El gobierno argentino anunció este miércoles requisitos más estrictos para obtener la residencia y ciudadanía, prometió expulsiones más expeditas de extranjeros que comentan delitos e impuso el cobro de servicios de salud para residentes transitorios y temporales, informó el portavoz presidencial.
Los cambios, anticipados en diciembre pasado, formarán parte de un decreto presidencial cuyo texto definirá el alcance de las nuevas medidas que comenzarán a regir al día siguiente de su publicación en el boletín oficial.
El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aspira a conseguir una banca en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones parlamentarias de ese distrito a celebrarse el domingo próximo y que contó con un apoyo activo del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña.
Entre los nuevos requerimientos, se impondrá a los extranjeros la obligatoriedad de contar con un seguro de salud para autorizar su ingreso a Argentina.
«A partir de ahora los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud y quienes ingresen a Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago», dijo Adorni al formalizar los cambios durante un discurso en la casa de gobierno.
También, serán «más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina», dijo.
«Sólo se le va a otorgar a quienes residan en forma continua dos años en el país sin abandonar el territorio nacional», explicó.
Por otra parte, Adorni dijo que el gobierno «habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios (a extranjeros) si así lo desean, respetando la autonomía universitaria», algo que ya ocurre en la práctica con los estudiantes no residentes.
En Argentina la educación pública es gratuita, así como la atención sanitaria en la amplia red de hospitales provinciales y nacionales.
Según datos oficiales de 2022, los extranjeros representan apenas 4,1% de los estudiantes universitarios.
Además, anunció que las expulsiones en caso de inmigrantes condenados por delitos o arrestados en flagrancia serán más expeditas y para ello «serán acortados los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos».
