El que manda, manda aunque no quiera. Y hay quienes no mandan aunque quieran.
Así de simple es el poder.
Con diferencia de pocos días le hablaron al país Orsi y Lacalle Pou. Y más que días de diferencia, hubo años luz.
La claridad conceptual, la cadencia, la confianza, la firmeza. No todo tiempo pasado fue mejor, como escribía Manrique, pero hubo uno que sí. Cuando había un gobierno con rumbo y con Capitán. Obviamente había lo primero porque había lo segundo.
Este gobierno no tiene agenda, es reactivo, va improvisando y delineando pseudo estrategias como posicionamiento de coyunturas.
Fue lo que pasó con el caso Cardama. Una evidente respuesta de un gobierno arrinconado por líos con el Presidente de ASSE, índices de inseguridad alarmante, un presupuesto lleno de incumplimientos, caída de la imagen del Presidente, conflictos sindicales por doquier, y un largo y complejo etcétera.
Desde Torre Ejecutiva, quienes creen que la política es un tablero de ajedrez, decidieron cambiar el foco de atención (que no es lo mismo que el foco de importancia) y que la oposición pasara a la defensiva, explicando cosas del pasado. Obviamente si el gobierno decide rescindir un contrato millonario, y decide hacer una denuncia penal por fraude y estafa al Estado uruguayo, de forma intempestiva e inexplicable, es fácil interpretarlo como una movida hostil y teledirigida.
Más allá de las cuestiones jurídicas de rescindir un contrato principal sin incumplimientos por supuestos vicios de un contrato secundario o accesorio, acá la cuestión no es contractual, es claramente política. Por eso cabe analizar ese aspecto. Especialmente por la reiteración, casi por la obsesión. Lo de Arazatí y ahora esto. Solo hay algo peor que la falta de rumbo de este gobierno, y es la actitud destructiva de derrumbar el que había. Mientras tanto, pierden los uruguayos.
Para Max Weber, el poder es la capacidad de imponer la voluntad. Sin embargo, la autoridad es distinta, es el poder que se percibe como legítimo y que es obedecido por propia voluntad. Se obedece porque es interpretada como legítima, y acá radica su elemento esencial. Esa legitimidad puede provenir de tres fuentes: de la tradición, del carisma y de lo racional-legal.
En nuestro país se nota la diferencia en el ejercicio de la autoridad entre el pasado gobierno y el actual. Especialmente en eso que decía Weber del carisma. Lacalle Pou la ejercía con firmeza y claridad conceptual. Mandaba y se notaba. Pero además sabía lo que pensaba y lo hacía saber con naturalidad.
Sin embargo, es muy difícil saber lo que piensa Orsi. Por su estilo y porque sus interlocutores hablan por él. Y obviamente le queda mal e incómodo salir a trancar fuerte con situaciones como lo de las patrullas oceánicas. Porque no es su estilo ni su expertise técnico. Lo mandaron a la guerra con un tenedor, y cuando alguien avezado en comunicación y gestualidad como Lacalle Pou se los marca, sus interlocutores se ofenden. Si, hablan por él y hasta se ofenden por él. Dantesco.
En Uruguay supimos acuñar el concepto de “libertad responsable” pero bien vale la pena que discutamos sobre la “autoridad responsable”. Esa que debe nutrirse de mesura e inteligencia. Porque un Presidente que sale a hablar de rescindir contratos (por decisión propia o porque se lo sugirieron) es demasiado inapropiado. Es exponerse innecesariamente pero además es exagerado. Todo el circo de la denuncia penal y la rescisión es como salir a matar un mosquito con un cañón. Es desproporcionado. Y lo peor es que las consecuencias de su desproporción la pagarán todos los uruguayos.
Las acciones traen consecuencias. Esas decisiones que tomaron, ¿las habrían tomado si fuera con su capital personal? Si alguien les está construyendo la casa y va cumpliendo en tiempo y forma, ¿habría motivos para cortar ese contrato? El partido que hoy gobierna ha demostrado ser muy temerario con las finanzas. Con plata ajena son todos valientes. Hacen lo que no se atreverían con la propia. Como dice Larralde en sus coplas “nadie escatima salmuera cuando es de otro lomo el tajo”.
Pero detengámonos en una cuestión que no debe pasar fuera del radar: la imagen institucional del país. Un país serio no rescinde ni incumple contratos. Cuando eso empieza a suceder, la inversión y la credibilidad se hunden en el mar, ese mismo mar que querían dejar sin patrullaje y expuesto a todo tipo de riesgos.
Uruguay en los últimos meses está retrocediendo casilleros en esta materia. La modificación de reglas claras y previsibles en materia tributaria, con un gobierno que quiere cambiar los requisitos para la residencia fiscal, que toquetea el secreto bancario, que crea impuestos gravando las ganancias de los bienes de capital en el exterior de residentes fiscales en Uruguay. En fin, una seguidilla de acciones que parecen empeñarse en socavar el país de la seguridad jurídica y las certezas financieras.
Hace muchísimos años que en nuestro país se habla de la necesidad impostergable de tener patrullas oceánicas de calidad para proteger nuestros mares, pero nadie lo hizo hasta que el gobierno pasado empezó a lograrlo. Hoy, de concretarse la rescisión, volveremos al punto de partida. Uno lleno de vulnerabilidades y debilidades para nuestra soberanía. Retrocederíamos desde todos los aspectos como país. Sería una pena inconmensurable volver a fojas cero en un momento donde el narcotráfico está más fuerte y con más recursos que nunca.
Lacalle Pou habló, y lo hizo como siempre ejerciendo su autoridad responsable. Porque aunque no tenga la investidura formal (para eso faltan 1581 días) sabe del peso de su voz, por eso la administra y es consciente de que lo que dice un Presidente de mandato cumplido pero con una vigencia y futuro incuestionable, marca agenda. Este gobierno sabe quién es su adversario en 2029, por eso la estrategia que se viene es absolutamente previsible. Una embestida baguala 4.0, con estrategia de redes, de relatos, de juzgados, de malicia. Pero lo bueno de lo previsible es la obviedad de la intención.
Es bueno que quede claro, desde ya.
