Un informe técnico elaborado por el diputado provincial Cristian Castro (PAyS) revela que la presión sobre los bolsillos no da tregua, acumulando una variación interanual del 31,34% que impacta de forma transversal en todos los estratos sociales. Este salto tarifario responde directamente a las políticas de «normalización» energética impulsadas por la Secretaría de Energía de la Nación, cuyo enfoque en la reducción del déficit fiscal ignora la realidad de una provincia electrodependiente como Misiones.
Lo más alarmante del estudio es la homogeneidad del golpe: el aumento no discriminó entre grandes y pequeños consumidores, afectando por igual a quienes cuidan cada kilovatio y a quienes tienen consumos elevados. Los hogares que consumen entre 30 y 80 kWh sufrieron una suba del 7,64%, mientras que el segmento medio y alto rondó el 7,5%, demostrando que la política de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei se aplica con una rigidez que no contempla la capacidad de pago de los sectores más vulnerables. Esta falta de segmentación efectiva en los incrementos mensuales consolida una dinámica donde el servicio básico se vuelve un bien de lujo.
Al analizar la evolución de los precios durante el último año, el informe de Cristian Castro advierte sobre la consolidación de una «escalada persistente» que supera cualquier intento de recuperación salarial. Con un promedio interanual por encima del 31%, la tarifa eléctrica se posiciona como uno de los componentes que más empuja la inflación local, sumándose a las subas en combustibles, alimentos y transporte. En una provincia con temperaturas extremas, la electricidad es un servicio de demanda inelástica; es decir, las familias no pueden simplemente dejar de consumir, lo que las obliga a recortar gastos en otras necesidades básicas para mantener la luz encendida.
El documento legislativo subraya que febrero de 2026 representa uno de los saltos más significativos de la serie histórica reciente, marcando un punto de inflexión en la crisis de sostenibilidad de los hogares. Para los trabajadores formales, jubilados y pequeños comerciantes, este 7,55% mensual es un mazazo que se suma a la desregulación generalizada de la economía. El modelo libertario, al eliminar subsidios de forma acelerada y autorizar aumentos en transporte y distribución a través de decenas de resoluciones nacionales, ha dejado a la clase media misionera en una situación de vulnerabilidad extrema.
Finalmente, el desafío que plantea este escenario es cómo compatibilizar el mantenimiento del sistema eléctrico con la equidad tarifaria en un contexto de recesión. Mientras la Nación se enfoca en las planillas de Excel para cerrar las cuentas fiscales, en las localidades de Misiones el costo de la energía está destruyendo la rentabilidad de los comercios de barrio y la estabilidad de las familias. Sin herramientas de contención nacional, la provincia queda presa de una política energética que prioriza el equilibrio financiero por encima de la paz social y el bienestar de los ciudadanos.
