Estefania Leal/Archivo El Pais.
El diputado colorado Felipe Schipani presentará mañana un proyecto de ley que obliga a todas las personas que desempeñen cargos públicos o de particular confianza a entregar certificados que verifiquen que están al día con sus obligaciones tributarias y contributivas.
La iniciativa, a la que accedió El País, comprende a todos los funcionarios políticos o de confianza que se desempeñen o sean designados en la Administración Central, el Poder Legislativo, el Judicial, la Corte Electoral, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y cualquier otro organismo, incluyendo las personas públicas no estatales.
En caso de aprobarse la iniciativa quedarán obligados a presentar, en un plazo máximo de 60 días a partir de su asunción, el certificado correspondiente. Aunque Schipani no lo menciona, su proyecto se presenta en un contexto político particular.
Estefania Leal/Archivo El Pais
Días atrás Cecilia Cairo debió renunciar a su cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a raíz de que se conoció que no había regularizó las cuatro construcciones existentes en un terreno de su propiedad en la zona de Pajas Blancas. Según informó el programa radial La Pecera la ahora legisladora no pagó los tributos que le correspondían durante dos décadas, así como tampoco los aportes al Banco de Previsión Social.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reconoció esta semana que incurrió en una situación similar, al no tener regularizada un vivienda de veraneo en la zona de Solís, Maldonado.
El proyecto de Schipani implica que los organismos públicos deberán informar a la Junta de Transparencia y Ética Publica sobre el cumplimiento de esta disposición, a efectos de su contralor.
Foto: Darwin Borrelli/El País
La norma abarca a las entidades y tributos claves en materia de recaudación: la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad.
En caso de incumplimiento, el proyecto prevé la retención total de haberes como forma de sanción, hasta que se proceda a la regularización. . Contempla también la posibilidad de que el jerarca o cargo de turno, con deudas, pueda regularizar su situación al tiempo que continúa en su cargo.
En diálogo con El País, Schipani explicó que el objetivo es “promover la transparencia y la responsabilidad fiscal”, así como generar la “ejemplaridad” en el ejercicio de la función pública.
“La ciudadanía exige, con razón, que quienes toman decisiones en nombre del Estado y administran los recursos públicos cumplan sus obligaciones como contribuyentes”, explicó. “No es admisible que se le legisle, se gestione o se administre desde el incumplimiento de obligaciones para el país”, insistió.
Se trata, expresó Schipani, de garantizar una “coherencia mínima” entre la responsabilidad pública que se asume y el cumplimiento de las obligaciones personales con el Estado.
“En un contexto de desconfianza hacia la política, esta medida contribuirá a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, elevando los estándares de integridad pública y reforzando la cultura del cumplimiento”, concluyó el diputado.
