El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha archivado el caso contra Ada Colau y la interventora del Ayuntamiento de Barcelona por las subvenciones concedidas a entidades sociales consideradas afines a la exalcaldesa mientras esta ejerció el cargo. Con esta resolución se cierra definitivamente la causa ya que no se ha presentado recurso por parte de la acusación, la denominada Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica. El juzgado no ve ningún indicio delito en la actuación de Colau, según ha avanzado ACN.
El juzgado tuvo que reabrir el caso porque así se lo ordenó la Audiencia de Barcelona, pero ahora lo ha vuelto a archivar con el argumento de que las diligencias que había pedido la acusación “inciden de nuevo en cuestiones ya valoradas y relativas a documentos que fueron aportados con anterioridad y que pueden encuadrarse en realidad en el intento de la acusación de convertir el procedimiento en una investigación prospectiva”.
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Toni Muñoz
Las entidades a las que se refería la demanda ya habían recibido subvenciones públicas del Ayuntamiento de Barcelona antes de que Colau y otros dirigentes de BComú que habían trabajado o colaborado con algunas de ellas accedieran al gobierno de la ciudad. Se trata de Observatori Desc, Enginyeria sense Fronteres, la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Barcelona o la Aliança contra la Pobresa Energètica.
También en las últimas horas se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa contra el diputado de Sumar en el Congreso y exconcejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Eloi Badia por el presunto exceso de contaminación provocado por la incineradora de residuos Tersa en Sant Adrià de Besòs. Tal y como había solicitado la fiscalía, el tribunal ha considerado que no hay suficientes indicios de que Badia conocía las irregularidades técnicas y la quema de residuos a temperaturas inadecuadas. Por ello devuelve el caso al juzgado de Badalona para que siga investigando la implicación en el caso del jefe de explotación de la planta incineradora.
En octubre pasado, la Audiencia de Barcelona decidió reabrir el caso después de que la jueza instructora de Badalona lo hubiera archivado.
En la interlocutoria de la Audiencia se tenía en cuenta el informe pericial y las aclaraciones hechas por los técnicos de la Guardia Civil en relación con las anomalías detectadas respecto a las temperaturas obtenidas a partir de un algoritmo. Se expone “el grave riesgo” para la salud de las personas que se deriva de la incineración de residuos por debajo de los 850 grados, según exige la normativa medioambiental.
