Filtración que prende alarmas
Un informe secreto titulado “Hechos previstos 09JUL25” ha sido filtrado a la prensa, revelando que la SIDE habría monitoreado actividades de figuras opositoras, movimientos sindicales y grupos de jubilados en manifestaciones frente al Congreso. El documento incluye detalles como fechas, horarios, recorridos y participantes, abriendo un intenso debate sobre el alcance de estas prácticas.
Expansión discrecional del espionaje interno
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN), elaborado por SIDE con respaldo del decreto DNU 614/2024, contiene definiciones vagas que permitirían justificar la vigilancia de periodistas, economistas o defensores del medioambiente bajo el pretexto de “manipular la opinión pública” o erosionar la confianza en las políticas gubernamentales. El grupo CELS lo califica como inteligencia política ilegal, contraria a la Ley de Inteligencia Nacional.
Reacciones políticas y judiciales
El gobernador Axel Kicillof presentó una denuncia penal por espionaje ilegal, solicitando que se determine quiénes fueron responsables de ordenar y ejecutar estas operaciones clandestinas. Paralelamente, dirigentes sindicales como Hugo Yasky y Hugo Godoy de la CTA también denunciaron ante la Justicia la vigilancia sobre manifestantes y organizaciones sociales.
El Gobierno se desmarca… pero las sospechas persisten
La Casa Rosada reconoció la existencia del nuevo Plan de Inteligencia Nacional, pero negó que se persiga a políticos, periodistas o activistas. El comunicado destaca que este gobierno sería el primero en décadas en no utilizar la SIDE con fines de persecución política.
El actual gobierno de Milei no es el único en Argentina bajo el cual han surgido acusaciones de espionaje, el expresidente Mauricio Macri también enfrentó imputaciones en dos procesos judiciales por presunto espionaje.
El primero se relacionó con escuchas ilegales durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el segundo caso, ya como presidente de la Nación, se debió a presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, el cual se hundió en 2017.
Ecos del pasado autoritario
Expertos y organismos de derechos humanos advierten que estas acciones evocan prácticas autoritarias del pasado, cuando los servicios de inteligencia eran usados para reprimir disenso. Además, señalan que el PIN vulnera el artículo 4 de la Ley 25.520, prohibiendo espionaje por motivos políticos o sindicales.
Las acciones de este organismo de inteligencia infringen la Ley de Inteligencia. Su mandato se centra en proteger la seguridad de Argentina contra amenazas, pero la ley les prohíbe explícitamente recopilar y almacenar información sobre ciudadanos basada en sus actividades políticas o sociales. En consecuencia, tales actos son ilegales y constituyen una violación de los derechos humanos.
Este escándalo se suma a la creciente tensión política en Argentina bajo la administración Milei, quien ha implementado fuertes recortes sociales y enfrenta masivas protestas de jubilados. El debate sobre la SIDE y su rol plantea interrogantes sobre la libertad de expresión, el control institucional y los límites del poder en democracia.
