Cinco gremios que representan al sector aeronáutico, con el kirchnerista Pablo Biró a la cabeza, presentaron una denuncia contra el Gobierno nacional este lunes ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde acusaron a la administración de Javier Milei de violar «principios fundamentales» de la libertad sindical y restringir el derecho a huelga.
La presentación fue difundida este lunes, un día antes del paro de pilotos que obligó a Aerolíneas Argentina a suspender o reprogramar 50 vuelos, lo que afectó a unos 6 mil pasajeros. Esa protesta es impulsada por el sindicalista K Pablo Biró, quien supo ser parte del directorio de la empresa bajo gestión de La Cámpora y que para el Gobierno usa métodos extorsivos y a los pasajeros de «rehenes» por sus posturas políticas.
De hecho, Aerolíneas Argentinas sostuvo que el paro de Biró se da «a menos de 20 días de haber firmado el último acuerdo paritario» por lo que «queda claro que esta medida carece de fundamentos laborales y responde, en cambio, a los intereses políticos de la conducción gremial de APLA, y no a los de sus representados». «Durante las reuniones de trabajo mantenidas con ese gremio, incluso después de la firma de dicho acuerdo, nunca se presentaron reclamos adicionales de una urgencia tal que justificaran una medida de fuerza de esta magnitud», recalcó la empresa estatal.
El documento ante la OIT fue firmado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Aeronavegantes y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
Allí, cuestionan los decretos 70/2023, 825/2024 y 831/2024, que «impulsan un modelo regresivo en derechos laborales» e intentan «desmantelar garantías constitucionales».
La presentación fue hecha ante la directora del Comité de Libertad Sindical de la OIT, Corinne Vargha, para denunciar el “avasallamiento de los derechos colectivos” impulsado por la gestión de Javier Milei, especialmente a través de la declaración arbitraria de la actividad aeronáutica como «servicio esencial», indicaron.
«No estamos solo defendiendo derechos laborales: estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país», señaló Juan Pablo Brey, Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
Para los gremios, la declaración de esencialidad de un servicio que viene siendo un coto de caza para los sindicalistas, a expensas de los pasajeros, fue «sin fundamento técnico ni consulta sindical, con el objetivo de restringir ilegítimamente el ejercicio del derecho de huelga». Desde el Gobierno sostienen que justamente los métodos de protesta excesivos y «extorsivos» de los sindicatos K deben tener un límite. Y contrastan su connivencia y pasividad con gestión kirchneristas en la empresa que quedó en la órbita de gestión de La Cámpora.
Los gremios aeronáuticos denuncian que el Gobierno «intervino y reglamentó las asambleas sindicales, cercenando su libre desarrollo» y promovió la criminalización de la protesta gremial a través de denuncias penales a dirigentes sindicales. Son los mismo sindicatos que con asambleas que escondían medidas de fuerza que paralizaba sorpresivamente el servicio.
El documento también reinterpreta que estas medidas se dieron en un contexto de «despidos masivos, presión para aceptar retiros voluntarios”, y un fuerte deterioro «del poder adquisitivo del salario». Nada dice sobre la sobredimensión de la plata de la empresa y de su eternizado déficit, que la empresa recién pudo revertir este mes.
Los sindicatos hicieron hincapié además en que las reformas impuestas por el Gobierno «se realizaron de manera inconstitucional”, ya que se utilizaron decretos para modificar leyes que contienen derechos reconocidos internacionalmente. En ese sentido, señalaron que varias presentaciones judiciales de amparo ya obtuvieron fallos favorables ante la Justicia argentina, declarando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de estas normas en materia laboral.
Finalmente, la denuncia con formato de proclama remarca que lo impulsado desde el Estado constituye una «violación flagrante a la libertad sindical, al derecho de sindicación y, especialmente, al derecho de huelga», todos ellos con jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico argentino. Por ello, los gremios solicitaron a la OIT que «reconozca la gravedad de las violaciones denunciadas y actúe con urgencia para proteger los derechos esenciales de las y los trabajadores del sector aeronáutico». El organismo internacional actúa como una central del sindicalismo,
