La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lleva adelante una auditoría que obliga a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez a presentar documentación actualizada que certifique su condición. Esta medida, aunque legítima en su intención de verificar el cumplimiento de los requisitos, ha generado gran preocupación en Salta, tanto en la capital como en el interior de la provincia, debido a las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para cumplir con los plazos establecidos. Ante la situación, referentes de discapacidad y legisladores provinciales solicitan a diputados nacionales que gestionen una ampliación de plazos, para que las personas afectadas puedan cumplir con las exigencias sin perder el derecho a su pensión.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lleva adelante una auditoría que obliga a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez a presentar documentación actualizada que certifique su condición. Esta medida, aunque legítima en su intención de verificar el cumplimiento de los requisitos, ha generado gran preocupación en Salta, tanto en la capital como en el interior de la provincia, debido a las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para cumplir con los plazos establecidos. Ante la situación, referentes de discapacidad y legisladores provinciales solicitan a diputados nacionales que gestionen una ampliación de plazos, para que las personas afectadas puedan cumplir con las exigencias sin perder el derecho a su pensión.
Según la normativa, los beneficiarios deben presentar su documentación médica dentro de los 30 días hábiles. Sin embargo, las dificultades burocráticas y la falta de infraestructura en algunos parajes de la provincia dificultan el acceso a los servicios médicos y a los trámites administrativos requeridos. A esto se suma la lejanía de los turnos médicos otorgados y la falta de especialistas.
Los motivos de la auditoria
El gobierno de Javier Milei inició la auditoría de 1 millón de pensiones por invalidez laboral, que equivalen al 82% del total y representan el principal programa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según informaron desde 2001, la cantidad de beneficiarios aumentó un 1.600%: pasó de 76 mil en 2001 a 1,2 millones en septiembre de 2024 (último dato disponible).
La voz de los referentes
Miguel Reynaga, presidente de la Asociación Lisiados de Salta (ALSA), expresó su preocupación ante la situación que atraviesan las personas con discapacidad. En diálogo con El Tribuno, Reynaga señaló que muchos beneficiarios enfrentan dificultades para acceder a los estudios médicos, no solo por la falta de recursos económicos, sino también por la sobrecarga de los hospitales públicos y la falta de especialistas en ciertas patologías. “No todas las personas con discapacidad tienen las herramientas necesarias para cumplir con lo solicitado, especialmente aquellas que pertenecen a clases sociales más desprotegidas. Para ellos, cumplir con los requisitos es una tarea sumamente complicada”, afirmó Reynaga.
Reynaga también destacó que, aunque es importante garantizar que las pensiones no sean otorgadas de forma indebida, es necesario que se garantice el derecho de las personas con discapacidad que realmente lo necesitan. En este sentido, pidió a las autoridades nacionales que amplíen los plazos, dada la complejidad del trámite para acceder a los estudios médicos necesarios.
El pedido de los senadores
Por su parte, los senadores provinciales también expresaron su preocupación ante esta situación. El senador de Chicoana, Esteban D’Andrea, comentó: “Estamos muy preocupados por la auditoría que lleva a cabo la Agencia de Discapacidad. En el interior de la provincia, hay zonas donde la conectividad es casi nula, y los trámites deben hacerse en línea. Además, muchas personas deben trasladarse grandes distancias para acceder a los hospitales y especialistas. No estamos en contra de la auditoría, pero pedimos que se amplíen los plazos para evitar que quienes realmente lo necesitan queden sin su pensión”.
D’Andrea resaltó que, además de los problemas de conectividad, la situación climática reciente, con las crecidas de los ríos en algunas zonas de la provincia, empeora aún más las dificultades para acceder a los servicios médicos y completar los trámites.
El senador de Guachipas, Diego Cari, también se sumó al reclamo, mencionando las dificultades que enfrentan los habitantes de su departamento, especialmente aquellos de los parajes más alejados. “En Guachipas, por ejemplo, hay comunidades que se encuentran a horas de distancia del hospital más cercano. Además, el acceso a los especialistas es limitado, lo que hace que cumplir con estos plazos sea aún más difícil”, explicó Cari.
Propuestas y acciones en marcha
A pesar de las dificultades, los senadores aseguraron que no están en contra de la auditoría, sino que buscan que el proceso se realice de manera que no afecte a quienes realmente dependen de estas pensiones. En este sentido, Cari agregó: “Lo que pedimos es una prórroga para que las personas tengan tiempo suficiente para completar los estudios y no pierdan el beneficio que les corresponde por derecho”.
En respuesta a las gestiones realizadas por los legisladores, el Ministerio de Salud Pública de la provincia informó que ya se ha suspendido la auditoría en ciertos municipios como Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur, debido a las complicaciones provocadas por las recientes inundaciones. Esto beneficia a los habitantes de esos municipios, que no tendrán que presentar los estudios médicos para revalidar sus pensiones, al menos de manera momentánea.
Impacto de la auditoría en las comunidades del interior
En San Antonio de los Cobres, el senador Leopoldo Salva explicó que la exigencia de presentar la documentación en una fecha determinada ha generado gran incertidumbre entre los beneficiarios, ya que el acceso a los estudios médicos es limitado. “Las personas de parajes como Pastos Grandes o Tolar Grande tienen muchas dificultades para llegar hasta el hospital de San Antonio de los Cobres, y los turnos médicos son escasos y tardíos”, indicó Salva.
El senador también destacó que, aunque se está gestionando una ampliación de plazos, es esencial que la provincia siga trabajando en mejorar la atención médica en el interior, con la posibilidad de llevar especialistas a los hospitales locales para evitar que las personas tengan que viajar largas distancias.
En este contexto, tanto los senadores como los referentes de discapacidad de Salta coinciden en la necesidad de que el gobierno nacional y provincial gestionen una prórroga para la presentación de los estudios médicos, garantizando así que nadie pierda su pensión por discapacidad. Esta solicitud cobra mayor urgencia dado que muchas personas, especialmente en las zonas más alejadas de la provincia, no tienen los medios ni el acceso a los servicios necesarios para cumplir con los plazos establecidos.
