Este martes, a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó el sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados. En rigor, el Ejecutivo derogó el Decreto 2417/1993, que regulaba los controles del Estado en los institutos de enseñanza privados hace más de 30 años.
De esta manera, el Estado dejará de tener injerencia en el esquema de supervisión de precios de las matrículas y cuotas escolares en los institutos privados. Así, a partir de ahora, estos establecimientos podrán fijar libremente los aumentos mensuales, sin necesidad de autorización previa ni tener que comunicar los montos con antelación al Estado nacional.
Según la resolución, el régimen vigente de aumentos controlados por el Estado “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. Además, remarca que, con el traspaso de competencias a las provincias, había que “revisar el marco normativo”.
Asimismo, el escrito cuestiona la intervención estatal en los aranceles porque “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En este sentido, añade que las entidades suelen fijar precios más altos de lo necesario al inicio del ciclo lectivo para cubrirse ante eventuales disparadas de la inflación.
Precios y salarios unilaterales
Por otra parte, la normativa instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar lo establecido por el Decreto 2542/1991. Esto tendiente a la implementación de un esquema que resguarde la libre contratación y “permita a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones según las demandas del mercado”.
Esta cuestión está relacionada con la idea del Gobierno nacional de que los establecimientos de enseñanza privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación”, entre lo que figuran “los salarios de sus empleados”, sin el requerimiento “de autorización estatal”. Ambas desregulaciones se encuadran en la política del Gobierno de liberación de la economía.
