La firma de estos vetos, que se hizo oficial este lunes en el Boletín Oficial, no solo anula un aumento real del 7,2% para millones de jubilados y la restitución de una moratoria clave, sino que, en el caso de la discapacidad, desactiva una ley que declaraba la emergencia del sector y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral.
La indignación es palpable: mientras el gobierno de Milei se jacta de un superávit fiscal a costa de los más desprotegidos, parece ignorar deliberadamente las necesidades de quienes dependen de estas ayudas para subsistir.
El cinismo del «equilibrio fiscal» y el abandono a la discapacidad: La batalla en el Congreso
El discurso oficial, que presenta estos vetos como un acto de «protección del superávit fiscal» y una defensa contra quienes quieren «llevar al país a la bancarroca», choca de frente con la cruda realidad de los jubilados y las personas con discapacidad. Es un acto de crueldad política vetar leyes que, como la de discapacidad, fueron impulsadas ante los múltiples reclamos de organizaciones por la discontinuidad de pagos y servicios. ¿Cómo se puede hablar de «proteger el futuro» cuando se condena al presente a los más vulnerables? Un sistema médico integral, tratamientos cotidianos, medicación especial y elementos para movilizarse no son un lujo, son derechos básicos.
Este veto no solo es un disparate, sino una verdadera afrenta a la dignidad humana.
La tensión se trasladará directamente al Congreso Nacional, que reanuda su actividad tras el receso invernal. La oposición ya ha anunciado una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar revertir los vetos presidenciales.
Para ello, necesitan reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, un número que el oficialismo intentará impedir con negociaciones y presiones, incluso ofreciendo una parte de los ATN a las provincias para lograr el apoyo de sus legisladores. La dilación en la firma de los vetos por parte del Ejecutivo fue una estrategia para evitar un rápido tratamiento legislativo.
La oposición y diversas organizaciones sociales ya han reaccionado con vehemencia. «Vetar leyes para personas con discapacidad y jubilados no es valentía, es crueldad. Una vez más, el ajuste no lo paga la casta, lo pagan los que más lo necesitan», expresó una exministra de salud. El descontento se materializará en movilizaciones frente al Congreso, donde el oficialismo buscará revertir la decisión del Parlamento y sostener los vetos.
La semana que comienza será crucial para observar si la voz de los que menos tienen logra perforar la intransigencia oficial y si la clase política, más allá de las banderías, es capaz de defender a quienes el Estado debería proteger con mayor ahínco en el ámbito legislativo. El destino de miles de jubilados y personas con discapacidad dependerá de la pulseada que se dará en las próximas horas en el corazón de la democracia argentina.
