Esta medida tiene un destinatario estratégico y fundamental para el interior de la provincia: las estaciones de servicio de «bandera blanca». A diferencia de las grandes petroleras integradas, estas estaciones son puntos de venta independientes -muchas veces pequeñas PyMEs familiares- que compran su combustible a distribuidores mayoristas. Hasta ahora, ese eslabón intermedio tributaba una alícuota que encarecía innecesariamente el producto. Con el nuevo esquema del 1%, se elimina esta distorsión, permitiendo que las estaciones independientes mejoren sus márgenes y trasladen ese beneficio al surtidor, lo que redundará en una mayor equidad competitiva.
Impacto en el bolsillo y baja esperada del combustible
Se espera que esta medida impacte positivamente en el valor del combustible, con una baja estimada que podría oscilar entre los $30 y $45 por litro, dependiendo del tipo de producto. Si bien el monto exacto dependerá de la logística de cada operador, la reducción de 3,5 puntos porcentuales en la alícuota de Ingresos Brutos quita presión a la cadena de valor. El objetivo es que las estaciones de bandera blanca logren igualar sus precios con las estaciones de bandera oficial, permitiendo a los misioneros encontrar valores más razonables en toda la provincia.
Los beneficios directos de esta medida incluyen:
Al consumidor final: Se espera que el alivio fiscal se traduzca en una baja del valor del combustible, actuando como un freno a la incesante escalada de precios nacionales.
Al sector logístico: Un camión de carga podrá ahorrar miles de pesos en cada reabastecimiento, reduciendo el «efecto cascada» que hoy encarece los alimentos y productos básicos en las góndolas.
A la producción local: El colono misionero verá reducido el costo operativo de su maquinaria, fundamental para sostener la actividad agrícola en un contexto de asfixia económica.
Competitividad fronteriza: Refuerza la competitividad frente a Paraguay y Brasil, evitando que el consumo se fugue hacia el exterior por las asimetrías de precios.
La decisión, formalizada por el Ministerio de Hacienda, redefine la lógica fiscal de Misiones: el combustible deja de ser visto como una mercancía comercial para ser tratado como un motor de la producción. Mientras la política del presidente ultraderechista castiga el consumo y la inversión, la gestión renovadora apuesta por fortalecer la competitividad sectorial. Esta rebaja impacta de manera transversal en el transporte, la industria y el turismo, consolidando una estrategia de protección frente a un contexto nacional que sigue empujando el costo de vida de los misioneros hacia el abismo.
