Los abogados del país se presentarán ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. Quieren extender la suspensión de la cesión de acciones, que ordenó la jueza Loretta Preska.
En un nuevo capítulo del derrotero judicial de YPF en la Justicia de Estados Unidos, esta semana Argentina realizará la presentación de un descargo argumental para buscar sostener la suspensión de la entrega de acciones de la empresa, la cual ordenó la jueza Loretta Preska.
Los abogados del país presentarán ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York los argumentos pertinentes en favor de que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo de Preska. De esta manera, se busca que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.
El escrito argentino se presentará este martes 22 de julio, luego de que el realizado por los beneficiarios del fallo expresara a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.
Este cambio de posicionamiento de los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones, se da tras el apoyo legal del gobierno estadounidense a la posición argentina mediante un amicus.
En medio de este mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama.
En caso de que el pedido judicial sea rechazado, la orden de Preska se reactivará, obligando a la Argentina a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.
La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.
Con información de NA.
