En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata, un informe de la Fundación La Alameda alerta sobre el vaciamiento de organismos, recorte de asistencia y caída de rescates en el país. Mientras la trata crece globalmente, Argentina desactiva las herramientas para combatirla.
Mientras la trata de personas alcanza niveles alarmantes a escala global, el reciente informe de la Fundación La Alameda advierte sobre un desmantelamiento sin precedentes de las políticas públicas argentinas para combatir este crimen.
En plena vigencia del modelo de ajuste, el país desarticuló mecanismos clave para prevenir, investigar y asistir a las víctimas, justo cuando la esclavitud moderna se digitaliza y se entrelaza con otras economías ilícitas.
Durante 2024 y lo que va de 2025, se degradaron organismos especializados, se redujeron o eliminaron programas de asistencia, y cayeron las cifras de rescates y denuncias. La Fundación denuncia que Argentina rompió un consenso de más de 15 años en la lucha contra la trata, al vaciar instituciones como el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal, dejar sin vigencia planes de acción nacional y suspender campañas de difusión, entre otros retrocesos.
A nivel global, el delito de trata de personas no solo persiste, sino que se transforma. El informe detalla un crecimiento del 25% en las víctimas detectadas en 2022 y un 16% adicional en 2023. Con un 38% de víctimas menores de edad, y modalidades como el trabajo forzoso, la explotación sexual y el uso de tecnologías para captar y explotar a distancia, la trata adopta nuevas formas más difíciles de rastrear.
En contraste, el informe revela que en Argentina se paralizó la asistencia económica a sobrevivientes (los programas Reparar, Acompañar y Restituir fueron dados de baja), se eliminaron convenios de acceso a vivienda, se desactivaron espacios interministeriales y se suspendieron campañas preventivas. Según los datos oficiales, solo 400 víctimas recibieron asistencia formal en 2024 de las más de 1.300 rescatadas. El nuevo esquema de ayuda económica, concentrado en el Ministerio de Capital Humano, no llegó aún a las personas destinatarias, y la herramienta informática (Redavit) ni siquiera está en funcionamiento.
Además, se denuncia la eliminación de controles fronterizos cruciales: una disposición de Migraciones eximió a las empresas de transporte de verificar la documentación de menores que viajan al exterior, debilitando un filtro vital contra el tráfico infantil. También se retiró a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante en causas de lavado de dinero vinculado a la trata.
El informe también documenta nuevos casos de trata en Argentina que confirman el avance del delito. Desde redes de explotación sexual vía streaming hasta organizaciones coercitivas religiosas o de autoayuda que esclavizan personas bajo fachadas lícitas, las modalidades se diversifican. Casos recientes como el del Opus Dei, la Escuela de Yoga de Buenos Aires, y la secta rusa Ashram Shambalá evidencian que la trata se camufla en estructuras legales, aprovechando vacíos normativos.
El informe fue enviado especialmente para Guaú Formosa por José Serbín, integrante de la Fundación La aAlameda, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Lucha Contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio. El objetivo es visibilizar la situación critica que atraviesa el país y convocar a recuperar una política integral de estado.
En el cierre, La Alameda llama a reconstruir una política integral, recuperar espacios de articulación, restituir los programas eliminados, y avanzar en legislación pendiente sobre temas como la venta de niños y la subrogación de vientres. “No podemos permitir que la motosierra llegue a los más vulnerables: luchar contra la trata es defender la dignidad humana”, concluye el informe.
