Cristina Kirchner tiene una semana para presentarse ante la Justicia e ir presa. La cuenta atrás avanza en una Argentina fracturada en dos. El martes, minutos después de las cinco de la tarde, la noticia de la condena firme a seis años de cárcel por corrupción contra la expresidenta argentina salió de la Corte Suprema y se propagó por todo el mundo. Los peronistas que arropaban a la líder opositora a las puertas de la sede del Partido Justicialista rompieron en lágrimas y críticas a un fallo que la inhabilita a ejercer cargos públicos de por vida a tres meses de unas elecciones provinciales en las que Kirchner iba a postularse a diputada. Los antiperonistas aplaudieron a la Justicia por consagrar el principio de igualdad ante la ley con la primera condena en firme a un exjefe de Estado por corrupción y preguntaron en las redes si era demasiado pronto para abrir champán. 24 horas más tarde, en un clima de tensión creciente, la justicia piensa cómo ejecutar los bienes de Kirchner y de los otros ocho condenados para recuperar los más de 500 millones de dólares estimados en perjuicio al Estado.
La protesta de los miércoles de los jubilados frente al Congreso argentino se trasladó a la Plaza de Mayo para intentar esquivar el enorme operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno de Javier Milei. Se le sumaron profesionales del hospital pediátrico Garrahan, docentes de universidades públicas y columnas de agrupaciones políticas y sociales.
Este jueves las marchas se replicaron en distintos puntos e incluyeron cortes en algunas de las principales carreteras de acceso a la capital argentina. Los manifestantes se dirigían hacia los Tribunales de Comodoro Py en repudio al fallo contra Kirchner, que consideran plagado de irregularidades y símbolo de “la doble vara de la justicia” a la hora de juzgar peronistas frente a otros sectores políticos.
La esquina de la casa de la líder peronista en Buenos Aires, en el barrio de Constitución, se ha convertido en el epicentro de una resistencia kirchnerista que denuncia la proscripción de su jefa política. Kirchner saluda a los militantes desde el balcón, instalada de nuevo en lo más alto del peronismo, y compara su situación con la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo preso durante 580 días entre 2018 y 2019 en una causa por corrupción que en 2021 fue anulada por el Supremo Tribunal Federal brasileño. Lula se comunicó este miércoles con la exmandataria y celebró su serenidad y determinación. “Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, contó en X sobre la conversación telefónica.
Media docena de universidades públicas han sido ocupadas por estudiantes y varios colegios secundarios han seguido sus pasos. Los sindicatos preparan una gran marcha para primera hora del próximo jueves, la fecha límite que tiene la expresidenta para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Buenos Aires.
Las protestas han sido pacíficas hasta ahora, a excepción del ataque perpetrado en la noche del martes contra las instalaciones de Todo Noticias y Canal 13. Un grupo de manifestantes forzó la puerta principal, apedreó la entrada y destrozó seis vehículos de trabajadores que estaban en el estacionamiento.
La tensión es palpable. Kirchner ha sido la política más influyente de Argentina en las últimas dos décadas y despierta pasiones y odios que ahora chocan en escenarios físicos y virtuales. Este miércoles, durante un congreso de comunicación política celebrado en la Universidad Católica Argentina, el diputado mileísta José Luis Espert insultó a la hija de la expresidenta argentina, Florencia Kirchner, al decir que era “la hija de una gran puta”. Algunos presentes se pusieron de pie y lo comenzaron a abuchear al grito de “que se vaya, que se vaya”.
Defraudación millonaria
El fallo de culpabilidad contra Kirchner y otros ocho condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la conocida como Causa Vialidad estimó a finales de 2022 que el desfalco a las arcas públicas superó los 84.000 millones de pesos (equivalentes a unos 500 millones de dólares en ese momento). Ese monto deriva de la concesión irregular de medio centenar de obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, también condenado a seis años de cárcel.
Los nueve condenados deben pagar el dinero que reclama la Justicia de forma solidaria. Además de Kirchner, la lista incluye a Báez y al exsecretario de Obras públicas Julio López. Kirchner donó todos sus bienes inmuebles a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner en 2016 y, según la última declaración jurada que presentó ante la Justicia, en 2023, cuando era vicepresidenta su patrimonio asciende a 250 millones de pesos (equivalentes en ese momento a unos 300.000 dólares). El año pasado, cuando la Corte de Apelaciones ratificó su condena por corrupción, el Gobierno de Milei ordenó que dejase de percibir la doble jubilación de privilegio que recibía como expresidenta y como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
El juicio por la Causa Vialidad fue el primero que enfrentó Kirchner pero no será el último. La Justicia volverá a sentarla en el banquillo de los acusados por otra causa de presunta corrupción, la de Hotesur – Los Sauces. La acusación de la Fiscalía es que Báez transfirió millones de pesos a los Kirchner a través del alquiler de habitaciones en sus hoteles en la ciudad patagónica de El Calafate como contraprestación por los millonarios contratos de obra pública adjudicados a su empresa, Austral Construcciones. Además, la expresidenta deberá responder también por la firma de un memorándum con un Teherán que la acusación cree que pretendía encubrir a los sospechosos del atentado a la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994.
