El miércoles se hizo un evento en el hall central del Patio Olmos, festejando los 30 años de la apertura del centro comercial que ya es un hito en la vida comercial y social de los cordobeses. Hubo regalos y beneficios para los clientes, invitados de todos los ámbitos y locatarios preocupados. A la crisis con caídas sorprendentes del consumo y a las escasas señales de repunte se le sumó la inquietud que generó un mail que recibieron todos los inquilinos del Olmos.
A las casillas de mail de todos los comerciantes llegó un correo supuestamente de la empresa IRSA asegurando que “prontamente nuestra firma se hará cargo del centro comercial (…) tal como dictamina un acuerdo firmado en 2007 con la Provincia de Córdoba”.
Hasta ese tramo del texto todo sonaba realista ya que Irsa es propietaria de una parte del edificio y la concesión se está discutiendo desde hace tiempo. Pero lo que generó alarma fue otro párrafo donde dice que “los contratos firmados con la actual administración no tendrán efectos en su continuidad, quedando la nueva negociación a cargo del área de nuestra firma”. Algunos locatarios que firmaron renovaciones por tres años con pagos por adelantado de “llaves” por montos de seis cifras en dólares pusieron el grito en el cielo.
Desde la empresa YMK -que administra el Patio Olmos- enviaron un correo desmintiendo lo anterior y aclarando que la cuenta corresponde a un Gmail y no a una dirección institucional e incluso, piden “compulsar” las computadoras donde se recepcionó para determinar el IP. También aclaran que “las negociaciones comerciales se mantienen vigentes en todos los puntos acordados”.
Sin embargo, la preocupación se mantiene y algunos locatarios se preguntan cómo fue que el mail atribuido a IRSA llegó a todos los clientes: “¿Acaso tienen acceso a la base de datos?”. A esto se suma el hermetismo alrededor de la renovación de la concesión que Salomón ChebTerrab, uno de los duelos de YMK, lleva adelante con sus socios y la Provincia por el emblemático shopping.
Acuerdo por la deuda con Nación: pragmatismo y resignación
El rápido tuit del gobernador Martín Llaryora tras la reunión en la Corte por la deuda que Nación mantiene con Córdoba y la designación del ministro de justicia Julián López como vocero se pareció mucho a un reflejo estudiado para tratar de cristalizar en la opinión pública que el preacuerdo es un logro de la gestión.
Los 5.000 millones de pesos en 12 cuotas por los meses transcurridos del 2025 están muy por debajo de la expectativa inicial de un flujo de 20.000 millones que la Caja calcula de déficit mensual. Además, la Corte fijó la próxima audiencia para noviembre (después de las elecciones de medio término) para sentar a las partes a conciliar auditorías por el resto de la deuda que se estima llegaría a los 1.000 millones de dólares.
El gobierno mantendrá su postura de que este acuerdo es muy bueno porque se logró siguiendo los canales institucionales y sin irritar a Milei y que tantos costos le valieron en términos de opinión pública a Llaryora a comienzos del año pasado.
Un político peronista con experiencia y variadas lecturas explicaba con el ejemplo de la Ventana de Overton el cambio de parecer de la provincia ante los resultados de las negociaciones con Nación a lo largo del tiempo. La Ventana de Overton es un concepto que describe los límites de lo que se considera aceptable en el debate público en un momento dado. Es una herramienta usada para analizar cómo cambian con el tiempo las ideas que la sociedad admite, rechaza o considera impensables.
“Años atrás criticamos a Alberto Fernández que mandaba los fondos de la Caja sin actualizaciones. Cuando llegó Milei los cortó a cero durante 17 meses y ahora celebramos que nos paguen en doce cuotas los cuatro primeros meses del 2025. El presidente debe conocer a la perfección la Ventana de Overton” decía ironizando.
González sigue con domiciliaria por enriquecimiento ilícito
El ex legislador Oscar González deberá seguir en prisión domiciliaria. Pero esta privación de libertad preventiva nada tiene que ver con el choque que protagonizó a bordo de un auto que le cedió el Poder Judicial de Córdoba mientras era funcionario y en el cual murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron con heridas gravísimas dos adolescentes. Seguirá detenido por la imputación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se le sigue en el fuero federal.
La Cámara Federal confirmó que continúe en esa condición por cuatro meses más y la defensa de González trató de mostrar esa medida como favorable al caudillo transerrano. El presidente de la Cámara Abel Sanchez Torres suele mantener bajo perfil mediático, pero salió a responder ante los micrófonos que esos cuatro meses son prorrogables hasta que los peritos tasadores y contables dictaminen si los ingresos de González, que fue funcionario público las últimas tres décadas, se condicen con su crecimiento patrimonial.
Un penalista se preguntaba por el curso de la estrategia defensiva que sigue Miguel Ortiz Pellegrini. “Al no presentar una justificación de su patrimonio consumó el delito por el que se lo imputa, ya que como funcionario público está obligado a hacerlo si la justicia se lo requiere. Ahora el proceso será bastante largo. Pero seguro guarda alguna jugada para más adelante porque tiene mucha experiencia” matizó el letrado.