Después de que el juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de vigilancia de Nordelta Ariel De Vicentis por los delitos de «desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento», su abogado defensor presentó la apelación y será la Cámara la que resuelva si confirma o no, las acusaciones. El expediente quedó radicado en San Isidro.
La justicia federal penal determinó que De Vicentis estorbó durante los allanamientos realizados en el country en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción que involucra a la ANDIS y a la droguería Suizo Argentina. Los mensajes de su celular, fueron prueba determinante: “Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a los policías”, sostiene algunos de los ponderados por el juez Casanello.
Después de tomarle indagatoria al jefe de Seguridad del country de Nordelta, avanzó en una serie de operativos en el barrio con un objetivo claro: reconstruir el recorrido que hizo Jonathan -el socio mayoritario del a droguería Suizo Argentina- el día que se realizaron los allanamientos y logró escapar.
Hace una semana, el magistrado entendió que “la celeridad y el factor sorpresa eran claves para la efectividad de las medidas de coerción procesal de naturaleza probatoria ordenadas por el tribunal”.
Esas condiciones de los operativos requeridos por el fiscal Franco Picardi, “fueron alteradas como resultado de la conducta del imputado, contraria a su obligación de acatar la orden judicial ejecutada por las fuerzas de seguridad estatales”, dijo Casanello.
En este punto, “resultan esclarecedoras las imágenes captadas al momento de efectuar el allanamiento del domicilio de Jonathan Kovalivker, oportunidad en que se encontró una de las cajas de seguridad con dinero revuelto y muchas bandas elásticas sueltas”.
A este cuadro probatorio se opuso el abogado defensor, Guillermo Soares Gache, quien sostuvo en la apelación lo «único que hizo De Vincentis fueron dos llamados por teléfono de menos de un minuto cada una, cumpliendo su obligación como jefe de Seguridad para verificar lo que estaba ocurriendo».
Esos llamados, entiende el asesor letrado, «no generaron demora alguna en el procedimiento. No hay ni una sola prueba en el expediente de que haya avisado» y considera que son «suposiciones» del magistrado.
Sin embargo, la prueba incorporada a la causa para el juez Casanello, “contradice el descargo ensayado” por De Vicentis cuando dijo que nunca advirtió a los hermanos dueños de la droguería ni buscó impedir los allanamientos.
Hay que recordar que Ariel De Vicentis dijo estar de vacaciones pero que su “celo profesional” lo condujo a intervenir pidiendo en un grupo de WhatsApp una foto de la orden de presentación. Sin embargo, negó haber participado en cualquier hecho que haya podido advertir a los hermanos Kovalivker.
Frente a este panorama, concluyó Casanello que el proceder de De Vicentis responde a la oobstrucción de un acto judicial, encubrimiento y desobediencia a la autoridad.
Con la apelación presentada sólo sobre el procesamiento, la causa fue remitida a la justicia de San Isidro.
La decisión de declinar la competencia responde a que en principio, se investigó un encubrimiento vinculado al hecho principal que investiga el fiscal Franco Picardi, fue quien pidió la indagatoria.
Una vez resuelto el procesamiento, el juez entendió que como los hechos ocurrieron en «extraña jurisdicción», es decir, fuera de la Ciudad de Buenos Aires». El caso continuará en San Isidro.
El celular: prueba clave
Al peritar su celular, el juez dio como “prueba inobjetable las conversaciones halladas en su teléfono celular. Ellas revelan una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera. Todo debía pasar previamente por el área de Legales, como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional. Este procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”.
Al continuar explicando los delitos atribuidos al jefe de Seguridad, el juez Casanello desarrolló en la resolución que los argumentos de De Vicentis no fueron suficientes para explicar la situación y añadió: “Lo debilita sus propias contradicciones e inconsistencias” porque “no logra justificar cómo estando fuera de funciones -gozando de sus vacaciones- se involucra espontáneamente en el procedimiento policial, monitoreando cámaras, dando instrucciones y estableciendo comunicaciones con sus subordinados, contraviniendo las órdenes de la autoridad pública”.
En otros términos, “quiso dar a entender que era algo usual, aunque no pudo proporcionar ningún ejemplo similar”.
Al respecto la apelación indica que el personal policial «estuvo tres horas en la casilla de Nordelta esperando que les lleven la orden de allanamiento. Es evidente que todo el barrio estaba al tanto de lo que pasaba. Y sobre todo los Kovalivker, a quienes les habían allanado el laboratorio horas antes».
La imputación a Ariel De Vincentis es para «ocultar la impericia del juzgado y la policía para hacer estos procedimientos», indicó el abogado del Jefe de Seguridad.
Los hechos ponderados por Casanello fueron otros: n la decisión judicial se planteó que si bien De Vicentis dijo desconocer absolutamente al vecino involucrado, “en otros pasajes refirió con detalle la ubicación de su vivienda, mencionando incluso que había pertenecido previamente a personas de relevancia pública y que se encontraba en una zona distinguida junto a la residencia de Eduardo Costantini, fundador y presidente de la empresa que desarrolló el complejo”.
Los mensajes del Jefe de Seguridad
A lo largo de la resolución judiciales, se dejó constancia de los mensajes enviados por De Vicentis en el grupo de WhatsApp denominado “Supervisores AVN” el 22 de agosto:
Ariel de Vicentis: “Buenos días. Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere ningún personal que no corresponda. Al área legal, está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos. Para mí, esto estaba más que entendido, y no había necesidad de repetirlo, pero parece que sí”, es la primer parte.
El mensaje sigue: ”Tal lo sucedido, anoche si se presenta una fuerza de seguridad y está requiriendo información de vecinos, si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos, para que busquen la información. Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno. Si la Fiscalía o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos a saneamientos las diligencias judiciales como la que realizaron y creen estar en Fuerte Apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.
Hubo un segundo mensaje: “Reitero, ningún personal de ADN, salvo el área legal, está autorizado a entregar información más allá en la orden que trajo la policía, figure que habilitan día y hora”.
La última comunicación dice: “Al margen de cuando se retiren del barrio la Isla, cualquier otro procedimiento que quiera hacer la policía de la ciudad en el marco de esta misma causa le dan inmediata intervención a Legales para que baje un abogado de ese departamento y corrobore si corresponde o no. Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar taxativamente. Tiene que decir dirección y número catastral, no puede hablar de generalidades como pasa o como pasó en el documento que presentaron anoche”.
