Los datos revelados por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) confirman que las políticas económicas del Gobierno nacional marginan a pequeños y medianos productores. A pesar del relato de “libertad y eficiencia”, crecen la concentración y la expulsión en el agro argentino.
Por Fernando Gómez
Las decisiones económicas impulsadas por el oficialismo impactan de forma directa en el entramado productivo del agro argentino, pero lo hacen de manera desigual. Mientras las entidades vinculadas a la Mesa de Enlace, luego de reunirse con el presidente Javier Milei, obtuvieron promesas de alivio para su sector, los pequeños y medianos productores siguen siendo relegados. Medidas como el dólar “barato”, la reducción de retenciones y la apertura de importaciones se presentan como beneficios para “el campo”, aunque en la práctica refuerzan un modelo que favorece a los grandes exportadores y perjudica a quienes producen alimentos para el mercado interno.
Según datos relevados por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), si bien la confianza entre los grandes jugadores del agro alcanzó niveles récord en estos últimos meses, la rentabilidad real de los productores chicos no solo no mejoró, sino que cayó. Con precios internacionales que no repuntan y costos internos dolarizados, el margen de ganancia se redujo y “el ingreso real del productor se desplomó un 45 % en menos de seis meses”.
“El plan económico que armó Milei junto con el ministro Caputo generó un fuerte abaratamiento del dólar, y eso recortó la rentabilidad de los productores, incluso después de la baja parcial de retenciones”, explicó en diálogo con Tiempo Rural, Diego Fernández, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. “Si a eso se le suma la caída de los precios internacionales, el panorama es de una rentabilidad bastante achicada. Pero lo más grave es que esto acentúa la concentración: en momentos así, solo los grandes productores pueden sostenerse. Al pequeño casi que se le imposibilita alquilar tierra, e incluso muchos se ven forzados a ceder las que son de su propiedad”.
Para Fernández, que también es investigador del CONICET, “solo con políticas segmentadas como impuestos progresivos, o específicas como una nueva ley de alquileres rurales, se puede revertir esta dinámica. Pero el Gobierno actual tiene una mirada completamente opuesta: para ellos los monopolios son virtuosos y las políticas redistributivas, aberrantes”.
Lejos de promover un modelo diversificado, el gobierno consolida un modelo de país primarizado, centrado en la exportación de commodities sin valor agregado y con fuerte concentración en pocas manos. La tierra sigue concentrándose, el 1 % de los establecimientos controla más del 35 % de la superficie cultivada, mientras se reducen las oportunidades para jóvenes rurales, para las cooperativas y para las economías regionales que aportan trabajo y alimento al país. Sin una política diferenciada, sin un Estado presente, sin redes técnicas y comerciales, el resultado es conocido: éxodo rural, concentración, pérdida de diversidad productiva y mayor dependencia externa.
En este contexto, el discurso oficial sobre la baja de retenciones como incentivo a la producción también muestra su límite. El Gobierno avanzó en una reducción escalonada de derechos de exportación en distintos complejos, pero sin una política integral ni segmentada. La rebaja generalizada termina beneficiando a grandes exportadores mientras margina a quienes abastecen el mercado interno. Frente a esto la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) propone retenciones segmentadas donde “los productores de hasta 300 toneladas deberían recibir el 100% de devolución; hasta 600, el 80%; hasta 900, el 60%; hasta 1200, el 40%; y hasta 1500, el 20% y quien produce más que eso, no recibe devolución”.
También el modelo de las aperturas indiscriminadas complica las producciones locales. En el primer semestre de 2025 se registró un aumento notable en la importación de alimentos e insumos que presionan a la baja los precios pagados al productor. La cebolla, el tomate, la papa y otras frutas y hortalizas ingresan desde países limítrofes generando presión a los precios de la producción nacional.
En muchos casos, los productores no logran cubrir ni los costos básicos de cosecha y empaque. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAM), la brecha entre precio de origen y góndola llegó en junio a multiplicarse por 7,7 veces en el caso de la cebolla, y por más de 5 en otros rubros, sin que el consumidor final tampoco se beneficie.
Los productores y la política económica
Tampoco el crédito acompaña. El crecimiento del financiamiento agropecuario en dólares, que el Gobierno exhibe como éxito, favorece únicamente a quienes tienen ingresos en divisas o capacidad de endeudamiento externo. Los pequeños productores, que operan en pesos y sin respaldo de exportación, quedan excluidos de estas líneas de financiamiento. Las tasas en moneda local, por otro lado, son prohibitivas. Así, el acceso al crédito productivo se convierte en un privilegio, no en una herramienta de desarrollo.
Mientras el relato oficial insiste en que “el campo está mejor”, lo cierto es que solo un sector del campo, el más concentrado, el que exporta granos en volúmenes masivos, encuentra beneficios reales. El resto, que produce alimentos, que trabaja en ferias, que sostiene el arraigo local, que cuida el suelo y las semillas, sigue esperando políticas que lo contemplen. En 2025, el modelo agropecuario argentino avanza, una vez más, hacia la exclusión. Y lo hace con velocidad, con justificaciones tecnocráticas, pero sin respuestas reales para quienes todos los días trabajan la tierra.
Fuente: Tiempo Argentino
