Esta decisión se da en un contexto de creciente malestar entre los efectivos, que ya mostraron su enojo de forma contundente en las recientes elecciones de junio. En esos comicios, Ramón Amarilla, un ex policía que fue uno de los voceros de las protestas por mejoras salariales en 2024 y que se encontraba detenido por sedición, fue electo diputado provincial. Su lista, Por la Vida y los Valores, salió tercera, obteniendo un importante porcentaje de los votos, lo que se interpretó como un claro voto castigo del sector a la gestión provincial.
Reducción salarial por licencias y sanciones
El punto más crítico de la resolución es el que se refiere a las licencias médicas. Los policías que presenten certificados por enfermedades comunes o atención familiar verán una drástica reducción en su salario. De una calificación «muy buena», que representa un adicional de $40.468,86, pasarán a una calificación «buena», que es de solo $13.489,62. Además, se les descontará el plus por presentismo de $3.000.
La disposición también detalla que cualquier sanción disciplinaria resultará automáticamente en la reducción de la calificación a «buena» en el mes siguiente, aplicando el mismo descuento salarial.
Impacto en guardias y tareas especiales
Ausencias a guardias y recargos: La normativa establece descuentos adicionales para quienes se ausenten a sus guardias o recargos, que varían según la categoría del efectivo.
Tareas adecuadas: Los policías que cumplan funciones restringidas por razones médicas recibirán una calificación «buena», pero perderán importantes adicionales como el código 416, valorado en $100.349,29, y el 417 de Seguridad Ciudadana, de $25.293,04.
Consecuencias para los efectivos en disponibilidad
El documento también endurece las condiciones para los efectivos en situación de disponibilidad o pasiva. Estos no percibirán los códigos 418, 416, 417, 643 y 577, lo que reduce considerablemente su salario. Si la situación se debe a causas judiciales, los descuentos pueden ser aún mayores, con retenciones de entre el 25% y el 50% adicionales.
La resolución, que busca «ordenar y transparentar» los pagos, ha provocado un gran malestar en la fuerza, que considera que se penaliza a los agentes por situaciones inevitables como las enfermedades, en un contexto ya tenso por las condiciones laborales.
