La política argentina sumó en las últimas horas un nuevo escándalo que golpea de lleno al corazón del oficialismo. La difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, abogado, amigo personal del Presidente y hasta ayer titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), destapó una trama de supuestas coimas y pedidos de dinero a laboratorios para garantizar contratos con el Estado. El contenido de esas grabaciones, donde se habla abiertamente de “recaudación” y de aportes exigidos a empresas del sector de medicamentos, no solo forzó la salida inmediata de Spagnuolo del organismo, sino que también derivó en denuncias judiciales que ya mencionan a figuras del más alto nivel, entre ellas Javier y Karina Milei y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem.
La cadena de hechos fue vertiginosa. Los audios comenzaron a circular el 20 y 21 de agosto en medios y redes sociales. En ellos, una voz que se le adjudica a Spagnuolo describe un mecanismo de financiamiento irregular que habría funcionado en torno a las compras estatales de medicamentos. La reacción oficial llegó al día siguiente: el Presidente decidió apartar a su colaborador de la jefatura de la ANDIS en un intento de cortar el costo político. No hubo, sin embargo, un desmentido técnico ni un informe que pusiera en duda la autenticidad de las grabaciones, lo que alimentó aún más la polémica.
Las denuncias que ya se presentaron en la Justicia buscan determinar si existió un esquema de coimas que involucrara a laboratorios privados, a intermediarios del Estado y a miembros del círculo íntimo del poder. En los escritos judiciales se mencionan nombres sensibles: además de Spagnuolo, aparecen Karina Milei, “Lule” Menem y el empresario Eduardo Kovalivker, titular de Suizo Argentina S.A., firma vinculada a la provisión de medicamentos. La investigación se centrará ahora en peritajes para confirmar la autenticidad de los audios, verificar su contexto temporal y rastrear si efectivamente se tradujeron en contratos o favores dentro de la administración pública.
El caso toma mayor dimensión porque Spagnuolo no era un funcionario cualquiera. Según registros oficiales, integraba el grupo de visitantes más asiduos a la Residencia de Olivos y mantenía trato directo y cotidiano con Javier Milei. Su caída, por lo tanto, no se limita a un organismo como la ANDIS, sino que proyecta dudas sobre los niveles más altos de la Casa Rosada.
En el plano político, la oposición reclamó explicaciones inmediatas a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y a la propia Jefatura de Gabinete. El oficialismo, en cambio, intentó encapsular la crisis presentándola como un caso individual, mientras las redes sociales amplificaban fragmentos de los audios y multiplicaban la presión pública. La dinámica fue la habitual en este tipo de episodios: primero estallan las filtraciones, luego la política se ve forzada a reaccionar y finalmente interviene la Justicia, aunque los tiempos judiciales rara vez coinciden con la urgencia mediática.
Lo que viene ahora estará marcado por tres frentes. En el judicial, los peritajes sobre la veracidad de los audios serán clave para establecer si se trata de material genuino, manipulado o sacado de contexto. En el administrativo, habrá que auditar los contratos de la ANDIS y las compras de medicamentos que podrían haber estado alcanzadas por el esquema. Y en el político, el Gobierno deberá administrar el impacto de un escándalo que estalla en simultáneo con otras derrotas legislativas, en una semana en la que el Congreso rechazó varios decretos presidenciales y blindó leyes contrarias al Ejecutivo.
Más allá de cómo avance la causa, el daño ya está hecho. El caso ANDIS combina tres elementos altamente sensibles: el manejo de fondos destinados a poblaciones vulnerables, la cercanía de los implicados con la máxima autoridad del país y la exposición mediática de audios comprometedores. Todo esto convierte a la filtración en un episodio que trasciende el plano judicial y se instala como un golpe político: un recordatorio de que, en la Argentina actual, las disputas por poder y legitimidad se juegan tanto en los tribunales como en la arena pública.
