La fundación Arrels denuncia que la nueva ordenanza de civismo de Barcelona nace ya obsoleta a la hora de afrontar el sinhogarismo, que la norma recién aprobada por el Ayuntamiento no contempla las nuevas manifestaciones de este problema, que la esperada reforma desde hace lustros de este texto llamado a mejorar la convivencia en el espacio público no hará otra cosa que empeorar la vida de los sin techo…
Si uno se acerca a la Zona Franca, al barrio de Sant Antoni o a los parques del de la Vila Olímpica ve que últimamente a los tradicionales perfiles marcados por la cronicidad y los problemas mentales y con el alcohol se suman los de personas que trabajan pero no pueden acceder a una vivienda y que nunca se habían visto en esta tesitura. Según el último recuento de Arrels, hoy día duermen en las calles Barcelona 1.982 personas. El incremento con respecto al 2023 es del 43,2%. Arrels atendió en el 2025 a 3.337 personas, de ellas a 1.524 por primera vez.
El número de personas que duermen en las calles de Barcelona se incrementó en un 43,2% respecto al 2023
Pese a ello, dice Bea Fernández, directora de la fundación, la nueva ordenanza de civismo afronta estos problemas sociales con los planteamientos de su primer redactado hace ya 20 años. “La nueva penaliza a las personas en situación de calle como la antigua. De hecho, de un modo aún más punitivo. No se adapta ni a los nuevos ni a los antiguos perfiles”.
“Intentamos convencer al Ayuntamiento de que poner sanciones no resuelve los problemas relacionados con la pobreza, que esta norma no debería regular el sinhogarismo –abunda la directora de Arrels–, siquiera cuando las multas son sustituidas por otras medidas. Pero el Ayuntamiento no aceptó nuestras alegaciones. Bueno, aceptó una y estimó parcialmente otra, pero estas respuestas no supusieron modificaciones sustanciales del texto. El Consistorio está adoptando medidas de otros tiempos, como la retirada de bancos en Sant Antoni. Así solo desplaza a las personas”.
Arrels presentó diez alegaciones orientadas sobre todo a que el Ayuntamiento no sancione a las personas que viven en la calle por hacer actividades a las que se ven abocadas dadas sus circunstancias, como acampar, cocinar o dejar una lata de cerveza en el suelo. Pero la respuesta siempre fue que establecer esta distinción supondría una discriminación.
“La propuesta es contraria a la ley de igualdad de trato por la condición económica o social –argumentó el Consistorio–. En el espacio público todos tenemos derechos y obligaciones. A las personas vulnerables que infrinjan la ordenanza, una vez se acredite su situación, se les ofrecerá realizar medidas alternativas y sustituir la multa. Si se eximiera de responsabilidad a las personas sin hogar se dejaría el juicio de la situación al agente de la Guardia Urbana y en función de su apreciación de las circunstancias denunciaría o no a la persona, informando de esta situación y comportando una estigmatización de una parte de la sociedad”.
La nueva ordenanza incorpora agravantes por orinar en la calle: la multa pasa de 300 a 750 euros si la infracción tiene lugar en calles estrechas, espacios concurridos o edificios catalogados. El gobierno del alcalde Jaume Collboni solo aceptó un 34% de las alegaciones de los grupos municipales y doce entidades, pero apoyó la mayoría de peticiones de los ediles de Junts. El ejecutivo municipal sostiene que la nueva norma no sustituye la acción social, sino que la complementa, y que en relación a estas cuestiones prioriza las medidas alternativas a las multas y condena la aporofobia.
“No es lo mismo que una persona que tiene donde vivir tire una lata de cerveza en una fiesta popular a que lo haga otra que vive en la calle –repone la directora de Arrels–. El Ayuntamiento ha de regular el botellón para acabar con las molestias, pero no debe tratar igual los problemas sociales, no ha de gestionar la pobreza como problemas de convivencia. Estas medidas están planteadas para frenar las molestias vecinales, no para solucionar los problemas sociales. Muchas personas sin techo ya suman muchas sanciones por dormir o beber alcohol en la calle. No tiene sentido”.
Arrels cree que los guardias urbanos que encuentren un sin techo cometiendo una infracción relacionada con “la realización de actividades de sostenimiento de la vida” deberían contactar con los servicios sociales, y no sancionarla caso de que estos servicios tengan constancia de su situación, y si no están al tanto de ella pero luego esta personas demuestra que está “en una situación de calle” la sanción debería ser anulada, y no sustituida.
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