La investigación judicial sobre un incidente violento desatado tras la condena a prisión de Cristina Kirchner comienza a develar una trama que mezcla militancia K radicalizada, la utilización de recursos del Estado para fines ilegales, irregularidades con contratistas de obra pública y la aparición de abogados cotizados con peso político propio.
Este caso, el “escrache” amenazante al domicilio del diputado José Luis Espert, resume esas variables y además se enfoca en posibles instrucciones para organizar desmanes impulsadas por la cúpula de la agrupación La Cámpora. El expediente quema: acaba de ingresar en “secreto de sumario”, una modalidad utilizada en las pesquisas judiciales cuando se prevén medidas de impacto cuya anticipación podría frustrarlas. Todo ocurre en torno a un hecho que, por sus características generales, el folklore político nacional podría minimizar o considerar un suceso “menor”.
Sin embargo, el análisis de lo acontecido y de las acciones de sus protagonistas cambia radicalmente al considerar la posible aplicación de graves artículos del Código Penal.
El martes 17 de julio pasado, el mismo día en que se oficializó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner por delitos de corrupción, un grupo de encapuchados violentó el frente de la vivienda particular del diputado José Luis Espert, uno de los libertarios más críticos de la familia K. El ataque, que tuvo un costo económico y una organización llamativa, consistió en lo siguiente: pasadas las siete de la noche, un grupo de personas encapuchadas y con guantes descendió de una camioneta en las cercanías de la casa del legislador. Otras personas vigilaban la zona desde un auto mientras el resto de los autores concretaba lo que, judicialmente, inicialmente se caratuló como “amenazas”.
Los encapuchados bajaron de la camioneta seis bolsas de consorcio repletas de bosta de caballo, que esparcieron por el frente de la vivienda. También dejaron en el lugar un afiche impreso de modo profesional, con medidas casi perfectas para cubrir el perímetro de la casa, y una frase alusiva al estiércol y al economista: “Acá vive la mierda de Espert”.
El diputado denunció el incidente. El expediente se radicó en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Con ayuda de la Policía Federal, la magistrada logró identificar los dos vehículos utilizados por los encapuchados: una camioneta Chevrolet S10 y un Renault Clío. El caso comenzó así a adquirir otra dimensión.
El Renault Clío pertenece a una funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Gobernación de Buenos Aires: Alexia Abaigar, a cargo de la Dirección de Sensibilización y Derechos de ese organismo. Quedó detenida. La Justicia tendría comprobado que estuvo en el lugar de los hechos investigados como delitos graves contra el orden público e intimidación, y posiblemente otros delitos, como se verá. Además, fueron detenidos una expareja de Abaigar y su madre, quienes estaban autorizados a manejar el Clío, aunque ya se habría comprobado que no participaron de las amenazas a Espert.
El viernes pasado, el diputado y su esposa, aceptados como querellantes en la causa, pidieron que se le niegue la excarcelación a la funcionaria Abaigar. Lo mismo solicitó el fiscal.
¿Quién había pedido la libertad de la titular de Sensibilización del Ministerio de la Mujer bonaerense?
Su abogado es Daniel Llermanos, exjuez federal, penalista cotizado y con vínculos con la familia Moyano, aunque también alineado con los intereses kirchneristas tras la detención de la expresidenta. Llermanos presentó un amparo para que Cristina Kirchner pueda ser candidata a pesar de que la Corte Suprema dejó firme su sentencia de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
¿Cómo llegó el reconocido abogado Llermanos a la defensa de Abaigar?
Además de funcionaria bonaerense, Abaigar es militante de La Cámpora, la agrupación política de Máximo Kirchner, cuya líder es la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. La pesquisa sobre la camioneta Chevrolet S10 de la que se bajaron los encapuchados condujo a ese municipio.
El incidente fue filmado por cámaras de vecinos y de la misma cuadra de San Isidro. El jueves pasado, la Justicia secuestró esa camioneta, que estaba estacionada en un garage reservado a funcionarios de la Municipalidad de Quilmes.
¿Quién es el dueño de la camioneta?
La empresa Centro Construcciones, contratista de obra pública de Quilmes y también de la Gobernación. Arroyo Salgado allanó también la compañía. Según fuentes al tanto del caso, está probado que el vehículo fue cedido por la empresa a la comuna de Quilmes cuando la firma ganó la licitación pública para renovar el Acceso Sudeste en 2021. En los papeles se especificó que Centro Construcciones entregaría el vehículo a la comuna para que sus funcionarios inspeccionen el avance de la obra vial, adjudicada con un presupuesto inicial de 926 millones de pesos. Según informó la concejal quilmeña Estefanía Albasetti, de La Libertad Avanza, a pesar de haber cobrado el contrato, Centro Construcciones S.A. nunca terminó la obra para mejorar el Acceso Sudeste. Han pasado cuatro años.
¿Qué dijo Mayra Mendoza sobre el hallazgo de la camioneta que estaba a cargo de su gestión para inspeccionar una obra pública y se usó para intimidar a Espert?
Nada.
La Justicia ahora trabaja en secreto de sumario y podría haber más novedades en una investigación judicial que, a poco de iniciada, demuestra que la política K está totalmente vinculada a diferentes hechos violentos desencadenados tras la condena firme a Cristina. La lista es larga y todos los hechos fueron difundidos por los medios. En ningún caso hubo detenidos, salvo en la causa de la amenaza a Espert. Ni siquiera ocurrió con exfuncionarios identificados en el ataque con destrozos a las instalaciones de Artear y TN, que también militan en La Cámpora.
Las preguntas intrigan a quienes fueron afectados por estos acontecimientos y a la Justicia:
¿El ataque a la casa de Espert se realizó después de que sus protagonistas hicieran inteligencia previa en el lugar?
¿Pudo la intendenta de Quilmes desconocer que alguno de los funcionarios autorizados a manejar la S10 usaría el vehículo para amenazar el domicilio particular de un diputado nacional? Si lo desconocía, ya está al tanto: ¿tomó alguna medida al respecto?
No lo hizo.
Entre otros elementos secuestrados en los allanamientos, la Justicia analiza el contenido de los celulares de personas que participaron del incidente o que están involucradas en esta trama. Los delitos que podrían imputarse a quienes sean identificados como los autores de las amenazas a Espert ya excederían los tipificados en el Código Penal como crímenes contra el orden público. El uso de la camioneta propiedad de un contratista estatal sumaría posibles delitos de corrupción.
El abogado de la funcionaria Abaigar, el doctor Llermanos, escribió en su cuenta de X que había apelado para lograr la libertad de su “clienta”, asegurando que ella había reaccionado a declaraciones de Espert sobre Cristina y su hija Florencia. Para el penalista, Abaigar fue autora de un hecho que solo puede castigarse como una contravención municipal.
Ayer, la central sindical ATE anunció que militará por la libertad de la detenida: “Presa por mujer y peronista”, es la consigna.
Militancia radicalizada, entremezcla de fondos y bienes destinados a obra pública pero usados para fines políticos violentos, intimidaciones muy bien organizadas y un alineamiento total con los intereses de Cristina Kirchner, detenida con arresto domiciliario en San José 1111. Es justo el edificio que habrían visitado los funcionarios de Quilmes que usaron la S10 para atacar la casa de Espert, el día anterior a ese acontecimiento.
¿Hay filmaciones que muestran a esa camioneta allí?
La causa judicial acaba de empezar.
Habrá novedades: pronto.
