El decreto 647/25 con el que Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario encendió la chispa de una nueva oleada de movilizaciones en defensa de la educación pública en todo el país. Lo que ya se anticipaba como un escenario posible terminó por confirmarse, reafirmando que el Ejecutivo nacional desoyó (por segunda vez) el amplio consenso parlamentario que había dado luz verde a la norma.
En Salta, la respuesta no se hizo esperar. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias comenzaron a organizar un plan de lucha que ayer tuvo su primera expresión con un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Este viernes se sumarán al paro nacional universitario convocado tras la decisión presidencial.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (Adiunsa) definió además jornadas de visibilización en los distintos predios de la Universidad. “¡Sumate a defender la universidad pública!”, cerró en un comunicado difundido apenas conocido el veto.
Mientras que, la Asociación de Personal No Docente de la UNSa (Apunsa) también anunció la adhesión a la medida de fuerza: “Este viernes 12/9 los y las No Docentes paramos. El Poder Ejecutivo Nacional una vez más vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Nos unimos, solidariamente y organizados en defensa de nuestros derechos y de los derechos de toda la patria”.
La política salteña responde
El veto también movilizó a referentes políticos de distintos espacios que salieron a fijar posición. El intendente de Salta, Emiliano Durand, dejó sentada su postura, exigiendo «Educación pública de calidad. Salud pública de calidad. Un Estado bien administrado y eficiente». Dijo que anhela «un país de oportunidades para todos y no para pocos» y que todo ello «se logra con inversión en educación, investigación, ciencia y desarrollo».
Y expresó que la «verdadera libertad no es el sálvese quien pueda: la verdadera libertad es tener educación. Cuanto menos educada está una persona, más dependiente es”.
Por su parte, Juan Manuel Urtubey, candidato a senador por Fuerza Patria, expresó en sus redes sociales, que «sin recursos no hay alumnos ni profesores en las aulas. Eso no es ajustar, es arrasar con el futuro y el desarrollo de nuestro país. Le vamos a poner un freno a tanto odio y abandono”, aseguró.
Por su parte, la senadora nacional Nora Giménez, del boque Unidad Ciudadana, vinculó el veto al desprecio por la educación y la salud. Sostuvo que «Milei sigue gobernando en contra del Pueblo que lo votó». Afirmó que los vetos a la leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica demuestran que el presidente «no escuchó el mensaje de las urnas y sigue dispuesto a destruir dos pilares fundamentales de nuestra sociedad como son la educación y la salud pública».
Adelantó que desde el Congreso van a insistir con las leyes porque «queremos una Argentina con futuro en la que todos y todas estemos incluidos. Hay veto. Hay marcha”.
En tanto, Pamela Calletti, presidenta del bloque Innovación Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que «esta actitud del gobierno» exhibe que «evidentemente es un gobierno miope que no ve, que no escucha, que no siente». «Tiene falta de tres haches»: falta de humildad, humanidad y honestidad, sostuvo.
«Robarle la plata a los jubilados como les robaron con el cambio de fórmula jubilatoria, ahora, a los discapacitados, es una locura. Y específicamente en materia universitaria, el año pasado fui autora de proyecto de financiamiento de las universidades, voté siempre a favor de la universidad pública y este año voy a sostener claramente mi voto”, dijo a Salta/12.
La diputada advirtió también que la disputa de fondo es por el modelo de país, puesto que los libertarios plantean un modelo de «país diferente que no acepto y no aceptamos, en el sentido de que pretenden un modelo de país basado en la timba financiera». Insistió en que se debe concebir un modelo de país basado en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la movilidad social ascendente intergeneracional que es lo «que ha diferenciado a la Argentina en toda América Latina”.
En la misma línea, Pablo Outes, diputado nacional por Innovación Federal, enfatizó el rechazo al veto presidencial. «Este ataque directo a nuestra universidad, la única estatal de Salta, no es un hecho aislado» sino que «es parte de un ajuste que está golpeando la educación pública desde el 2023 y poniendo en riesgo el futuro de miles de jóvenes de nuestra provincia», sostuvo.
Recordó que «la educación no es un gasto, es inversión en conocimiento, desarrollo y oportunidades. Defender nuestra única universidad es defender Salta, es defender la educación pública”.
La resolución de la UNSa
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, en su novena sesión ordinaria realizada el 4 de septiembre, aprobó por unanimidad una resolución de “enérgico rechazo a la posibilidad de veto de la Ley de Financiamiento Educativo”. En el mismo documento, la UNSa adhirió a la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), emitida en el 94º Plenario de Rectoras y Rectores en Rosario, y reafirmó su compromiso con la defensa de una universidad pública, no arancelada, inclusiva y de calidad.
La resolución del Consejo Superior de la UNSa anticipa además la participación activa de esta casa de estudios en la marcha federal convocada por el CIN, en caso de concretarse el veto presidencial, lo que finalmente ocurrió esta semana.
La coordinación entre gremios, centros de estudiantes y las autoridades universitarias ya empieza a proyectar la Tercera Marcha Federal en defensa de las universidades. En la asamblea de Adiunsa se ratificó la necesidad de “construir una gran marcha federal universitaria, convocando a todos los sectores en lucha y a la ciudadanía, para el día que dicho veto se trate en la Cámara de Diputados (probablemente 17 o 24 de septiembre)”.
Desde el movimiento universitario anticipan una nueva demostración masiva en las calles. La experiencia de las dos primeras marchas federales del año pasado dejó una enseñanza: «la defensa de la universidad pública, gratuita e inclusiva logró articular a docentes, estudiantes, no docentes, rectores, y a la sociedad civil», recordaron ayer.
