Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, por parte de Javier Milei, arranca en Diputados una negociación encarnizada en la que los gobernadores jugarán un rol clave mientras el Gobierno apuntará a proteger por todos los medios el equilibro fiscal.
Para atenuar las tensiones en la Cámara Baja, el oficialismo apura el comienzo del debate y el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, convocó a una reunión para el próximo miércoles a los efectos de consensuar el plan de trabajo y el esquema de audiencias con funcionarios.
Los libertarios apuestan todo a extender el debate hasta diciembre cuando se renovará el Congreso con los diputados y senadores que serán electos en los comicios del 26 de octubre. La ilusión está centrada en hacer una elección que le permita al oficialismo engrosar sus bloques y tener garantizados los votos para que el texto enviado por el Gobierno no tenga demasiadas modificaciones.
En tanto, el peronismo con la oposición ampliada tienen la mirada puesta en los funcionarios del Ejecutivo que concurrirán a defender el proyecto de la Casa Rosada. En principio ya anticiparon que pedirán la presencia del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.
Está claro que no quedarán conformes con la presencia de los secretarios de Hacienda y de Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno, respectivamente, como se dio el año pasado cuando se intentó avanzar con el tratamiento del presupuesto 2025 que el Gobierno archivó al no llegar a un acuerdo con los gobernadores.
La situación vuelve a colocar los mismos protagonistas porque el oficialismo sabe que sin el apoyo de las provincias es difícil que el Gobierno pueda avanzar con un proyecto que prevé un superávit de $2,7 billones y fija un gasto global de $148 billones, de los cuales más de $106 billones son destinados a servicios sociales.
Pese a los acercamientos de los últimos días, al menos con las provincias aliadas, los gobernadores ya avisaron que entienden de gobernabilidad pero no son empleados del Gobierno. Y para defender sus objetivos anticiparon que van a negociar en conjunto.
Es que lo gobernadores saben que controlarán un cuarto de los votos en Diputados y una amplía mayoría en el Senado. Por eso, los operadores coincidieron que el éxito de la negociación dependerá de la predisposición de la Casa Rosada porque -según advirtieron- no ven que haya recursos para plantear una fuerte negociación.
Incluso recordaron lo ocurrido el año pasado cuando un grupo de 18 gobernadores emitió un documento con 5 puntos en medio de la discusión por el presupuesto y el Gobierno los rechazó a todos. En ese reclamo estaban la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), medidas que los gobernadores impusieron por ley y que el Senado buscará ratificar este jueves.
El PRO, uno de los principales aliados del Gobierno, respaldó el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Presidente, mientras que los sectores que fueron fundamental en la aprobación de la Ley Bases recibieron con comentarios positivos la propuesta presentada por Milei, aunque saben que los datos en discapacidad y universidad están lejos de los recursos asignados por las leyes aprobadas por el Congreso.
Sin embargo, para los dialoguistas puede haber distancias con las provincia en cómo se asigna la recaudación que exceda del presupuesto
En tanto, el kirchnerismo ya manifestó una visión crítica a partir de los datos que se prevén para lo que resta de este año y para 2025. Julia Strada cuestionó la proyección de un dólar a $1423 para fin de año , lo que implicaría una baja de 9 %.
Además cuestionó la proyección inflacionaria de 1 % mensual hasta fin de diciembre y de 0.8 % para 2026, ya que estos datos están atados a la movilidad de la moneda estadounidense.
