Este resultado representa un segundo golpe para el oficialismo en el Congreso, luego de que se aprobara también el aumento de recursos para las universidades nacionales.
Misiones sin votos a favor
El resultado de la votación dejó en evidencia la división de los bloques. Los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda, y la mayoría de los radicales apoyaron la propuesta. Del lado del oficialismo, hubo algunos bloques que acompañaron, como los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los monobloques de Transformación de Lourdes Arrieta y del radical Mario Barletta.
Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza, los radicales «peluca» de la Liga del Interior y el grueso del PRO rechazaron la iniciativa. En el caso de los diputados nacionales de Misiones, ninguno votó a favor de la medida. Hubo ausentes, incluyendo a los cuatro del Frente Renovador de la Concordia y a uno de los radicales con peluca. Los otros diputados misioneros votaron por la negativa.
La postura de los diputados del Frente Renovador de la Concordia ha generado debate en Misiones, especialmente considerando que el presidente de la Legislatura provincial y candidato a diputado nacional por el mismo partido, Oscar Herrera Ahuad, había solicitado públicamente que se respaldara el proyecto.
Los argumentos en el debate
El debate en el recinto se inició con la exposición del diputado peronista Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, quien advirtió sobre el «riesgo de continuidad» del Hospital Garrahan y enfatizó que el nosocomio atendió a 350.000 niños en 2024. Yedlin subrayó que el Garrahan es el único lugar para la atención de muchos menores y que la ley busca garantizar su funcionamiento, ya que los pedidos de medicamentos, que antes demoraban 60 días, ahora enfrentan una espera sin límites.
El diputado y neurocirujano Facundo Manes hizo hincapié en la importancia de la salud pública, al señalar que en los hospitales pediátricos «no se atienden números, se salvan vidas», y que la mala salud pública es un obstáculo para el crecimiento del país.
En contraposición, la diputada libertaria Juliana Santillan argumentó que el proyecto «no atiende una urgencia sanitaria», sino que busca crear una «ingeniería legal para instalar estructuras donde van a estar los kirchneristas». Sostuvo que la salud pediátrica necesita gestión y profesionalismo, y que el Gobierno está trabajando en ello sin gastar «sin control».
La legisladora radical Gabriela Brouwer de Konning, aunque a favor del proyecto, se refirió a la necesidad de equilibrar el control de los recursos para evitar la corrupción sin que esto se convierta en un obstáculo para la asistencia médica. La diputada señaló que su bloque tiene una propuesta propia para reasignar partidas sin generar nuevos gastos.
Detalles del proyecto y su costo fiscal
El dictamen aprobado establece que las autoridades deberán garantizar un «acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica». Además, exhorta al Ministerio de Salud a efectuar una «recomposición inmediata de los salarios» del personal de salud y residentes, que no podrá ser menor a la que recibían en noviembre de 2023. El proyecto también exime al personal de salud del pago de ganancias en el desempeño de actividades críticas, horas extras y guardias.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la equiparación de salarios implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre, alcanzando un costo anual de $133.433 millones. El informe también señaló que, a junio de 2025, no existen reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.
