El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció el 26 de octubre un supuesto intento de golpe de Estado en curso, liderado por actores del sistema judicial, y pidió a la comunidad internacional no desviar su atención de lo que calificó como una grave amenaza a la democracia guatemalteca.
Es noticia. En un mensaje transmitido a la nación, Arévalo anunció que ha solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, amparada en la Carta Democrática Interamericana.
- “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala”, expresó el mandatario.
- “En este marco, y como presidente de Guatemala, he solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización sustentada en la Carta Democrática Interamericana”, añadió.
- Durante su intervención, Arévalo acusó directamente a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana de encabezar una embestida judicial que busca desmantelar el orden constitucional y revertir los resultados de las elecciones generales de 2023. El Ministerio Público (MP) rechazó de inmediato los señalamientos.
Voces. “No podemos permitir que un juez como Orellana siga atentando contra la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas”, afirmó. “Su proceder constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”.
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- El presidente hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que actúe conforme a la ley. “Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a su inmediata destitución”, dijo, refiriéndose al juez Orellana.
- También exhortó a la Corte de Constitucionalidad a garantizar la ejecución del amparo que protegió los resultados electorales de 2023: “Exhorto a la Corte de Constitucionalidad a garantizar la debida ejecución del amparo… incluyendo la aplicación de todas las medidas que hagan cumplir su resolución”.
- Además, convocó a todos los sectores del país a unirse en defensa de la democracia. “Convoco a autoridades indígenas, a las instituciones académicas y artísticas, a los empresarios, a los trabajadores y a los campesinos, a quienes ocupan cargos en el organismo judicial, a las y los magistrados y a los jueces del sistema de justicia, a todos los funcionarios electorales y, desde luego, al liderazgo político, a las y los diputados del Congreso de la República”.
Punto de fricción. “El destino de Guatemala depende de lo que sepamos hacer hoy”. “Lo que está en juego no es el gobierno que presido, o la suerte de un partido político. Lo que está en juego es el cimiento de la democracia, el respeto a la voluntad del pueblo… y de construir esa nación que queremos ser”, subrayó.
- La respuesta inicial de la OEA es que está al tanto de los sucesos. En un comunicado oficial emitido el 24 de octubre, antes del mensaje de Arévalo, la Secretaría General expresó su preocupación por los acontecimientos recientes en Guatemala. “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sigue de cerca los acontecimientos recientes en Guatemala y se mantiene atenta a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país”.
- El organismo reafirmó su respaldo al proceso electoral de 2023 y al mandato de Arévalo. “La Secretaría General reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas… así como de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que en las elecciones generales de 2023… eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional”.
- Finalmente, la OEA reiteró su compromiso con el país: “La Secretaría General mantiene comunicación con contrapartes nacionales e internacionales y reitera su disposición a continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional”.
Sí, pero. El MP rechazó los señalamientos que calificó de “falsos y malintencionados” vertidos por el Presidente de la República.
- «La institución reitera que su labor está respaldada por la Constitución, que le asigna la función de investigar delitos y garantizar el cumplimiento de la ley, sin subordinación a ningún poder», informó.
- Las declaraciones del mandatario evidencian, según la fiscalía, “una clara intención de interferir en la acción penal y procurar impunidad”.
- El MP afirmó que «su deber constitucional incluye investigar hechos de corrupción que involucran a funcionarios del Ejecutivo. Ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso”, señaló en un comunicado.
