Un reciente decreto modificó la Ley de Migraciones en Argentina, instalando un enfoque más restrictivo en el acceso de los extranjeros a la salud y educación públicas.
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Victoria Cánepa, abogada especializada en derecho migratorio, quien comentó que, “esta reforma viene a reforzar algunas cuestiones y a modificar otras de la Ley de Migraciones”. Las modificaciones buscan, según la especialista, alinear las políticas locales con tendencias globales en materia de control migratorio.
El decreto publicado en el Boletín Oficial establece cambios que afectan el acceso a derechos esenciales como la salud y la educación para extranjeros sin residencia legal o con estatus precario.
Salud pública con restricciones
Uno de los ejes centrales del decreto es el sistema de salud. “Se garantiza el derecho a la salud, pero con algunas condiciones”, señaló Cánepa. La atención médica ante emergencias estará asegurada, sin importar el estatus migratorio. Sin embargo, para turnos programados o tratamientos no urgentes, se exigirá contar con un seguro médico privado o abonar un arancel por el servicio prestado.
Sobre el concepto de urgencia, la especialista aclaró: “El decreto no especifica qué se considera una emergencia; quedará a criterio del profesional de salud y eventualmente deberá reglamentarse”. Además, se busca evitar un fenómeno frecuente en provincias limítrofes: personas que cruzan la frontera únicamente para atenderse en hospitales públicos argentinos.
Educación gratuita: con condiciones
En cuanto a la educación, “se conserva la gratuidad para los argentinos y para extranjeros con residencia permanente”, indicó Cánepa. Esto abarca las universidades públicas, aunque se habilita a estas instituciones a cobrar aranceles a estudiantes sin estatus legal regularizado.
A nivel inicial, primario y secundario, se mantiene la gratuidad sin distinción por estatus migratorio. No obstante, “se impulsará desde las instituciones educativas la regularización migratoria de los estudiantes”, añadió la experta.
En cuanto a los estudiantes extranjeros que llegan al país, el decreto establece que deberán presentar una declaración jurada con el motivo de ingreso, acreditar medios económicos y contar con un seguro médico obligatorio.
¿Puertas cerradas para los que no tienen recursos?
El nuevo enfoque migratorio también genera interrogantes sobre su impacto en quienes buscan oportunidades sin grandes recursos. “No sé si estamos ante una Argentina de puertas cerradas, pero sí hay una orientación más selectiva”, opinó Cánepa.
Aunque existen figuras como la residencia precaria de 90 días, esta no otorga derechos y no es renovable. “Después de ese plazo, la persona debe abandonar el país o regularizar su situación”, explicó.
Además, se introduce una nueva categoría de ciudadanía por inversión, con el objetivo de atraer extranjeros con capacidad económica. “Se va a crear una oficina dependiente del Ministerio de Economía para regular este nuevo tipo de ingreso”, adelantó.
El debate sobre la reciprocidad
La controversia no tardó en instalarse. Mientras algunos sectores reclaman mayor control ante el uso del sistema público, otros cuestionan la falta de acuerdos bilaterales. La abogada aclaró: “Se busca equiparar la situación del argentino que aporta al sistema con la de los extranjeros que lo utilizan sin contribuir”. “La ley anterior apuntaba más a la reciprocidad; esta nueva normativa es más estricta”, finalizó Cánepa.