La creciente demanda de minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, esenciales para las tecnologías renovables, está impulsando una nueva fase de extractivismo intensivo en América Latina, con impactos significativos en los ecosistemas y las comunidades locales. Según informó la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) durante el conversatorio “Retos y Propuestas desde América Latina para la Construcción de una Transición Energética Justa”, la región enfrenta un panorama complejo en su intento por avanzar hacia una transición energética sostenible. Este proceso, que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, se ve obstaculizado por problemas estructurales, como la gobernanza minera y los riesgos de corrupción en la explotación de recursos.
El evento, realizado en Lima el 2 de abril, reunió a expertos de diversos países para analizar las implicancias de este proceso en un contexto global que exige cambios profundos. Hugo Che Piu, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que la transición energética no debe replicar las prácticas extractivas que han contribuido al cambio climático. En su intervención, destacó cómo las decisiones económicas de las potencias globales, como el reciente anuncio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un 10 % de aranceles adicionales al Perú, afectan directamente a la región.
De acuerdo con Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo de Bolivia, la dependencia de América Latina de los combustibles fósiles sigue siendo alarmante. En 2020, el 82 % del consumo energético mundial provenía de fuentes fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. En la región, el transporte es el sector que más energía consume, con una fuerte dependencia del diésel.
Velásquez explicó que, aunque algunos países producen hidrocarburos, otros, como Chile, dependen de las importaciones para abastecer sus centrales termoeléctricas. Por otro lado, Brasil y Argentina están incrementando su producción de petróleo y gas natural, respectivamente, con el objetivo de consolidarse como grandes exportadores. Brasil planea duplicar su producción de petróleo para 2030, mientras que Argentina ha registrado un crecimiento del 50 % en su producción de gas natural, impulsado por el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta.
En contraste, Bolivia, que en el pasado fue considerado un centro energético regional, enfrenta una caída significativa en la producción de gas natural y líquidos, lo que lo ha llevado a depender de importaciones. Según Velásquez, sin cambios fundamentales en las matrices energéticas nacionales, la región continuará demandando combustibles fósiles, perpetuando su dependencia y dificultando una transición energética efectiva.
La transición energética también está vinculada a una creciente demanda de minerales críticos, lo que podría desencadenar una nueva fase de extractivismo intensivo en América Latina. Telye Yurisch, economista de la Fundación Terram en Chile, señaló que esta situación genera impactos en los territorios y las comunidades locales, especialmente en áreas indígenas.
En el caso de Chile, que posee las mayores reservas de litio en el Salar de Atacama y es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, la gobernanza minera enfrenta serias debilidades. Yurisch advirtió que la institucionalidad minera del país no está preparada para gestionar la creciente demanda de estos minerales. Además, estudios de la Fundación Terram han identificado múltiples vulnerabilidades en la explotación del litio, incluyendo riesgos de corrupción. Empresas como SQM, que firmó un acuerdo con Codelco para explotar el Salar de Atacama durante 30 años más, han sido señaladas por prácticas cuestionables.
La explotación de litio en países como Chile, Bolivia y Argentina, basada en procesos de evaporación, genera un alto consumo de agua y afecta ecosistemas frágiles como los salares. Este modelo extractivo plantea serios desafíos para la sostenibilidad ambiental y social en la región.
Ariana Escalante, investigadora de la organización Fundar de México, destacó que, aunque se han promovido normativas para la extracción de minerales estratégicos destinados a tecnologías renovables, como los paneles solares, el consumo de combustibles fósiles no ha disminuido. Por el contrario, se ha duplicado en los últimos años, lo que pone en duda la efectividad de las políticas actuales.
Escalante subrayó que una transición energética no debe limitarse a una simple sustitución tecnológica. Cambiar combustibles fósiles por energías renovables sin cuestionar los modelos de negocio y las estructuras económicas subyacentes perpetúa desigualdades y no garantiza una transición justa. Este enfoque, según la experta, debe incluir una reflexión profunda sobre los impactos sociales y ambientales de las políticas energéticas.
El panel, que contó con la participación de expertos como Alejandra Alayza de Oxfam Perú, Vitor de Souza del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase) y Juan Luis Dammert del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI), coincidió en la necesidad de construir una narrativa regional sobre la transición energética. Según los especialistas, esta narrativa debe priorizar la sostenibilidad y la justicia social, en un entorno donde los minerales críticos han sido definidos por los centros industriales del norte global, sin considerar las perspectivas de las comunidades y los Estados proveedores.
El desafío, según los participantes, radica en generar reflexiones desde América Latina que permitan avanzar hacia una transición energética justa, que no solo reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también aborde las desigualdades estructurales y los choques ambientales asociados al extractivismo intensivo.
