La República Argentina formalizó ante la jueza Loretta Preska la declaración jurada sobre el estado y la ubicación de las reservas de oro del Banco Central.
El documento surge como respuesta a la presión de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF (Burford Capital), quienes buscan identificar activos embargables para cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares.
Por la «Seguridad Nacional»
De acuerdo con el periodista Sebastian Maril, el Gobierno Nacional fue tajante al señalar que la difusión de datos sensibles sobre las reservas —como custodios, rutas de transferencia o coordenadas exactas— no es una simple cuestión administrativa, sino un riesgo para el país.
Argentina presentó su declaración jurada sobre el oro del BCRA. Foto: Agencia NA.
Según el escrito, revelar esta información podría afectar la gestión de liquidez, como complicar el manejo diario de las reservas internacionales; vulnerar la seguridad física, como exponer los movimientos del metal a riesgos externos; y desestabilizar el sistema, como impactar negativamente en la política cambiaria y el respaldo de los depósitos bancarios.
La estrategia de defensa argentina se apoya en la tesis de que el oro pertenece al BCRA y no al Estado Nacional. Al ser una entidad autárquica e independiente, sus activos gozan de inmunidad de ejecución, lo que los vuelve inembargables tanto en la jurisdicción de Estados Unidos como en el Reino Unido y Argentina.
La aclaración de Luis Caputo
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su propia aclaración ante la Corte.
Argentina presentó su declaración ante Preska y blindó información sobre el oro del BCRA.
El funcionario afirmó no poseer información «no pública» sobre las cuentas o la ubicación del oro, remarcando que sus declaraciones previas sobre el tema se basaron exclusivamente en lo reportado por la prensa.
Con esto, el Ministerio busca reforzar la separación de poderes entre el Tesoro y el Banco Central, un punto crítico para evitar que los activos de la entidad monetaria sean considerados un «alter ego» del Gobierno.
