Dar con los teléfonos celulares de los principales involucrados en la causa por presuntos sobornos al Estado que estalló tras el escándalo de los audios atribuidos al ahora ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue una tarea de muchas horas. Sin embargo, la justicia federal logró hallar los cuatro dispositivos electrónicos que, entiende, son útiles al objetivo de la investigación. Según pudo saber Clarín, la pericia sobre los aparatos comenzó por orden del fiscal Franco Picardi.
La denuncia formulada por el abogado Gregorio Dalbón, y que dio origen a la causa penal que inquieta a la Casa Rosada, ingresó a Comodoro Py un día después de que los audios tomaran estado público. En ellos quién presuntamente habla es Spagnuolo, que menciona a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; a Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
Según la denuncia, la sospecha es que todos «habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
Como contó Clarín a la hora de evaluar el planteo del abogado, el representante del Ministerio Público determinó en primer punto, el objeto procesal: aquello que inicialmente está bajo estudio. “Existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, explicaron fuentes judiciales a este diario a la hora de determinar cuál es el punto de partida de la causa que tiene en vilo al Gobierno.
Para la fiscalía, esa presunta estructura de corrupción podría involucrar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina, por lo que busca dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería.
Por eso el objetivo del fiscal Picardi es conocer la información de los cuatro teléfonos celulares que fueron secuestrados durante la extensa jornada de allanamientos y requisas del viernes.
Anticipándose al importancia que revisten los dispositivos electrónicos, cuando comenzaron los operativos a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires el fiscal Picardi entendió que era indispensable dar intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.
La finalidad: que se realice de forma inmediata y en caliente de toda la información que los celulares y computadoras tienen. El representante del Ministerio Público entendió desde un comienzo que no se puede perder tiempo en pericias que pongan en peligro la información de los celulares.
Hay que recordar que lo que más se buscaba durante los operativos eran los celulares y sobre todo el de Diego Spagnuolo responsable de las conversaciones que tomaron estado público y dieron inicio a la causa. Ese teléfono fue secuestrado después del mediodía del viernes. Si bien no quiso otorgar la clave del dispositivo, la Fiscalía se anticipó y ordenó una inmediata extracción de su contenido.
Si los teléfonos estaban bloqueados, el fiscal indicó que se secuestren inmediatamente, para eso se pidió la intervención al Departamento Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Todas las medidas requeridas y avaladas por el juez Sebastián Casanello son relevantes para desentrañar un entramado hoy bajo sospecha. No sólo como objeto de la investigación sino también para a futuro poder determinar si hay responsabilidad penal de los denunciados.
Según indicaron fuentes judiciales a Clarín, la extracción forense de los teléfonos comenzó inmediatamente después de concluidos los operativos.
La sospecha latente es poder conocer si reviste veracidad lo planteado por Spagnuolo en los audios difundidos mediáticamente. En aquella grabación, habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y/o droguerías a la firma Suizo Argentina, de cuyo producido un porcentaje sería entregado a funcionarios/as públicos/as de la Administración Pública Nacional.
Los celulares constituyen, en consecuencia, una prueba determinante: ¿Puede haber en su interior información que corrobore los dichos de Spagnuolo? ¿Puede haber mensajes con Karina Milei que afirmen algún posible circuito de sobornos? Todo continúa entre signos de interrogación y el mayor temor en el Gobierno es aquello que puedan “decir” los celulares.
