Los gobiernos de Javier Milei y Santiago Peña lograron descomprimir el primer conflicto bilateral desde que asumieron sus mandatos, tras llegar a un acuerdo que suspende por 10 meses la restricción impuesta por Argentina al trasbordo de combustible hacia barcazas paraguayas en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
La medida en cuestión había sido adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, que había notificado la suspensión por 30 días de las operaciones de transbordo en el Kilómetro 171, argumentando que carecían de habilitación portuaria de acuerdo con la Ley Nacional de Actividades Portuarias N.º 24.093. Aunque no había entrado en vigencia, la resolución generó un fuerte rechazo en Paraguay, donde fue calificada como “unilateral y arbitraria”.
El martes, Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, comunicó en redes sociales que se había alcanzado un entendimiento con Argentina para extender por 10 meses la operatividad en la zona de alijo. Posteriormente, el gobierno argentino confirmó el acuerdo, aunque evitó hacer declaraciones públicas de alto perfil.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el ARCA de Argentina ha llegado a un acuerdo para extender la operativa en la zona de alijo en el Km 171 por 10 meses.
— Oscar Orué (@OscarOrue) July 8, 2025
Tensión comercial y advertencias desde Asunción
La decisión argentina provocó una reacción inmediata del gobierno paraguayo y de sectores empresariales como la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), que alertaron sobre graves consecuencias para el abastecimiento energético del país. El trasbordo en el km 171 —en funcionamiento desde 1981 bajo la Ordenanza Marítima N° 4/81— es clave para la logística de combustibles hacia Paraguay y la región.
El presidente del Centro de Armadores del Paraguay, Bernd Gunther, advirtió que la medida “amenazaba con generar un desabastecimiento estructural de combustibles”. Señaló además que forzar el traslado de las operaciones a terminales portuarias incrementaría los tiempos logísticos en más de ocho días y los costos en hasta un 70%, además de acarrear riesgos operativos y ambientales adicionales.
Negociaciones discretas y llamado al diálogo técnico
Aunque inicialmente se hablaba de una visita del titular de ARCA, Juan Pazo, a Paraguay para una reunión con Orué, el viaje no se concretó. Sin embargo, hubo gestiones de bajo perfil entre ambas partes que permitieron a Paraguay ganar tiempo y evitar la interrupción de las operaciones.
Orué explicó que realizó un llamado urgente a las autoridades argentinas para que se revise la decisión. “Instamos además a que cualquier revisión futura se realice en el marco de un diálogo técnico e institucional, con participación de todos los actores involucrados”, sostuvo. También se manifestó abierto a mejoras en seguridad, costos, tiempos e impacto ambiental.
El nuevo entendimiento entre ambos países llega en un contexto de cooperación intermitente, tras los roces durante el gobierno anterior por el peaje en dólares que Argentina impuso en la Hidrovía. En este caso, Milei y Peña lograron evitar una escalada mayor, aunque el tema permanece abierto y podría volver a tensarse dentro de diez meses, cuando finalice la prórroga.
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