En el 2003 ya se respiraba en Barcelona un evidente malestar ante un creciente incivismo en el que ya no era suficiente el cómodo laissez faire municipal y policial. No bastaba con que las cosas fluyeran, y no faltaron los ejemplos ese mismo año, con un descontrol nocturno durante las fiestas de Gràcia que pilló por sorpresa al gobierno de Joan Clos. Se impulsó una campaña informativa, apelando a la buena fe ciudadana y de los turistas. Un llamamiento a la corresponsabilidad. Pero no sirvió de nada, o de poco, así que no quedó otra que empezar a pensar en un tablero de juego con normas claras. Y sanciones, por supuesto. En julio de ese año, el alcalde encargó un estudio sobre el civismo en Londres, Estocolmo y Zurich para ver cuál era el camino a seguir. Pero aquí trascendía un problema de efervescencia del espacio público –amén del hecho mediterráneo–, un fenómeno que no ha hecho más que crecer a este lado de los Pirineos. Basta con ver la evolución de la ordenanza del civismo, aprobada casi por unanimidad a finales del 2005. En el 2023 y el 2024, la normativa generó casi 140 denuncias al día, una cada 10 minutos. Veamos el tipo de infracciones, dónde se produjeron, cuándo y cuántas se cobraron. Y escuchemos la opinión de la comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, que hace un buen balance, pero ve margen de mejora.
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Existe un cierto consenso en que la ordenanza ha obtenido un nivel de cumplimiento por debajo de lo esperado. En los dos últimos ejercicios, según los datos municipales, se han interpuesto un total de 100.210 denuncias vinculadas a la normativa de convivencia, de las que se cobraron 54.341, el 54,2%. El 29% se produjeron en Ciutat Vella, un porcentaje que se entiende mejor al ver que Horta-Guinardó se llevó el 2,5%; Les Corts, el 3,2%, o Sant Andreu, el 3,6%. El segundo distrito más canalla es Sant Martí (26%), aunque tiene una explicación: asume buena parte de todo lo malo que se registra en las playas (venta ambulante o prestación de servicios no autorizados) sitas en este distrito. “Después de las sanciones de tráfico –explica la comisionada–, el cumplimiento de la ordenanza del civismo es la segunda actividad que más trabajo da a la Guardia Urbana”.
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En conversación con este diario, Surroca sostiene que la modificación de la ordenanza permitirá “ser mucho más eficientes en su aplicación”. Recuerda que en el 2016 ya se habló de reformar la normativa, “pero entonces –eran los tiempos de la alcaldesa Ada Colau– era casi crear un texto nuevo”. Viene bien recordar que ICV (la raíz de BComú) fue el único partido que en el 2005 votó en contra del texto. “Nosotros hemos optado por una actualización más posibilista y pragmática”, sostiene la comisionada. Hay cosas, sin embargo, que difícilmente podrán solucionarse, como el abandono de material de venta ambulante (incluye los lateros), que genera una sanción que nunca se cobra porque no hay a quien imputársela.
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Solo el año pasado, 35.700 expedientes de los 42.000 vinculados con el comercio callejero fueron anónimos. La venta ambulante es, de hecho, la principal infracción (86.000 denuncias en dos años), seguida del consumo de alcohol en la vía pública (72.000), la contaminación acústica (17.000 denuncias), orinar o defecar en la calle (11.300 casos abiertos) y los servicios sin licencia, como los masajes en el litoral (1.700).
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En cuanto a los momentos álgidos, el verano concentró en el 2023 casi la mitad de las denuncias recogidas a lo largo del año. Mientras que en el 2024, la actividad policial se desplazó más hacia abril, mayo y junio. El mes más tranquilo es enero, buen momento para estrenar, sin relajarse, la nueva ordenanza.
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Los grafiteros, a pesar de que su sello es más que evidente por todas partes por culpa de los tags (las firmas de los autores), solo generaron 900 denuncias entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de diciembre del 2024. A partir de febrero tendrán sanciones inferiores (no queda otra, pues existe una ley estatal que lo limita), pero para compensar, a partir de ahora deberán pagar de su bolsillo el coste de la limpieza de su presunta obra de arte, un dispositivo que les puede salir carísimo, sobre todo si les da por pintar un edificio patrimonial. Sobre la prostitución, después de las veladas acusaciones del grupo municipal de BComú, la comisionada de Convivencia recuerda que la ordenanza del civismo no multa a las mujeres que ofrecen servicios sexuales, cosa que sí puede hacerse en base a la ley de seguridad ciudadana. A partir de febrero, el gobierno municipal dará cuenta cada dos meses a los grupos del avance de la normativa. “Nos irá bien para evitar que cada uno interprete las cifras a su manera”, sostiene la comisionada. También habrá un informe semestral, y, a los cinco años, revisión por si fuera menester volver a actualizar la ordenanza.
