Rara vez considerada una región prioritaria para la política exterior de Estados Unidos, América Latina ha pasado al primer plano durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. Profundos recortes a la asistencia estadounidense, amenazas de retomar el control del Canal de Panamá y de intervenir militarmente en México, la imposición de fuertes aranceles a México, así como a Canadá y posteriormente al resto del mundo, y la externalización —en algunos casos ilegal— de las responsabilidades de Estados Unidos en materia migratoria y de protección, presentan a los países latinoamericanos con una nueva y compleja era en su relación con Washington. A nivel interno, la relación de la administración con el gobierno autoritario de El Salvador se encuentra en el centro de una de las crisis constitucionales más graves en la historia moderna de Estados Unidos.
El presidente Trump ha iniciado su segundo mandato a un ritmo frenético, emitiendo más de 135 órdenes ejecutivas en sus primeros cien días. Este torrente de directivas presidenciales ha impactado prácticamente todos los aspectos del gobierno federal, como parte de una estrategia deliberada para “inundar el terreno” y mantenerse a la ofensiva. Las acciones de la administración ya han generado cambios profundos en la política exterior estadounidense.
Aparte de los drásticos recortes a la ayuda exterior estadounidense y la destrucción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la propuesta de reestructuración del Departamento de Estado presentada por Trump eliminaría 132 oficinas de la agencia, lo que afectaría especialmente a la promoción de la democracia y los derechos humanos. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, impuesto por el Congreso en 1975 mediante enmiendas a la Ley de Asistencia Exterior y ampliado en 1979 para incluir a todos los países, se “racionalizaría”, aparentemente eliminando las referencias a la diversidad, la equidad y la inclusión, las secciones sobre la corrupción gubernamental, los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI+, así como sobre los gobiernos que niegan la libertad de circulación y de reunión pacífica. El equipo de Trump está desmantelando las iniciativas climáticas federales dentro de la política interior y exterior de Estados Unidos, al tiempo que desmantela las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, dejando desprotegidas a las comunidades vulnerables.
Al mismo tiempo, con las fronteras estadounidenses cerradas a quienes solicitan asilo y sin admisión de personas refugiadas en el país, decenas de miles de personas que necesitan protección internacional se han quedado abandonadas a su suerte, mientras que otras han sido enviadas ilegalmente, e incluso encarceladas, a terceros países. Los funcionarios de Trump también han dejado claro el desprecio de la administración por las Naciones Unidas y el derecho internacional, los cuales consideran restricciones ilegítimas a la soberanía y el poder de Estados Unidos. En conjunto, estas medidas señalan un retroceso dramático del papel que Estados Unidos ha profesado durante mucho tiempo de apoyar los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, y podrían tener repercusiones durante las próximas décadas.
Si bien las medidas del gobierno han sido bien recibidas por los líderes latinoamericanos considerados “amigos” de la nueva administración, la vorágine de declaraciones y acciones de Trump en estos primeros meses de su segundo mandato ha sido recibida con inquietud y consternación por otros, incluyendo a la sociedad civil y las organizaciones de libertad de prensa de toda la región. Muchas de estas organizaciones no solo han perdido fondos estadounidenses cruciales, sino que ahora temen que la administración Trump se quede callada en lugar de denunciar los ataques en su contra o, peor aún, que exprese el apoyo de Estados Unidos a los gobiernos que están ejerciendo su poder contra la sociedad civil.
El equipo de Trump aún no ha presentado al Congreso su propuesta detallada de presupuesto para el año fiscal 2026, en la que se establecen las prioridades de la nueva administración en materia de ayuda exterior. Cuando el Congreso aborde los proyectos de ley de gastos para el año fiscal 2026 (FY2026), incluidas las asignaciones para la ayuda exterior, el debate se desarrollará en medio de una enorme incertidumbre: la administración Trump no ha mostrado ningún compromiso de cumplir las directrices de financiación impuestas por el Congreso, mientras que los líderes republicanos del Congreso han guardado silencio en gran medida sobre los recortes a la ayuda exterior y el desmantelamiento de USAID. A continuación, WOLA expone algunos de los impactos más significativos en América Latina de los primeros días de Trump 2.0.
Amigos y adversarios en América Latina
Cuando recientemente se le preguntó al Secretario de Estado Marco Rubio sobre el aparente giro de la administración hacia el hemisferio occidental, él destacó a los países de la región considerados amigos de Estados Unidos y la creencia, compartida por otros líderes republicanos en el Congreso, de que estos líderes eran ignorados con demasiada frecuencia por la administración Biden que, al mismo tiempo, era demasiado indulgente con los enemigos de Estados Unidos. “Durante mucho tiempo, si usted era un aliado de Estados Unidos o pro-estadounidense en la región, le ignorábamos y, en algunos casos, incluso le tratábamos mal… Hicimos acuerdos con gente que nos odiaba y descuidábamos o, a veces, éramos abiertamente hostiles con los países que eran pro-estadounidenses. Así que hemos dado un giro de 180 grados”.
Entre los países mencionados por Rubio como amigos se encuentran: Guyana, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador y la República Dominicana. Otros países, como México, donde la administración tiene “cuestiones difíciles que resolver”, probablemente se encuentren en un término medio. Aunque no se menciona explícitamente, el Gobierno de Guatemala también parece disfrutar de relaciones favorables con la administración Trump, a juzgar por la positiva visita de Rubio al presidente Bernarndo Arévalo en febrero, al igual que el recién reelegido presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El presidente argentino, Javier Milei, cuya ideología y visión del mundo coinciden en gran medida con las de Trump, sigue siendo un aliado cercano, a pesar de que el país se vio afectado por un arancel del 10 por ciento, al igual que prácticamente todos los demás países del mundo. Si bien Colombia sigue siendo fundamental para los intereses de Estados Unidos, las relaciones con el Presidente Gustavo Petro son tensas, como lo demuestra la desagradable pelea entre Petro y Trump en X, que se intensificó rápidamente en enero.
El enfoque de la administración Trump hacia los tres países que Rubio ha señalado como “enemigos de la humanidad” —Cuba, Nicaragua y Venezuela— ha sido confuso. Por un lado, ha adoptado una postura dura: revirtiendo, como era de esperar, los cambios de última hora de la administración Biden en su política hacia Cuba, incluyendo la reincorporación del país a la lista de países patrocinadores del terrorismo; añadiendo a 250 funcionarios del régimen de Ortega-Murillo a su lista de restricciones de visados de Nicaragua; y revocando las licencias para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos, al tiempo que impone aranceles aduaneros “a todos los productos importados a Estados Unidos desde cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directamente desde Venezuela o indirectamente a través de terceros”.
Más allá de estas medidas, la administración Trump no parece tener una hoja de ruta clara para apoyar los derechos humanos o encontrar vías hacia la transición democrática en estos países. Al mismo tiempo, la administración Trump ha restringido las protecciones legales para las personas ciudadanas de estos regímenes represivos que ha llegado recientemente a Estados Unidos, incluyendo el intento de cancelar el estatus de todas las personas que entraron en el país bajo el proceso de libertad condicional humanitaria para Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, y de poner fin al Estatus de Protección Temporal para las personas venezolanas. Ambas medidas han sido suspendidas por los tribunales estadounidenses, pero los intentos de la administración de poner fin a estas vías legales no indican una preocupación real por enviar a las personas de vuelta a países dirigidos por “enemigos de la humanidad” con el fin de cumplir la promesa electoral de Trump de deportaciones masivas.
Entrevistas recientes con Rubio también apuntan a un enfoque diferenciado de la política exterior estadounidense, que no solo favorece a quienes son pro.estadounidenses y comparten opiniones conservadoras, como restringir el acceso al aborto y recortar el apoyo a la diversidad y la protección de los grupos vulnerables, sino también lo que se considera de interés nacional de Estados Unidos, liderado por un “Departamento de Estado America First”. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, Rubio ha comentado: “Es la migración, es la droga, es la esperanza de que los países sean prósperos para que la gente no emigre aquí y no se una a los cárteles de droga”. Lo mismo podría decirse de México y otros lugares. Independientemente del país, lo que parece claro es que la administración Trump ya no considera los derechos humanos una prioridad de la política exterior estadounidense, ya sea a través de la diplomacia, los informes o la ayuda financiera.
Una campaña de miedo militarizada contra las personas migrantes
El odio hacia la población migrante ha sido el principal factor que ha motivado la política exterior de la administración Trump hacia América Latina hasta ahora. Los primeros 100 días han estado marcados por una campaña cada vez más intensa contra una población vulnerable cuya contribución económica a Estados Unidos es desproporcionadamente grande y cuya responsabilidad por los delitos cometidos en Estados Unidos es desproporcionadamente pequeña.
Las personas migrantes en Estados Unidos, incluidas muchas con estatus documentado y hogares con estatus mixto, viven con miedo. La gran mayoría de la población sin documentos en Estados Unidos, estimada en 11 millones en 2022, procede de América Latina (7,87 millones), al igual que las personas con documentación precaria beneficiarias del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), las personas titulares del Estatus de Protección Temporal y las personas beneficiarias de la libertad condicional humanitaria.
Y la prometida ofensiva de deportaciones masivas aún no ha comenzado en serio. Eso no sucederá hasta que la administración tenga el dinero y el personal para llevarla a cabo. Para ello, será necesario que el Congreso, de mayoría republicana, apruebe un proyecto de ley de financiación de una magnitud asombrosa, lo que hará en virtud de una norma raramente invocada denominada «Reconciliación», que le permitirá aprobarlo sin un solo voto demócrata. También podría significar embarcarse en lo que podría ser la mayor misión interna, en territorio estadounidense, del ejército de los Estados Unidos desde la Guerra Civil.
El proyecto de ley de reconciliación comenzará a tramitarse en el Congreso durante los últimos días de abril. Aún no conocemos todos los detalles, pero sabemos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría recibir hasta US$175 mil millones de dólares para invertir en iniciativas de refuerzo de las fronteras y deportaciones masivas durante los próximos 10 años, la mayor parte de los cuales se destinarán a los próximos años. Esa cantidad media anual de $17.5 mil millones de dólares es superior al presupuesto anual combinado actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Ya sabemos que el ICE está buscando contratistas para ejercer un valor de $45 mil millones en capacidad de detención durante dos años, seis veces el presupuesto actual. Y el proyecto de ley de reconciliación podría incluir muchos miles de millones más para deportaciones masivas en los presupuestos de los Departamentos de Defensa y Justicia.
Incluso con los niveles de financiación actuales, las detenciones de personas migrantes —más de la mitad de ellas sin condenas penales— han aumentado drásticamente en todo el país. Los centros de detención gestionados de forma privada por el ICE ya superan el 110% de su capacidad, y se han reabierto las instalaciones de «detención familiar». Aunque los litigios han logrado, al menos temporalmente, importantes bloqueos, la maquinaria de detención y deportación podría verse alimentada por las abruptas cancelaciones por parte de la administración de los estatus documentados concedidos por la administración Biden, incluyendo los permisos humanitarios, los permisos para personas que concertaron citas «CBP One» en los puertos fronterizos de entrada y los estatus de protección temporal.
La administración ha cerrado efectivamente el sistema de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, en violación de la Ley de Refugiados de 1980, que establece que las personas que se encuentran en territorio estadounidense y expresan temor a la muerte o a la persecución tienen derecho a un proceso justo. Una orden ejecutiva pretende justificar esta medida con un argumento espurio, actualmente impugnado en los tribunales, según el cual las personas migrantes —que carecen de líderes, están desorganizadas, desarmadas y suelen tener necesidades humanitarias— constituyen de alguna manera una «invasión». La desaparición del asilo ha supuesto una caída brusca y artificial del número de personas solicitantes de asilo detenidas en la frontera, lo que los partidarios de la administración e incluso algunos medios de comunicación simplistas han presentado como un “éxito”.
Con el fin de sembrar aún más el miedo entre la población migrante, durante sus primeros 100 días, la administración comenzó a enviar a personas que son de países que no aceptan muchas deportaciones a terceros países. Miles de personas no mexicanas han sido empujadas a través de la frontera hacia México. Doscientas personas procedentes de África, Asia y Europa del Este fueron enviadas ilegalmente a Costa Rica, y otras 299 personas de estas regiones fueron enviadas a Panamá, a pesar de sus necesidades de protección. Dos meses después, más de 200 personas permanecen en esos dos países en una situación precaria porque temen por sus vidas si son devueltas a sus países de origen.
A ello hay que añadir, por supuesto, las 288 personas — de las que tenemos constancia— procedentes de Venezuela y El Salvador que se encuentran ahora en la megaprisión CECOT de El Salvador, enviadas allí desde los centros de detención del ICE sin haber recibido un proceso justo, sin esperanza de ser liberadas ni de contactarse con el mundo exterior, y sin fecha prevista para el fin de su confinamiento ilegal. Muchos de los venezolanos eran solicitantes de asilo, y la administración aún no ha presentado ninguna prueba de sus actividades delictivas en Estados Unidos. El gobierno invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por cuarta vez en la historia para enviar a 137 de los venezolanos sin el debido proceso, desafiando una orden judicial. Los demás migrantes tenían órdenes de deportación definitivas y, aunque la legislación estadounidense no prohíbe las expulsiones a terceros países en algunos casos, ninguna ley permite que se produzcan sin evaluar las necesidades de protección, y absolutamente ninguna ley permite los traslados extrajudiciales indefinidos a prisiones extranjeras.
La lista de víctimas inocentes conocidas de estas entregas es larga. Incluye a Kilmar Abrego García, un salvadoreño padre de tres hijos de Maryland, cuya expulsión el ICE incluso ha admitido que fue un error, pero a quien la administración Trump ahora difama como terrorista y se niega a sacar de El Salvador. Incluye a Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano gay, aparentemente entregado al CECOT porque tiene tatuajes que dicen «Mamá» y «Papá». A pesar de ello, la administración insiste en que estas y muchas otras personas tienen vínculos con pandillas violentas, sin presentar ni una sola prueba.
Y luego están las más de 400 personas que, sin otra razón aparente que sembrar el miedo entre la comunidad migrante, la administración Trump ha enviado a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, con un coste estimado de más de US$40 millones. Aunque la mayoría de las personas han sido trasladadas fuera, unas 40 siguen allí. En las instalaciones militares, la mayoría se encuentran en el Campamento 6, la terrible prisión construida para albergar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los pocos informes que han salido a la luz revelan que las personas detenidas están gravemente desnutridas, recluidas en régimen de aislamiento, escuchan los gritos de los demás y un día de febrero, seis de ellas fueron atadas a sillas de inmovilización para evitar que se autolesionaran.
Esto forma parte de un uso mayor, e histórico por su tamaño, de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra las personas migrantes. Según se ha informado, la administración está enviando 9600 soldados en servicio activo a la frontera. Si se incluye al personal de la Guardia Nacional y a los agentes de la Patrulla Fronteriza, hay 4,6 efectivos uniformados por cada persona migrante detenida por la Patrulla Fronteriza en marzo. La administración ha desplegado vehículos de combate Stryker, aviones de inteligencia y drones, así como destructores navales con misiles guiados en los océanos cercanos a las dos fronteras costeras con México.
La administración planea utilizar bases militares como espacios para detener a personas migrantes. Se están utilizando aviones militares para las deportaciones. Se espera que las fuerzas armadas desempeñen un papel importante en la logística de las deportaciones masivas, ya que el ICE simplemente no cuenta con suficiente personal.
Esto, junto con una posible invocación futura de la Ley de Insurrección de 1807 —que otorga al presidente amplia libertad para utilizar el ejército contra lo que considere disturbios del orden público— podría conducir a una deformación histórica del papel mínimo y apolítico del ejército estadounidense en el ámbito interno. Esto, a su vez, sentará un terrible precedente en las relaciones entre civiles y militares en América Latina, una región en la que la mayoría de los países apenas salieron de dictaduras militares en los últimos 40 años.
La inminente escalada de la «guerra contra las drogas»
El 3 de abril, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca anunció las prioridades de la administración Trump en materia de política de drogas. La prioridad principal es «Reducir el número de muertes por sobredosis, con especial atención al fentanilo». Como contexto, Trump asumió el cargo en medio de la primera disminución de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos en cuatro décadas: los datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos muestran una caída del 24 por ciento en este tipo de muertes en el periodo de 12 meses comprendido entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.
La administración Trump ha heredado así los primeros signos positivos en años con respecto a la terrible crisis de sobredosis de drogas que atraviesa el país, y los propios datos del gobierno apuntan a que las medidas basadas en la salud pública son fundamentales para reducir las muertes relacionadas con el fentanilo ilícito y otras drogas. Los CDC atribuyen el descenso a múltiples factores, entre los que destacan «la distribución generalizada y basada en datos de naloxona» (un medicamento que revierte las sobredosis) y «un mejor acceso a tratamientos basados en la evidencia para los trastornos por consumo de sustancias», entre otras políticas de prevención y respuesta.
A pesar de la buena noticia de que las muertes por sobredosis están disminuyendo, el descenso es aún incipiente y el número de personas estadounidenses que mueren por sobredosis de drogas sigue siendo alarmantemente alto, con 87 mil muertes en el periodo de 12 meses comprendido entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Por lo tanto, lograr nuevas reducciones en las muertes por sobredosis debe ser una prioridad máxima de la política de drogas, y la intención declarada de la ONDCP de «ampliar el acceso a la educación sobre la prevención de sobredosis y a medicamentos que salvan vidas, como la naloxona, para revertir las sobredosis de opioides» es un objetivo respaldado por la evidencia y con un apoyo creciente en todo el país. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha informado de que la administración Trump también está proponiendo recortes masivos en los gastos de salud y de la red de seguridad social, incluida la eliminación de un programa de subvenciones que apoya la distribución de naloxona.
Peor aún, en sus primeros 100 días la mayor parte de la retórica y las medidas de Trump sobre el fentanilo fabricado ilegalmente y otras drogas ilegales se ha centrado en intensificar las tácticas probadas y fallidas de una “guerra contra las drogas” basada en operaciones policiales y militares que buscan cortar el suministro de drogas ilícitas.
La mayor parte de la guerra contra las drogas de Trump se ha centrado en México, dada la predominancia de las organizaciones con sede en ese país en la fabricación y el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos. Pero la administración también ha señalado su disposición a presionar al gobierno de Petro en Colombia para que tome medidas enérgicas contra el cultivo de coca, con la amenaza inminente de «descertificación» y sanciones. Al mismo tiempo, los funcionarios de Trump parecen ansiosos por apoyar a Ecuador con inyecciones de ayuda en materia de seguridad para reforzar la guerra del presidente Noboa contra el narcotráfico y el crimen organizado. En 2024, Noboa declaró a Ecuador en estado de conflicto armado interno, desatando al ejército para perseguir a las bandas criminales y restringiendo la protección de los derechos humanos.
En su enfoque sobre México, Trump ha amenazado e impuesto parcialmente aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos como medida supuestamente destinada a obligar a México a «detener» la entrada de drogas ilícitas (y la migración indocumentada) en la frontera sur de Estados Unidos. La respuesta de México a esta presión ha incluido el envío de tropas militares adicionales a su lado de la frontera, ya militarizado.
Según se informa, la administración Trump también está evaluando la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México. En febrero, el Departamento de Estado designó a seis grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Si bien esto no autoriza una intervención militar, puede verse como un indicador de que se está considerando seriamente dicha intervención. Múltiples informes de prensa publicados en abril sugirieron que la administración Trump está discutiendo la posibilidad de llevar a cabo ataques con drones contra personas e instalaciones en México.
Los ataques con drones presentan riesgos evidentes de causar daños a la población civil sin ofrecer ninguna perspectiva razonable de reducir de manera significativa o sostenible la producción de drogas en México o la disponibilidad de drogas en Estados Unidos. Al igual que décadas de una guerra contra las drogas a menudo militarizada en la región no han logrado frenar el suministro de drogas ilícitas, mucho menos cabe esperar que los ataques militares estadounidenses aporten soluciones.
Además, si esos ataques se llevarán a cabo de forma unilateral, sería difícil exagerar las amplias repercusiones negativas que tendrían en las relaciones entre Estados Unidos y México. Entre otras consecuencias, probablemente socavarían cualquier posibilidad de cooperación con el gobierno mexicano en medidas que podrían debilitar de forma sostenible el poder del crimen organizado, como la lucha contra la impunidad, la corrupción y el flujo de armas estadounidenses hacia los cárteles mexicanos. Mientras los funcionarios de Trump consideran la posibilidad de lanzar ataques con drones u otras formas de acción militar estadounidense en México, es importante señalar que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está tomando medidas para disolver las oficinas del Pentágono encargadas de prevenir y responder a los daños a la población civil durante las operaciones de combate de Estados Unidos.
Causando caos en la ayuda internacional de EE. UU.
Como indicó WOLA en enero, incluso una pausa en la ayuda exterior gestionada por el Departamento de Estado y USAID para América Latina y el Caribe —que ascendió a poco más de US$2 mil millones en el año fiscal 2023, el año más reciente para el que se dispone de cifras reales— causó un daño irreparable. Ya con la congelación, más del 70% de las 115 organizaciones que trabajan en materia de inmigración, derechos humanos en general, gobernanza/transparencia, fortalecimiento de la sociedad civil o derechos de las mujeres en América Latina, encuestadas por WOLA a finales de enero y principios de febrero, informaron que tendrían que recortar proyectos y reducir personal y/o consultores.
La revisión de 90 días anunciada, que según se informa se ha prorrogado otros 30 días, ha dado lugar al desmantelamiento de la mayor parte de la infraestructura de ayuda internacional de Estados Unidos, así como a una confusión constante sobre el número de programas y contratos que se están cancelando. Un documento de finales de marzo sobre el estado de los programas de USAID, enviado al Congreso de los Estados Unidos y obtenido por Politico, reveló que más del 85 por ciento de las subvenciones de USAID en todo el mundo habían sido canceladas, por un total de más de $27,7 mil millones. Aunque algunos programas parecen haberse conservado, el impacto global en la ayuda humanitaria y sanitaria mundial ha sido devastador. Solo tres programas que incluyen la palabra «clima», relacionados principalmente con la ayuda alimentaria, han sobrevivido a los recortes. También se eliminaron los 12 programas que abordaban la violencia de género a nivel mundial. Además, y como reflejo de las prioridades generales de la administración, el apoyo a la democracia y los derechos humanos en todo el mundo a través de USAID ha desaparecido prácticamente por completo. Una búsqueda de la palabra «democracia» en la tabla proporcionada al Congreso sugiere que solo se mantuvieron dos programas de democracia a nivel mundial, ambos destinados a Cuba, mientras que el único programa sobreviviente de apoyo a los derechos humanos también era para trabajo sobre Cuba.
Un análisis de WOLA que filtró los datos de todos los programas de USAID que mencionan específicamente a América Latina y el Caribe o a países concretos (lo que excluye los programas globales que podrían haber beneficiado a América Latina) identificó programas cuyo coste plurianual ascendía a $6,67 mil millones. De esa cantidad, la administración Trump ha eliminado el 84 por ciento, lo que deja un compromiso plurianual de solo $1,04 mil millones, de los cuales $122 millones siguen sin comprometerse.
Según la nueva reestructuración del Departamento de Estado, USAID se está incorporando al Departamento de Estado con 869 personas empleadas, según se informa, de una agencia que en su día llegó a emplear a más de 10.000, principalmente para apoyar «programas de ayuda estratégica y vital». Y aunque los mayores recortes y el mayor impacto en la futura implementación de la ayuda exterior de Estados Unidos afectan a la USAID (una agencia cuyos fondos se asignan específicamente en el Título II de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado), la cancelación de la financiación también ha afectado a otras agencias del Departamento de Estado.
Un análisis de WOLA filtró los datos de todos los programas gestionados por oficinas y departamentos del Departamento de Estado no pertenecientes a la USAID que mencionaban específicamente a América Latina y el Caribe o a países concretos (esto excluye los programas globales que podrían haber beneficiado a América Latina). Identificamos programas cuyo coste plurianual ascendía a $1,96 mil millones. De esa cantidad, la administración Trump ha eliminado el 22 por ciento, lo que deja un compromiso plurianual de $1,54 mil millones.
La reducción de la financiación a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), donde se habían comprometido más de $543 millones en fondos para el hemisferio occidental solo en el año fiscal 2023, ha cerrado los programas de regularización de diferentes gobiernos, reducido el apoyo del ACNUR a los sistemas de asilo y puesto fin a gran parte de la asistencia humanitaria y jurídica prestada a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes por la sociedad civil y las organizaciones internacionales en la región. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL), que también proporciona un apoyo fundamental a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, también ha sufrido recortes. En virtud de la reestructuración propuesta, que en parte deberá ser aprobada por el Congreso, tanto la PRM como la DRL pasarían a depender de un nuevo coordinador de Asistencia Exterior y Humanitaria. (Anteriormente dependían del subsecretario de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, cuyo cargo está previsto suprimir). Se eliminará la «L» de DRL, que pasará a denominarse Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y la Libertad Religiosa.
La administración no ha recortado profundamente la ayuda de gobierno a gobierno de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que consiste en gran parte en equipamiento y formación para las fuerzas de seguridad uniformadas dentro del antiguo marco de la «guerra contra las drogas». Por otra parte, ha reducido drásticamente los programas de ayuda no reembolsable de la INL que tenían por objeto proteger a la población y debilitar la delincuencia organizada mediante iniciativas de reforma judicial y de seguridad ciudadana.
La administración Trump también ha tomado medidas adicionales para desmantelar el resto de la infraestructura de ayuda exterior. Ha intentado desmantelar la Fundación Interamericana, que en los últimos años recibió alrededor de $47 millones anuales en fondos del Congreso, principalmente para un modelo innovador de programas de desarrollo de base, así como la Fundación para el Desarrollo de África y la Corporación del Desafío del Milenio (MCC). Otras instituciones sin ánimo de lucro creadas por el Congreso que también concedían subvenciones a organizaciones de la sociedad civil para apoyar a la democracia, los derechos humanos y la paz, incluso en América Latina —la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y el Instituto Estadounidense de la Paz (USIP)— se han visto privadas del acceso a los fondos comprometidos o asignados por el Congreso, en el caso de la primera, o han sido absorbidas por miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en el caso de la segunda.
Las repercusiones de los recortes de la ayuda en toda la región han sido generalizadas. En México, los programas de USAID que han sido cancelados incluyen incluso proyectos en áreas vinculadas a las prioridades de la administración Trump, como la lucha contra la delincuencia. Entre ellos figuran programas para impedir el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales transnacionales y para mejorar la eficacia y la rendición de cuentas de las instituciones judiciales mexicanas. Otras actividades canceladas en México incluyen iniciativas contra la corrupción, proyectos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos (incluidas medidas para abordar la crisis de desapariciones en México), programas contra el feminicidio y labores de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Aunque muchos de los programas de USAID en Guatemala se han mantenido, probablemente como resultado de la visita de Rubio al presidente guatemalteco Arévalo y a USAID Guatemala en febrero, el gráfico presentado al Congreso solo señala un proyecto restante que se centra en abordar la impunidad en el país. En Honduras, donde se celebrarán elecciones generales en noviembre de 2025, se ha suspendido la observación electoral interna por parte de grupos interdisciplinarios, como iglesias y universidades, debido a los recortes. Esto también ha afectado a las propias instituciones electorales, como el Consejo Nacional Electoral, que recibía asistencia técnica para garantizar unas elecciones libres y justas.
En toda Centroamérica, los medios de comunicación independientes y las organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos, la democracia, la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción han tenido que recortar personal y operaciones. En una encuesta informal realizada por WOLA a 21 organizaciones asociadas en Centroamérica, más del 90 por ciento se había visto afectada por la eliminación de la financiación de USAID: el 70 por ciento tuvo que recortar personal, la mitad informó de un grave impacto en su presupuesto y otro 25 por ciento informó de un impacto muy grave en su presupuesto.
En el caso de Colombia, se estima que el 40 por ciento de los fondos de USAID se destinó a atender las necesidades de las personas migrantes venezolanas, lo que ahora se ha reducido a dos programas. El programa de derechos humanos de USAID reforzó la capacidad de las instituciones colombianas para prevenir y proteger contra las violaciones de los derechos humanos, fortalecer los sindicatos y los derechos laborales, impartir justicia a las personas en regiones en conflicto y aplicar políticas y servicios relacionados con el género. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió fondos para promover el desarrollo sostenible a través de los derechos humanos, implementar el marco de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, mejorar la igualdad y combatir la discriminación, proteger el espacio cívico, proporcionar apoyo técnico y fortalecer la respuesta de las instituciones colombianas a las violaciones de los derechos humanos. Este apoyo fue vital para Colombia, donde el Instituto para la Paz y el Desarrollo (INDEPAZ) informa que, desde enero de 2024 hasta el 14 de marzo de 2025, los grupos armados ilegales cometieron 90 masacres (con un total de 343 víctimas) y asesinaron a 211 líderes sociales.
En su discurso del 4 de marzo ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Trump se enorgulleció de poner fin al programa quinquenal de $60 millones para las comunidades indígenas y afrocolombianas (ACIP), como parte de los esfuerzos de DOGE para recortar el gasto estadounidense. El proyecto, gestionado por ACDI/VOCA, apoyaba la implementación del Capítulo Étnico del acuerdo de paz de 2016. Los fondos se destinaron a la creación de la Juntanza Étnica para fortalecer 113 organizaciones étnicas e indígenas locales con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible y la paz en los territorios de sus comunidades. El programa ACIP formó 44 alianzas público-privadas, creó el primer Consejo Asesor Empresarial para la Inclusión Étnica y fortaleció la Plataforma Empresarial del Pacífico.
Según ACDI/VOCA, hasta 2024, más de 29.000 personas de grupos étnicos se beneficiaron del programa, el 58 por ciento de quienes participaron eran mujeres, para desarrollar su espíritu emprendedor y su liderazgo, y se movilizaron $35 millones de entidades privadas, públicas y étnicas, lo que permitió ejecutar más de 80 proyectos en 31 municipios de toda Colombia.
Ni siquiera Venezuela, un país en el que existe un consenso bipartidista sobre el carácter autoritario de su gobierno, así como preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos, se libró. Entre los años fiscales 2017 y 2024, el Gobierno de Estados Unidos proporcionó más de $3,50 mil millones en ayuda humanitaria a Venezuela y a los países que acogen a personas venezolanas. En el mismo periodo, la ayuda a la democracia, el desarrollo y la salud en Venezuela ascendió a unos $336,2 millones. Muchos programas financiados por Estados Unidos, más allá de proporcionar ayuda humanitaria, buscaban apoyar los esfuerzos para la integración de las personas migrantes y refugiadas en otros países, lo que en cierta medida tenía como objetivo prevenir su migración a Estados Unidos. La mayoría de esos programas han sido ahora cancelados.
La congelación de la ayuda pone igualmente en grave peligro la situación de la sociedad civil y la preservación del espacio cívico, ya que el régimen venezolano ha promulgado un proyecto de ley destinada a paralizar la capacidad de actuación de las ONG, tipificando como delito, de manera más general, a las organizaciones cívicas y los medios de comunicación independientes que reciben financiación de fuentes extranjeras y, en particular, de fuentes estadounidenses. Muchas organizaciones venezolanas que reciben apoyo de Estados Unidos no han hecho público que son receptoras de fondos por motivos de seguridad. La paralización de la financiación destinada por el Congreso a programas en favor de la democracia favorece en última instancia los esfuerzos de Maduro por consolidar un régimen autoritario.
Aparte del impacto en las organizaciones y los medios de comunicación venezolanos, los recortes a USAID y el impacto en la financiación de la NED también han restringido las operaciones de la prensa independiente de Cuba y Nicaragua, que opera principalmente en el extranjero.
Los próximos 100 días
Tras estos primeros 100 días tumultuosos, en los próximos meses, el Congreso comenzará a debatir las prioridades del presupuesto y los niveles de financiación para el año fiscal 2026. La administración Trump ya ha hecho caso omiso de las directrices de ayuda internacional establecidas por ley y ha buscado desmantelar instituciones creadas por el Congreso, como USAID, USIP y la Fundación Interamericana. Si bien todas estas medidas están siendo impugnadas en los tribunales, los próximos meses pondrán al Congreso en el punto de mira. Con el Partido Republicanos controlando tanto la Cámara de Representantes como el Senado, queda por ver si los líderes del GOP harán valer los poderes constitucionales del Congreso para establecer las prioridades de financiación, incluso si van en contra de los deseos de Trump, y en qué medida lo harán.
Más allá de su función constitucional fundamental de determinar el presupuesto federal, el Congreso es el foro nacional para debatir y aprobar leyes que aborden las necesidades y demandas del país, como los proyectos de ley ya propuestos para otorgar estatus legal a diversas poblaciones migrantes en Estados Unidos. Además, la supervisión del Congreso será esencial para solicitar información sobre las acciones del ejecutivo, como el acuerdo alcanzado con el gobierno de Bukele en El Salvador para recibir migrantes sin el debido proceso. Los miembros del Congreso también pueden seguir oponiéndose a la acción militar unilateral contra México, alzar la voz en favor de las personas defensoras de los derechos humanos, las personas periodistas y otras personas activistas en situación de riesgo, y trabajar para promover la paz en Colombia.
Además de los efectos de la reducción de la ayuda estadounidense, América Latina tendrá ahora que prepararse para las consecuencias de las políticas que la nueva administración estadounidense ya ha puesto en marcha y para la probabilidad de que el propio Trump siga tomando decisiones impulsivas. La región se enfrenta a la deportación de posiblemente millones de sus ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos y a la correspondiente reducción de las remesas, así como a la incertidumbre económica derivada de los aranceles estadounidenses. Los líderes latinoamericanos tendrán que sortear estos retos mientras lidian con un presidente estadounidense voluble, con un estilo transaccional y propenso a las amenazas y la intimidación. Los gobiernos liderados por «amigos» de la administración probablemente se beneficiarán de la relación y perseguirán objetivos afines, como la reducción de las protecciones medioambientales y el fin de la «ideología de género» y el apoyo a la diversidad, la equidad y la inclusión. Los gobiernos autoritarios también están celebrando el retroceso de Estados Unidos en su apoyo a la democracia y los derechos humanos y están intensificando sus esfuerzos para reprimir la disidencia, mientras que otros líderes prometen investigar a los receptores de fondos de la USAID.
En este contexto, debemos tener presente que la sociedad civil latinoamericana tiene una rica experiencia en la defensa de los derechos humanos y en la labor de restablecimiento de la democracia tras décadas de dictaduras y guerras. A medida que la política exterior estadounidense entra en una nueva era bajo Trump 2.0, las organizaciones de la sociedad civil de todo el hemisferio deberían evaluar sus estrategias de incidencia para adaptarse al momento actual, examinando las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en la región y en el mundo. Será esencial construir nuevas relaciones y fortalecer las alianzas para defender los logros del pasado y resistir una mayor erosión de las normas democráticas y el estado de derecho.
