El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, presentó dos escritos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la suspensión del fallo de Loretta Preska que ordena al Estado transferir el 51% de las acciones de YPF, como parte del juicio por la nacionalización de la petrolera. La sentencia, que implica una condena de 16.000 millones de dólares, está siendo apelada y el Ejecutivo busca impedir su ejecución inmediata.
En sus presentaciones, la defensa del Estado advirtió que la medida dispuesta por Preska viola la legislación argentina, ya que la cesión de acciones públicas en YPF requiere la aprobación del Congreso. Por ende, cualquier intento de ejecutar el fallo sin esa autorización sería jurídicamente inviable.
También se remarcó que la transferencia forzada implicaría una pérdida del control mayoritario del Estado sobre la compañía, con consecuencias que podrían afectar gravemente a los accionistas.
Un caso excepcional
La Procuración sostuvo que no se trata de una disputa comercial convencional, sino de un conflicto legal inédito que plantea interrogantes complejos tanto en el plano jurídico local como en el internacional. En esa línea, se calificó como “controvertida” la decisión de Preska, incluso desde la perspectiva del derecho internacional y de la política exterior de Estados Unidos.
El equipo legal argentino también subrayó que los demandantes —los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge— no se verían perjudicados si la jueza accede a suspender el cumplimiento del fallo mientras avanzan las apelaciones. Por el contrario, ejecutar ahora la sentencia podría generar daños colaterales a terceros que no participan del litigio, como provincias dueñas de acciones de YPF, bonistas privados e incluso a la propia compañía, que podría enfrentar cláusulas contractuales adversas por el cambio de control.
El pleno de Argentina
Uno de los puntos más sensibles señalados por la defensa es que el traspaso de las acciones debería concretarse bajo un nuevo contrato de custodia y depositarse en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, lo que Argentina considera inaceptable desde el punto de vista legal y soberano.
Además, se destacó que el caso presenta cuestiones legales que aún no han sido resueltas por tribunales superiores, lo que eleva la probabilidad de que la sentencia sea revertida o modificada. Por eso, mantener el “statu quo” es, según el Gobierno, lo más razonable para preservar el interés público y evitar perjuicios innecesarios.
En su estrategia de defensa, el equipo jurídico también respondió a los demandantes, que citaron declaraciones del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como parte de su argumentación. El Gobierno nacional aclaró que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires no forma parte del Ejecutivo actual y que sus opiniones no reflejan ni condicionan la estrategia legal de la administración del presidente Javier Milei.
