ola “progresista” (2003-2015), las clases dominantes latinoamericanas retomaron la iniciativa, combinando políticas de mercado con nuevas formas de autoritarismo estatal. El resultado es lo que algunos economistas críticos llaman “neoliberalismo 2.0”: una versión actualizada del ajuste estructural, legitimada por la crisis y sostenida por la represión. Este proceso expresa una ofensiva burguesa que busca recomponer la dominación luego del agotamiento del consenso “progresista”, desplazando la conducción desde el terreno del consenso hacia la coerción directa. En Argentina, Milei lleva esta tendencia al extremo, promoviendo la liquidación del Estado social bajo el discurso de la “libertad económica”. En Ecuador, Noboa impulsa reformas laborales regresivas y reprime las huelgas docentes y petroleras. En Perú, el régimen heredero del golpe contra Pedro Castillo combina neoliberalismo salvaje con represión militarizada en el sur andino. Incluso en países con gobiernos que se presentan como progresistas (Brasil, Colombia, México), las políticas macroeconómicas mantienen la ortodoxia: metas de inflación, superávit fiscal y concesiones a las multinacionales extractivas, confirmando que el “progresismo” administra la dependencia sin intención de quebrarla.

Esto se apoya en cuatro pilares fundamentales: Precarización del trabajo: auge del empleo informal, plataformas digitales, tercerización y eliminación de convenios colectivos. Privatización de bienes comunes: venta de activos estratégicos (energía, telecomunicaciones, infraestructura) a consorcios internacionales. Austeridad permanente: reducción del gasto público y reforma previsional como requisitos de “confianza inversora”. Criminalización de la protesta: leyes “antipiquetes”, militarización de territorios y persecución judicial a trabajadores o dirigentes sindicales. Se trata de un neoliberalismo armado, que combina la lógica del mercado con la del estado de excepción. En la actualidad, el capital latinoamericano ya no puede reproducirse sin represión: la coerción se ha vuelto un componente central de su rentabilidad.

Como advierte David Harvey, la acumulación contemporánea depende crecientemente de la desposesión, y en América Latina esta dinámica se expresa mediante extractivismo, privatización territorial y militarización. El resultado es una reconfiguración autoritaria del Estado que prepara condiciones de bonapartización preventiva frente a posibles irrupciones de masas. Aunque usamos aquí el término de “desposesión” para su uso gráfico con los límites de esta categoría en Harvey, tal como lo ha criticado correctamente Esteban Mercatante en La lógica turbulenta del capital.

Extractivismo y saqueo ambiental: la nueva frontera de la acumulación. El extractivismo se consolida como eje de la economía regional: América Latina es hoy una de las principales fuentes de minerales estratégicos, litio, cobre, níquel y gas natural, y de productos agrícolas de exportación. Esta orientación no es nueva, pero adquiere una dimensión cualitativamente distinta en el marco de la competencia geopolítica y la crisis ecológica global.

La llamada transición energética en los países centrales exige volúmenes crecientes de litio, cobre y tierras raras. Lejos de impulsar un proceso de industrialización, esta demanda profundiza el patrón primario exportador. Argentina, Chile y Bolivia concentran el 60% de las reservas de litio del mundo, pero la extracción está controlada por corporaciones transnacionales, estadounidenses, chinas y australianas, en asociación con las élites locales. Este triángulo del litio opera así como laboratorio de una nueva dependencia verde. La administración Trump inscribe este proceso en una estrategia explícita de seguridad energética, que redefine los minerales críticos como parte de la infraestructura de defensa, habilitando la intervención económica y militar en nombre del “interés nacional”.

En el plano ambiental, las consecuencias son devastadoras: deforestación récord en la Amazonia brasileña, contaminación de acuíferos en el altiplano y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. El capitalismo verde no supera la explotación: la reconfigura en nombre del clima.

El regreso de Trump —negacionista climático y desmantelador de acuerdos ambientales— otorga carta blanca a las corporaciones estadounidenses para avanzar sin restricciones. Su administración no sólo reactiva proyectos fósiles, sino que impulsa una “Doctrina Monroe ecológica” destinada a asegurar recursos estratégicos bajo el pretexto de competir con China, subordinando a los Estados latinoamericanos a cadenas globales de apropiación de naturaleza y devastación.

El extractivismo opera también como mecanismo de control político y territorial: desarticula comunidades, divide movimientos y militariza regiones enteras. En Ecuador y Perú, la criminalización de dirigentes indígenas y ambientalistas se combina con la presencia de empresas mineras transnacionales y fuerzas de seguridad privadas. La ecuación es directa: recursos naturales + represión = rentabilidad imperialista.

Esta combinación de saqueo ambiental y coerción tiene una traducción inmediata en los regímenes emergentes de la región: allí donde la acumulación depende de los recursos, crece la excepción permanente. El caso de Bukele muestra cómo la explotación de la naturaleza y la coerción estatal se vuelven inseparables. Mientras exporta una imagen de modernización tecnológica, su gobierno abre el país a capitales mineros y energéticos bajo regímenes de excepción permanentes. La prohibición de la minería metálica de 2017 se está erosionando mediante concesiones indirectas, zonas económicas especiales y la militarización de territorios rurales, evidenciando que el bonapartismo neoliberal funciona como garante interno de la acumulación extractiva y de la entrega de recursos estratégicos.

Polarización social y centralidad de la clase trabajadora. La consecuencia social de este modelo es una polarización cada vez más aguda. Mientras la clase dominante concentra rentas extraordinarias, el proletariado y las capas medias urbanas atraviesan un empobrecimiento generalizado. Las condiciones materiales maduran para choques sociales de gran magnitud. Aunque su composición se ha transformado, el proletariado latinoamericano no ha perdido centralidad: hoy conviven el trabajador industrial con el precarizado de servicios, el migrante, la mujer trabajadora y una juventud expulsada del futuro.

La pandemia aceleró la informalización y la atomización del trabajo, pero también dio lugar a nuevas formas de organización. Las huelgas de repartidores en México y Brasil durante la pandemia y más reciente en otros países, los paros mineros en Perú y las movilizaciones feministas y socioambientales en Chile y Argentina expresan un resurgimiento de la acción de importantes sectores, todavía fragmentaria. Frente a lo que viene necesitamos desarrollar una resistencia más profunda, masiva y que permita al mismo tiempo superar la dispersión, en el marco de la centralidad obrera, poniendo en pie organismos de lucha que abran camino para direcciones revolucionarias y unifiquen todos estos procesos contra el capital.

La clase trabajadora enfrenta obstáculos objetivos (precarización estructural, burocracias sindicales, cooptación estatal) y subjetivos, burocracias sindicales, direcciones reformistas, crisis de representación y de horizonte estratégico en clave revolucionaria. Esto fue uno de los grandes límites de las revueltas que hubo en el último tiempo.

La situación del “progresismo” latinoamericano. El ciclo progresista, que en su momento se presentó como alternativa al neoliberalismo, Lula en Brasil, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, llega a 2025 marcado por grandes contradicciones y en situaciones diversas.

México con una clara fortaleza de la Cuarta Transformación y Brasil con la posibilidad de reelección de Ignacio Lula, contrastan con la probable llegada de la derecha en Colombia tras el gobierno de Petro o el declive de Boric, que dejó lugar al derechista José Kast en Chile, ambos países marcados por una creciente desilusión social.

Estos gobiernos, a pesar de sus distintas situaciones, ya sea de fortalezas relativas unos y en crisis otros, se encuentran atrapados entre las presiones del capital financiero y las expectativas populares, su límite estratégico se ve expuesto, mientras intentan conciliar políticas redistributivas con la dependencia estructural, lo que en el marco de la crisis internacional se traduce en un ajuste cada vez menos encubierto. En Brasil, el tercer gobierno de Lula enfrenta el poder del agronegocio y del Congreso conservador, respondiendo con políticas de concertación. En México, la administración de Sheinbaum busca equilibrarse entre Washington-Beijing y sus promesas de enfrentar al neoliberalismo en un país con cada vez mayor poder en manos del ejército, donde cede ante las imposiciones arancelarias de Trump y se ha convertido en un país embudo que ha logrado frenar el paso migrante hacia EE. UU., ubicado entre los gobiernos regionales más elogiados como ejemplo de “coordinación” la administración Trump. En Colombia, Petro choca con el sabotaje del capital financiero y de las Fuerzas Armadas, mientras su agenda de reformas se paraliza y los planes capitalistas continúan intactos.

El caso mexicano: “Bienestar” militarizado, control territorial y pérdida de hegemonía del “progresismo” 4T. En México, Claudia Sheinbaum ha consolidado el posicionamiento estratégico de las Fuerzas Armadas, incluso como administradores, operadores, constructores y supervisores de varios megaproyectos y operaciones asociadas a programas del bienestar. Bajo el supuesto de blindaje y seguridad, se otorga poder al ejército en tareas logísticas, de supervisión y distribución de recursos, más la entrega de apoyos directos y la operación del Banco del Bienestar en zonas rurales, especialmente indígenas. Medidas que permiten al Estado convertir las políticas sociales en un instrumento militar de reordenamiento y control territorial en regiones que debilitan formas históricas de autoorganización comunitaria. La 4T mantiene legitimidad entre amplios sectores populares, pero lo hace apoyándose en una presencia militar cotidiana que reconfigura la organización social de manera vertical.

Esta tensión es visible en Chiapas, donde la militarización, programas asistenciales, degradación socioeconómica y avance del crimen organizado han producido un proceso incipiente de descomposición social, incluso en territorios previamente vinculados al zapatismo. Ante ello, el gobierno refuerza un esquema de contención militar-asistencial que busca administrar el desorden sin transformarlo. La creciente subordinación a la política migratoria estadounidense convierte al sur de México en un espacio de control geopolítico, donde fuerzas militares y programas sociales actúan como un dique de contención.

La hegemonía de la 4T combina, así, legitimidad electoral y vínculo directo con sectores empobrecidos con una dependencia creciente de mecanismos coercitivos y asistenciales. Esto revela los límites del “progresismo”, que ante sus políticas de administración de crisis, militarización y la subordinación imperialista, abre elementos de desgaste que marcan el horizonte de su proyecto.

Sin embargo, aunque los “progresismos” abren un vacío político por izquierda que la extrema derecha (de Bukele a Milei) intenta ocupar, mediante discursos autoritarios y anti-establishment, que el desgaste se transforme en una salida revolucionaria no está dado de antemano: depende de la emergencia de procesos de lucha y autoorganización desde abajo, comités, coordinadoras, sindicatos recuperados, movimientos sociales, juveniles y de mujeres, y de la construcción de organizaciones revolucionarias con inserción real en la clase trabajadora. Sin estos elementos, el escenario más probable es la radicalización reaccionaria o nuevas variantes reformistas de administración de la crisis, no una salida por izquierda. Sin embargo, comienzan a acumularse fuerzas sociales que podrían reactivar tendencias más radicales si la crisis económica se profundiza.

3. Emergencia de nuevas derechas autoritarias

El ascenso de la derecha y la ultraderecha en América Latina no es un fenómeno aislado. Responde a la necesidad del imperialismo de garantizar el disciplinamiento social y el ajuste estructural mediante gobiernos fuertes, tendencias a la bonapartización y la reconfiguración de alianzas y marcos de seguridad. Esta estrategia se articula a nivel internacional: republicanos en Estados Unidos, corrientes conservadoras europeas y referentes latinoamericanos se coordinan en espacios como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que provee narrativa ideológica, recursos, legitimidad diplomática y coordinación estratégica. No se trata de simples coincidencias políticas, sino de un bloque transnacional que busca restaurar el orden neoliberal por vías autoritarias.

En Argentina, el ultraderechista Javier Milei alinea su política exterior y económica con Washington y con Israel. Esto fortalece regímenes autoritarios y su aparato represivo, combinando shock de ajuste, privatizaciones y criminalización de la protesta social para imponer sus planes. Su discurso contra la “casta” funciona como cobertura ideológica para la recolonización económica y busca reconfigurar el sentido común en clave anticomunista y negacionista. Milei se posiciona como pieza central del campo reaccionario en el Cono Sur, ordenando a la derecha regional y polarizando la situación nacional frente a la clase trabajadora, jubilados, mujeres, juventud y sectores movilizados.

En El Salvador, bajo un estado de excepción permanente y con un fortalecimiento extraordinario de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele consolida un bonapartismo neoliberal autoritario con rasgos abiertamente dictatoriales: concentración de poderes, ausencia de independencia judicial, suspensión del debido proceso, reformas constitucionales y reelección indefinida. Su régimen funciona como laboratorio de control social y exportador de modelo, basado en la militarización del territorio, el encarcelamiento masivo y la anulación de derechos. El aparato policial-militar se expande no solo en volumen, sino como núcleo ideológico del régimen. Los acuerdos con el capital financiero internacional, el endeudamiento acelerado con el FMI y la subordinación geopolítica a Washington profundizan la dependencia del Estado salvadoreño. La “eficacia” del modelo se sostiene en el miedo como herramienta de control social y en prácticas sistemáticas de terrorismo estatal.

En Perú, tanto el nuevo gobierno ilegítimo de José Jerí como la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte buscan estabilizar por la fuerza un régimen de guerra contra la clase trabajadora y los pueblos indígenas. Masacres en el sur andino, represión selectiva y criminalización generalizada, con el aval de la OEA y de Estados Unidos, aseguran el control de recursos estratégicos y bloquean cualquier salida impulsada desde abajo por las mayorías indígenas, campesinas y populares. La combinación de militarización, extractivismo y contrainsurgencia se presenta nuevamente como sinónimo de “gobernabilidad”.

Pero estas derechas no la tienen fácil. La reciente derrota de Noboa en el referéndum también se lee como un revés para Trump, pues una de las preguntas se refería a la instalación de bases militares estadounidenses. Detrás de las propuestas de Noboa había un diseño estratégico para reconfigurar el Estado a favor de una línea autoritaria, neoliberal y subordinada al capital externo, buscando otorgar poderes reforzados y construir un marco jurídico funcional a la lógica de la “seguridad” militarizada y del neoliberalismo. Su objetivo era fortalecer la gobernabilidad al servicio del FMI y del imperialismo, pero sufrió un duro revés.

En Bolivia, tras la debacle del evismo y la implosión del MAS, asciende al gobierno la derecha de Rodrigo Paz y Edmand Lara, bajo la bandera de una restauración reaccionaria respaldada por el capital. Su agenda busca desmontar conquistas sociales, abrir territorios al saqueo transnacional y reconfigurar el Estado en clave conservadora y subordinada al imperialismo. Aunque supone un nuevo puntal para las derechas continentales, la correlación de fuerzas en el país aún no está definida.

En Chile, la derecha está a punto de volver al gobierno con Antonio Kast. Pero, como señalan nuestros compañeros de Chile sobre el avance de la ultraderecha y la reconfiguración del mapa político: “Fue un triunfo electoral de la derecha claro, pero quienes ven un triunfo estratégico están en un error. El resultado, con la emergencia de la extrema derecha, el desgaste del “progresismo” y un nuevo mapa político con polarización atenuada e inclinada hacia el campo conservador, se desenvuelve en una crisis orgánica o de hegemonía en que ninguna fuerza social ni política de las clases dominantes tiene un proyecto que concite el respaldo orgánico ni de toda su clase ni mucho menos de la mayoría de las clases trabajadoras y populares.”

Donde estas derechas encuentran resistencias, no logran estabilizarse. Este es el panorama que se puede observar en Ecuador, Perú y Argentina, donde se desarrollan fuertes enfrentamientos e incluso paros nacionales, más allá de su último respiro electoral. La dinámica de gobiernos como el de Bukele en El Salvador, cuya fortaleza radica en la pasividad y reflujo del movimiento de masas y la militarización extrema, no constituye la norma.

En conjunto, estas derechas autoritarias funcionan como agentes internos de la ofensiva imperialista: garantizan ajuste y orden, habilitan la apertura ilimitada de territorios a los capitales transnacionales y desmantelan derechos laborales, democráticos y sociales, mientras persiguen a trabajadores, juventudes y pueblos originarios. Su función estratégica es evidente: restaurar el proyecto neoliberal por la fuerza y bloquear cualquier perspectiva de salida por izquierda.

4. América Latina políticamente inestable y socialmente explosiva

América Latina se presenta como una región estratégica por sus recursos naturales y su posición geopolítica, atravesando una combinación explosiva de inestabilidad política y tensiones sociales acumuladas. Para el imperialismo estadounidense, sigue siendo un espacio vital para su supervivencia económica y militar; para China, constituye una reserva clave de materias primas y un mercado de expansión. Para las clases trabajadoras y los pueblos oprimidos, el continente se convierte cada vez más en un terreno de disputa entre subordinación y emancipación.

Lucha de clases, resistencias y nuevas subjetividades. La etapa abierta con el segundo mandato de Trump y la ofensiva imperialista sobre la región no produjo pasividad social. Bajo el disciplinamiento neoliberal y la fragmentación impuesta por el ajuste, emerge una reactivación de la cuestión social. La inflación, la precarización y el aumento del costo de vida pueden generar protestas y una nueva disposición combativa. En un continente marcado por desigualdades extremas, las élites financieras acumulan ganancias extraordinarias mientras el salario real regional cayó un 8% entre 2020 y 2024 (OIT). El ajuste fiscal, las privatizaciones y la represión, en sintonía con la “receta Trump-FMI”, se consolidan como políticas estructurales.

La clase trabajadora latinoamericana y su composición. Lejos de desaparecer, el proletariado se transforma en su composición y formas de lucha. La desindustrialización, la terciarización y la expansión de la informalidad modificaron su morfología, pero no su lugar estratégico. Aunque con realidades heterogéneas según los diferentes países, en la región de conjunto conviven el trabajador industrial automotriz, minero o petrolero, con el obrero de plataforma, la trabajadora de cuidados, el campesino asalariado, el migrante precarizado y la juventud excluida del empleo formal. Esta heterogeneidad, si bien es un obstáculo en sí, contiene un potencial estratégico decisivo: la unidad de los explotados dispersos en torno a demandas comunes. La inserción obrera en los nodos logísticos y extractivos del capitalismo mundial otorga un poder real. El desafío es político: transformar esta fuerza social en sujeto consciente.

Feminismo, juventud y nuevas subjetividades. La última década estuvo marcada por la irrupción de movimientos feministas y juveniles que redefinieron el lenguaje de la protesta. Desde Ni Una Menos y las mareas verdes hasta las movilizaciones chilenas y mexicanas, el feminismo se convirtió en un punto de convergencia entre clase, género y raza. Las mujeres trabajadoras, migrantes y jóvenes ocupan las primeras líneas en contextos de ajuste y violencia estatal. No se trata de un feminismo institucional: la doble explotación y la violencia patriarcal son pilares del capitalismo dependiente, lo que plantea la necesidad de un feminismo socialista articulado con la lucha de clases.

En paralelo, la juventud precarizada emerge con fuerza. La ausencia de futuro, la crisis educativa y la represión policial alimentan una subjetividad marcada por la rabia y la ruptura con los partidos tradicionales. Desde Chile y Colombia hasta México y Argentina, se expresa una radicalidad espontánea, horizontal y abierta a la politización anticapitalista: ya no solo por derechos, sino contra el no-futuro impuesto por el capital.

La crisis climática y el extractivismo actúan como detonantes de nuevas resistencias, articulandose con las luchas juveniles y populares. Los pueblos originarios y comunidades rurales protagonizan conflictos por territorio, agua y minerales: la CONAIE frente a Noboa en Ecuador; las rebeliones aimaras y quechuas en el sur peruano; los pueblos amazónicos contra el agronegocio y las petroleras en Brasil. Estas luchas combinan defensa ambiental, autodeterminación y cuestionamiento del modelo de desarrollo capitalista. Su radicalidad no proviene solo del contenido ecológico, sino de la crítica práctica a la propiedad privada de la naturaleza.

Luchas ambientales, clase trabajadora y pueblos originarios. La crisis climática y el extractivismo se han convertido en catalizadores de nuevas resistencias. Los pueblos originarios y las comunidades rurales están en el centro de los conflictos por territorio, agua y minerales. En Ecuador, el movimiento indígena encabezado por la CONAIE se enfrentó a las políticas de Noboa; en Perú, las comunidades aimaras y quechuas lideraron la rebelión del sur andino; en Brasil, los pueblos amazónicos resisten al agronegocio y a las petroleras. Si bien se está lejos aún de esas grandes movilizaciones que se vivieron en América Latina, como cuando llegamos a ver acciones de lucha de pueblos originarios de otra envergadura, como las grandes movilizaciones a principios del 2000 en Ecuador que tiraban gobiernos, en la propia Bolivia en el marco del ascenso del MAS al poder, e incluso más atrás, aunque con características específicas, como en Chiapas, México. Frente al intento de cooptación del “capitalismo verde” por parte de las potencias y organismos internacionales —incluidos sectores “progresistas” del capital—, los movimientos más avanzados levantan la consigna: “no hay transición ecológica sin revolución social”, conectando la lucha ecológica con la perspectiva antiimperialista y anticapitalista.

Migración, racismo e internacionalización de la lucha. La ofensiva imperialista de Trump reactivó políticas abiertamente xenófobas contra los pueblos latinoamericanos: endurecimiento migratorio, deportaciones masivas y externalización de fronteras. México, Guatemala y Panamá funcionan como zonas de contención donde se criminaliza al migrante para satisfacer las demandas de Washington. Sin embargo, la migración también produce una internacionalización inédita del proletariado latinoamericano. Millones de trabajadores en Estados Unidos se convierten en una fracción decisiva del proletariado norteamericano, portadora de tradiciones de lucha y de una identidad transnacional. Las huelgas agrícolas en California o las protestas de servicios en Nueva York muestran cómo las luchas trascienden fronteras, reabriendo la vigencia práctica del internacionalismo proletario.

Burocracias sindicales y de movimientos sociales. Uno de los principales obstáculos para que estas resistencias se conviertan en una fuerza revolucionaria es el peso de las burocracias sindicales y las direcciones reformistas. En casi todos los países, estos aparatos funcionan como mediadores del Estado, amortiguando la lucha de clases y bloqueando la independencia política de la clase trabajadora. Sin embargo, comienzan a surgir coordinadoras combativas, sindicatos alternativos y asambleas intersectoriales que buscan nuevas representaciones. Se plantea la necesidad de impulsar programas de independencia de clase y autoorganización.

La subjetividad de la clase trabajadora. En medio de la crisis, puede perfilarse una nueva subjetividad política, en algunos países, se desarrolla una tendencia a la desconfianza hacia los partidos tradicionales, rechazo al régimen y búsqueda de alternativas por izquierda. No se trata aún de una tendencia de conjunto, pero sí de elementos de un cambio de clima ideológico. Esto en el marco que se desarrollan luchas, donde la cuestión está en cómo superar sus direcciones que traban su avance con sus propuestas frente populistas o limitadas a reformas no cuestionando de fondo el orden social que hace posible dominación del capital. Estos elementos y las peleas que tenemos que dar pueden tender a confluir con tradiciones socialistas y anticapitalistas. La recomposición subjetiva puede avanzar a partir de la experiencia directa y pueden potenciarse con la intervención de la izquierda revolucionaria que es a lo que apostamos desde la FT-CI.

Potencial y límites del nuevo ciclo de luchas. El balance de la lucha de clases en 2025 muestra una situación desigual y combinada: conflictividad en Argentina, Perú y Ecuador, y estabilidad tensa en Brasil y México. La ofensiva imperialista de Trump puede actuar como catalizador de una nueva oleada antiimperialista, como ocurrió con Reagan en los años 80, pero en un contexto más urbanizado, proletarizado y con experiencia acumulada de movilización. Las condiciones objetivas para un nuevo ciclo revolucionario maduran, pero su desarrollo dependerá de que la energía social dispersa se transforme en organización independiente, autoorganización y en una dirección revolucionaria capaz de responder a la magnitud del momento.

5. Perspectivas y tareas estratégicas, antiimperialismo e independencia de clase

La segunda presidencia de Trump no inaugura un ciclo estable, sino que marca un momento de ruptura o giro dentro de la crisis orgánica del capitalismo global. La ofensiva imperialista hacia América Latina refleja una hegemonía en declive que busca reafirmarse mediante la coerción y la subordinación de los Estados regionales. En este contexto, como afirmamos al principio, la región vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia mundial del capital: proveedora de recursos estratégicos, territorio de inversión y frontera de contención social. Pero es importante alertar y denunciar las “alternativas” multilaterales que, como China, algunos sectores levantan como salida o contrapeso a la ofensiva de Estados Unidos.

Desde nuestra perspectiva, América Latina se encuentra en la fase donde se acumulan las contradicciones y maduran las condiciones objetivas para agudos procesos políticos de lucha de clases, aunque su dinámica en clave progresiva dependerá de la capacidad de la clase trabajadora y los sectores explotados de organizarse de manera independiente y construir una dirección política revolucionaria, y romper los ciclos que hemos venido viviendo en las últimas décadas.

En la actual situación que afrontamos en América Latina con una escalada cada vez mayor de la agresión imperialista que incluye hasta el asedio y la amenaza militar que no veíamos en décadas, las banderas del antiimperialismo toman cada vez más fuerzas, siendo una cuestión clave de nuestro programa. El nivel de agresividad militar que presenciamos contra Venezuela, con constantes cambios bruscos, ponen a este país en el foco de nuestra lucha antiimperialista. Una lucha entrelazada, tal como lo venimos realizando junto a nuestros compañeros y compañeras de Estados Unidos, a la pelea por la unidad de la clase trabajadora del país imperialista y de América Latina. Por eso, desde las organizaciones que componemos la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI), venimos levantando con fuerza la denuncia y la agresión imperialista en Venezuela y llamamos a las organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda, a una gran campaña continental para derrotar esta nueva embestida imperialista.

Pero entendemos nuestro antiimperialismo desde la teoría de la Revolución Permanente, sin ceder a las variantes nacionalistas burguesas hoy por hoy ya más que degradadas, o las políticas de conciliación de las corrientes reformistas y estalinistas que se reciclan que ante la agresión imperialista toman cuerpo. Esta discusión no es abstracta, actualmente nos deparamos con corrientes que plantean que no hay que criticar al gobierno de Maduro ante la actual agresión imperialista como tampoco levantar medidas que afecten los intereses imperialistas en nuestros países en clave del programa de transición.

La coyuntura latinoamericana está marcada por una polarización cada vez más creciente. Los gobiernos de Lula, Petro, Boric o Sheinbaum, en sus distintas situaciones políticas, representan intentos de administrar el capitalismo dependiente con un discurso inclusivo tras estrategias de negociación de las migajas dentro del orden imperialista. En el otro polo, figuras como Milei, Noboa o Bukele encarnan la ofensiva del capital financiero y del autoritarismo posliberal de una extrema derecha reaccionaria. Ambos polos son complementarios: el fracaso del “progresismo” alimenta la reacción tal como vimos en la primera ola con Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Evo Morales, y la reacción legitima al “progresismo” como “mal menor”. El resultado es una oscilación sin salida que mantiene a las masas atrapadas entre frustración y miedo. La tarea es romper esa falsa dicotomía: ni restauración neoliberal ni “progresismo” impotente, sino independencia política de la clase trabajadora.

Frente a este escenario, la única perspectiva consecuentemente antiimperialista y anticapitalista es la independencia de clase. Esto lo viene a demostrar una vez más, el silencio cómplice de las formaciones y gobiernos progresistas, desde el peronismo en Argentina hasta el propio Lula en Brasil que afirma haber tenido recientemente una conversación «muy positiva» con Trump y que viene de señalar que el presidente estadounidense está «plenamente dispuesto» a cooperar con Brasil en la lucha contra el narcotráfico, apuntala la excusa de Estados Unidos para avanzar en su agresión sobre Venezuela. La experiencia histórica, desde los frentes populares hasta el ciclo “progresista” reciente, demuestra que toda subordinación de la clase trabajadora a la burguesía nacional conduce a la desmovilización y a la derrota. Sin independencia política, la resistencia se diluye en la administración del orden; con independencia de clase, puede transformarse en una fuerza estratégica capaz de abrir un camino hacia la emancipación revolucionaria.

Lograr fracciones revolucionarias en el movimiento obrero, estudiantil, de mujeres, ambientalista, que levanten la unidad de las causas de los diversos sectores de la clase obrera (ocupados, desocupados, precarizados, etc.), y la unidad de las aspiraciones y demandas de la clase obrera con las de los otros sectores oprimidos y explotados bajo el capitalismo. Una lucha indisolublemente ligada a la construcción de partidos revolucionarios internacionalistas y la de poner en pie organismos de autodeterminación de las masas que abran el camino a gobiernos de la clase trabajadora y los explotados en ruptura con el capitalismo y en transición al socialismo. Esto en la perspectiva de los Estados Unidos socialistas de América Latina y el Caribe.

NOTAS AL PIE

Editor de La Izquierda Diario (Venezuela) y miembro del Consejo Editorial de la Revista Estrategia Internacional. Internacionalista, autor de múltiples artículos y ensayos sobre política, economía, luchas sociales y cultura de América Latina y el Caribe y otras regiones desde la teoría marxista. Actualmente reside en Venezuela.